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Gobierno alistaría decreto para trasladar más de tres millones de usuarios a Nueva EPS
Un borrador del Gobierno de Gustavo Petro modificaría las reglas de operación de las EPS en los municipios y concentraría afiliados en la entidad.
El Gobierno Nacional prepara un borrador de decreto que podría trasladar más de tres millones de usuarios a la Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados del país y que actualmente se encuentra intervenida y en crisis operativa.
Según el documento en discusión, la medida modificaría el modelo de afiliación en los municipios. En total, más de 6,6 millones de usuarios se verían impactados por los cambios: 3,1 millones serían asignados a Nueva EPS, 289.262 a Savia Salud y 533.492 a Servicio Occidental de Salud.
El decreto establecería que, si una EPS tiene menos del 3% de afiliados en un municipio, podría quedar por fuera de operación en ese territorio. Los usuarios de esas entidades serían trasladados a otra que sí supere ese umbral. Además, se limitaría el número de aseguradoras que pueden operar en determinadas poblaciones, lo que en municipios pequeños podría dejar una sola opción disponible.
El Ministerio de Salud sería el encargado de asignar los usuarios a la EPS habilitada, la cual estaría obligada a aceptarlos, incluso si atraviesa dificultades financieras o administrativas, como es el caso de Nueva EPS.
La situación de Nueva EPS ha sido calificada como de “inviabilidad estructural” por la Contraloría General de la República. Según cifras del ente de control, su deuda pasó de $5,42 billones en diciembre de 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025, un aumento del 198%. En el mismo periodo, la entidad pasó de tener un patrimonio positivo de $485.209 millones a un déficit de $6,25 billones.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) advirtió recientemente que el deterioro financiero de la EPS constituye una “emergencia humanitaria”, al impactar directamente la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos.
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Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín reveló que más de 120.000 tutelas enviadas a Nueva EPS no han sido abiertas ni revisadas, de un total superior a 500.000 radicadas contra la entidad. El hallazgo fue reportado por el interventor Luis Oscar Galves.
Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach cuestionó la iniciativa y aseguró que el decreto no resolvería la crisis estructural del sistema, al tiempo que advirtió que varias EPS atraviesan una situación financiera “bastante precaria”.
Casos que encienden las alarmas
La crisis ha tenido consecuencias directas sobre pacientes. El pasado 13 de febrero falleció Kevin Acosta, un niño de siete años con hemofilia A severa, tras ser trasladado desde Huila a Bogotá. Según denuncias conocidas públicamente, hubo demoras en la autorización de su traslado y en la entrega de medicamentos esenciales para su tratamiento.
Las principales quejas contra Nueva EPS se concentran en la falta de suministro oportuno de medicamentos y la suspensión o retraso de tratamientos vitales para pacientes con enfermedades como diabetes, VIH, cáncer, hipertensión y patologías huérfanas.
Mientras el decreto sigue en fase de borrador, el debate crece en torno a si concentrar millones de afiliados en una entidad intervenida aliviará la crisis del sistema o profundizará los problemas de acceso y atención en salud.
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