Terremoto en Colombia: 289 muertos, 143 desaparecidos y una tercera parte del país afectada, balance oficial

Una semana después de que la tierra se moviera con una fuerza capaz de alterar la vida de cientos de miles de colombianos, el país recibió en la noche del lunes 17 de agosto una radiografía de la dimensión que había alcanzado la tragedia.

A las 7:00 p.m., en su primera alocución presidencial transmitida por canales públicos y privados y por las plataformas oficiales, el presidente Abelardo De La Espriella puso cifras a una emergencia que todavía permanece abierta: 289 personas muertas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

No era, sin embargo, un balance definitivo. Los números entregados por el jefe de Estado, consolidados a partir de la información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), continuaban sujetos a las verificaciones que se realizan sobre el terreno.

El terremoto alcanzó a 450 municipios de 15 departamentos, una extensión que llevó al mandatario a afirmar que una tercera parte de Colombia había resultado afectada.

El país había comenzado a contar los días desde las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto. A esa hora se produjo el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó.

La sacudida se sintió en diferentes regiones y desencadenó una emergencia que obligó a activar la Sala de Crisis Nacional, movilizar grupos especializados de búsqueda y rescate y desplegar capacidades de entidades nacionales y territoriales.

Ocho días después, las cifras permitían comprender que la tragedia ya no podía medirse solamente por los edificios que habían caído.

Detrás de los números estaban las familias que todavía buscaban a alguien, quienes habían perdido sus viviendas, los heridos que permanecían bajo atención médica y las comunidades que comenzaban a preguntarse cómo reconstruir lo destruido.

De La Espriella inició su intervención haciendo referencia precisamente a ellos. Habló de quienes seguían buscando a un familiar y de las decenas de miles de familias que habían visto desaparecer sus viviendas o el patrimonio construido durante años.

Pidió un minuto de silencio y oración por las víctimas y resumió el momento del país con una frase: “La patria está de luto”, antes de agregar que también permanecía “de pie”.

Las cifras presentadas esa noche mantuvieron el saldo de 289 fallecidos que el Gobierno había informado desde Buenaventura el día anterior. También se reportaron 4.187 heridos y 143 personas que continuaban desaparecidas. El registro oficial contabilizaba 120.328 familias afectadas y más de 186.000 personas damnificadas.

La evolución de la cifra de desaparecidos muestra una de las dificultades de consolidar el balance de una catástrofe de estas dimensiones. Cuatro días después del terremoto, el 13 de agosto, el Gobierno hablaba todavía de 379 personas desaparecidas, además de 281 fallecidos y 3.971 heridos.

Para entonces, la prioridad seguía concentrada en localizar a quienes podían permanecer bajo estructuras colapsadas. Con la verificación de reportes, la ubicación de personas inicialmente declaradas como desaparecidas y el avance de las operaciones, el registro se redujo posteriormente hasta los 143 casos informados el 17 de agosto.

La búsqueda, pese al paso de los días, no había terminado. Cerca de 138 rescatistas continuaban trabajando para localizar personas o recuperar cuerpos bajo los escombros, según el balance divulgado durante la jornada. El presidente aseguró que las operaciones continuarían mientras existieran personas reportadas como desaparecidas.

Las posibilidades de hallar sobrevivientes, sin embargo, se habían reducido con el paso del tiempo. Ya el 13 de agosto el director de la UNGRD había advertido que la probabilidad de encontrar personas con vida disminuía a medida que transcurrían las horas, aunque había señalado que los equipos continuarían trabajando hasta establecer qué había ocurrido con quienes permanecían sin localizar.

La dimensión humana de la emergencia iba acompañada de un mapa de destrucción que atravesaba buena parte del occidente colombiano. El Gobierno reportó 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas.

Eso significa que más de 154.000 viviendas habían sufrido algún grado de afectación entre aquellas que quedaron completamente destruidas y las que presentaban daños.

El golpe alcanzó también infraestructura indispensable para que las comunidades pudieran intentar recuperar cierta normalidad. El balance gubernamental registró 285 centros de salud afectados y 2.838 establecimientos educativos con daños. Reportes oficiales anteriores también habían contabilizado 3.771 centros comunitarios afectados. A ello se añadieron daños en vías, puentes y otras estructuras públicas.

Valle del Cauca y Risaralda aparecieron en la alocución como los territorios con mayor concentración de víctimas mortales. De acuerdo con las cifras mencionadas por el presidente y recogidas en el balance de la noche, Valle registraba 163 fallecidos y Risaralda 104.

El Chocó planteaba otro problema. Allí estaba San José del Palmar, municipio donde se localizó el epicentro, pero el impacto del desastre no podía medirse únicamente por el número absoluto de víctimas o por el valor monetario de las edificaciones destruidas.

De La Espriella sostuvo que la afectación proporcional de ese departamento era particularmente grave y propuso para el territorio una intervención de reconstrucción de largo alcance, que comparó con un “Plan Marshall”.

La noche del 17 de agosto marcó también un cambio en el lenguaje de la emergencia. Durante los primeros días, la palabra dominante había sido rescate. La prioridad consistía en sacar personas de los escombros, atender heridos, localizar desaparecidos, instalar albergues y garantizar alimentos, agua y atención médica.

Una semana después, sin abandonar esas operaciones, comenzó a instalarse otra palabra: reconstrucción.

Por primera vez el Gobierno puso sobre la mesa una estimación económica que permitió dimensionar el tamaño del desafío. Según explicó De La Espriella, una firma privada realizó un modelamiento de las pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El cálculo preliminar rondaba los $30 billones. De esa suma, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a daños en edificaciones y otros $5,5 billones a infraestructura. El mandatario advirtió que se trataba de una estimación inicial que tendría que modificarse conforme avanzaran los censos, las inspecciones estructurales y la caracterización de los daños.

La cifra convirtió la reconstrucción en uno de los mayores desafíos inmediatos del nuevo Gobierno. No se trataba solamente de levantar nuevamente casas.

El terremoto había comprometido colegios, hospitales, carreteras, puentes, instalaciones comunitarias y servicios públicos. Cada infraestructura dañada significaba, a su vez, una comunidad con dificultades para estudiar, recibir atención médica, desplazarse o recuperar sus actividades económicas.

El Gobierno anunció entonces el denominado Plan Milagro de Reconstrucción, cuya coordinación recaería en el Ministerio de Vivienda. La propuesta contempla la articulación con constructores, entidades financieras, aseguradoras, gobernaciones y alcaldías para comenzar a resolver las necesidades habitacionales y de infraestructura.

Para las familias que perdieron sus casas se anunciaron subsidios de arrendamiento, medidas relacionadas con los servicios públicos y programas de vivienda nueva y mejoramiento. La ejecución dependerá de un censo y de la caracterización individual de los hogares afectados, proceso indispensable para determinar quién perdió completamente su vivienda, qué estructuras pueden repararse y cuáles deberán ser demolidas o reconstruidas.

A los recursos nacionales se sumaría financiación internacional. De La Espriella informó que estaba disponible un primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares destinado a las necesidades urgentes generadas por la emergencia.

Pero mientras el Gobierno comenzaba a hablar de billones de pesos, créditos, reconstrucción y programas de vivienda, sobre el terreno persistía una preocupación mucho más elemental: la comida.

El presidente reconoció durante su intervención que le preocupaba que los damnificados estuvieran pasando hambre y sostuvo que las ayudas debían llegar no solamente a las capitales y principales centros urbanos, sino también a municipios, corregimientos y veredas afectados. “Me preocupa que la gente pase hambre. Eso tenemos que evitarlo como sea”, afirmó durante la alocución.

La distribución de la ayuda se convirtió así en uno de los puntos críticos de la segunda etapa de la emergencia. Miles de familias habían abandonado viviendas inseguras o destruidas, mientras otras permanecían en zonas con dificultades de acceso. La respuesta dependía de autoridades nacionales, gobernaciones, alcaldías, Fuerza Pública, organismos de socorro, voluntarios y organizaciones sociales.

El mandatario destacó también la campaña Colombia Un Solo Corazón, coordinada desde la oficina de la primera dama, Ana Lucía Pineda, mediante la cual se han canalizado aportes privados y ayudas humanitarias. Agradeció igualmente la labor de médicos, enfermeros, bomberos, rescatistas, policías, soldados, empresarios y ciudadanos que participaron en la respuesta.

La preocupación por los recursos abrió otro frente. De La Espriella advirtió que no toleraría hechos de corrupción relacionados con el dinero o las ayudas destinadas a los damnificados. El Gobierno anunció que el censo y la caracterización de las víctimas serían instrumentos centrales para definir la asignación de los apoyos y reducir el riesgo de desvíos.

El terremoto también dejó una emergencia educativa. Con 2.838 establecimientos afectados, miles de estudiantes quedaron ante la imposibilidad de regresar inmediatamente a sus aulas.

El Gobierno había anunciado previamente que buscaría mantener las actividades académicas mediante mecanismos virtuales mientras se recuperaba la infraestructura, aunque las condiciones de conectividad de varias de las regiones afectadas representan un desafío adicional.

La red de salud sufrió un impacto semejante. Los 285 centros sanitarios afectados obligaron a reorganizar servicios y trasladar pacientes.

En Buenaventura, el Gobierno informó del envío de más de 260 kilos de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, además del traslado de profesionales desde Bogotá y la instalación de carpas para reforzar temporalmente la capacidad hospitalaria. También fue reactivada la operación del buque hospital Benkos Biohó.

El panorama de la noche del 17 de agosto era, por tanto, el de un país que permanecía simultáneamente en varias etapas de una misma tragedia. En algunos lugares todavía había rescatistas buscando desaparecidos.

En otros comenzaba la remoción de escombros. Miles de familias intentaban resolver dónde dormir o cómo alimentarse. Ingenieros inspeccionaban estructuras, las autoridades levantaban censos y el Gobierno empezaba a calcular cuánto dinero sería necesario para reconstruir lo perdido.

Y las cifras todavía podían cambiar. El propio presidente insistió en que los números eran preliminares porque los equipos territoriales continuaban verificando la información y el Gobierno pretendía divulgar únicamente datos consolidados.

Esa precisión resulta especialmente importante porque durante el lunes circularon balances distintos: el Instituto Nacional de Medicina Legal había reportado la recepción de un número de cuerpos superior al consolidado gubernamental, mientras el Ejecutivo mantuvo en 289 el balance oficial de fallecidos comunicado por la UNGRD.

Por eso, al cierre de la noche del 17 de agosto, la referencia oficial entregada por la Presidencia seguía siendo 289 muertos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos, con 120.328 familias registradas como afectadas, 26.945 viviendas destruidas y 127.557 averiadas.

Son cifras que muestran cómo el terremoto del 10 de agosto dejó de ser una emergencia localizada alrededor de su epicentro en Chocó para convertirse en una catástrofe de alcance nacional.

Los daños alcanzaron 450 municipios de 15 departamentos y comprometieron viviendas, escuelas, centros médicos, carreteras, puentes y actividades productivas. La primera estimación económica elevó las pérdidas físicas directas a cerca de $30 billones solamente en cinco de los departamentos golpeados.

Ocho días después del movimiento de magnitud 7,4, Colombia seguía contando muertos, buscando desaparecidos y atendiendo heridos, pero había comenzado también la cuenta más larga: la de las viviendas que deberán reconstruirse, los colegios que tendrán que volver a abrir, los hospitales que deberán recuperar su capacidad, los empleos perdidos y las familias que tendrán que comenzar otra vez.

La noche del 17 de agosto dejó una fotografía provisional del desastre. 289 personas habían muerto y 143 seguían desaparecidas. Detrás de cada cifra continuaba una búsqueda, un duelo o una familia esperando información. Y mientras los equipos de emergencia permanecían entre estructuras destruidas y montañas de escombros, el país empezaba a pasar, lentamente y sin haber terminado todavía los rescates, de la emergencia a la reconstrucción.

Otras noticias