El negocio del plátano que terminó en Fiscalía: cerca de 8.000 personas habrían entregado $200.000 millones

Lo que comenzó como una propuesta de inversión alrededor de uno de los productos agrícolas más comunes de Colombia terminó convertido en un expediente que atraviesa varias entidades del Estado y que tiene detrás una cifra difícil de dimensionar: cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente $200.000 millones.

El plátano era el centro del relato comercial. Según la reconstrucción realizada por las autoridades, a los participantes se les presentaba un negocio que aparentemente tenía una explicación sencilla: comprar plátano a productores de la región, comercializarlo en mercados nacionales e internacionales y obtener de esas operaciones los recursos necesarios para generar ganancias.

Pero había una segunda puerta de entrada. Terceros podían vincularse como “asociados”, “socios ocultos” o “clientes” mediante contratos de cuentas en participación. Quien entregaba su dinero recibía una promesa especialmente atractiva: una rentabilidad equivalente al 25% del capital aportado cada 25 días hábiles.

La cifra aparece también en documentos oficiales anteriores a la actuación penal. La Superintendencia Financiera estableció durante su investigación administrativa que C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S. desarrollaba dos actividades principales: la compraventa de plátano en los mercados nacional e internacional y la vinculación de terceros mediante contratos de cuentas en participación.

Según la información entregada a esa autoridad, al vinculado se le ofrecía precisamente un rendimiento del 25% sobre el capital invertido cada 25 días hábiles.

No se trataba de una rentabilidad anual. Tampoco semestral. La promesa se repetía cada 25 días hábiles.

Los contratos, de acuerdo con el expediente administrativo, generalmente tenían una vigencia de un año. Al llegar cada periodo se hacía una liquidación que podía ser retirada o utilizada para efectuar nuevas inversiones o aumentar el capital inicialmente entregado. Para las devoluciones parciales o totales del capital se contemplaba un término de 30 días hábiles.

El negocio se expandió fundamentalmente por recomendación personal. La propia investigación de la Superintendencia Financiera estableció que la oferta circulaba mediante el “voz a voz” de personas vinculadas con la empresa y que parte de las comunicaciones con quienes entregaban recursos se desarrollaba mediante grupos de WhatsApp, utilizados, entre otras cosas, para suministrar información sobre las fechas de pago.

Así, detrás de contratos, conversaciones y la promesa de un negocio agrícola rentable, comenzó a crecer una operación que con el paso del tiempo alcanzaría dimensiones mucho mayores.

La Fiscalía General de la Nación anunció este martes la judicialización de Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, a quienes señaló de estar presuntamente involucrados en un esquema de captación ilegal de recursos.

De acuerdo con el ente investigador, la operación habría recibido cerca de $200.000 millones provenientes de aproximadamente 8.000 ciudadanos entre 2021 y 2024.

Las personas que habrían entregado sus recursos no estaban concentradas en un único municipio.

La Fiscalía identificó afectados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes, en Antioquia, pero también encontró personas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.

La dimensión humana del expediente aparece detrás de esas cifras. Según el organismo investigador, entre las personas que habrían entregado sus ahorros se encuentran mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores.

Miles de historias económicas distintas quedaron conectadas por una misma promesa. Para algunos pudo significar la entrega de ahorros acumulados durante años. Para otros, la expectativa de multiplicar un capital destinado a mejorar sus condiciones económicas.

Lo que sostiene actualmente la Fiscalía es que cerca de 8.000 personas habrían entregado aproximadamente $200.000 millones sin recibir los rendimientos prometidos ni recuperar los recursos invertidos.

Así comenzó todo

La historia, sin embargo, no comenzó con la judicialización anunciada en agosto de 2025. Las autoridades administrativas ya habían seguido el rastro de la operación. C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S., identificada con NIT 901.493.409-1, quedó bajo el escrutinio de la Superintendencia Financiera.

En la Resolución 0823 del 23 de abril de 2024, la entidad adoptó una medida cautelar administrativa por captación no autorizada de recursos del público respecto de la compañía, cuya representante legal era Mariana Vanessa Araos Borja.

La existencia de esa actuación quedó igualmente registrada en el boletín oficial de la Superintendencia Financiera.

Los documentos administrativos permiten observar la dimensión que había adquirido el negocio antes de la judicialización penal.

Según información conocida dentro de la actuación, para septiembre de 2023 aparecían obligaciones cercanas a $194.843 millones correspondientes a por lo menos 7.081 personas.

La cifra resulta especialmente significativa porque se aproxima a los cerca de $200.000 millones y 8.000 ciudadanos que posteriormente mencionó la Fiscalía al anunciar la judicialización.

La Superintendencia Financiera examinó la forma en que se recibían los recursos y concluyó administrativamente que existían elementos para adoptar medidas por captación no autorizada. Después apareció otro capítulo.

La cooperativa

Según la Fiscalía, la captación habría comenzado en 2021 mediante una comercializadora y exportadora y, aproximadamente un año después, habría continuado a través de la conformación de una cooperativa.
Los documentos de la Superintendencia de Sociedades permiten reconstruir parte de ese tránsito.

La Cooperativa Integral de Productores BCM, identificada con NIT 901.656.292-8, terminó igualmente intervenida. El 3 de julio de 2024 la Superintendencia de Sociedades decretó la intervención judicial bajo la modalidad de toma de posesión por captación ilegal de recursos del público de la cooperativa y de Paola Borja Correa y Mariana Vanessa Araos Borja.

La decisión administrativa resulta particularmente reveladora sobre el papel atribuido a la cooperativa.
En documentación oficial de la Superintendencia de Sociedades se estableció que Paola Borja Correa y Mariana Vanessa Araos Borja, administradoras y socias de C.I. Comercializadora y Exportadora BCM S.A.S., crearon la Cooperativa Integral de Productores BCM para manejar recursos obtenidos de inversionistas.

Los movimientos bancarios examinados por la autoridad ofrecen otra pieza del rompecabezas. Entre el 14 de julio y el 25 de agosto de 2023, 453 personas consignaron aproximadamente $6.997 millones en una cuenta de ahorros de Bancolombia cuya titular era la Cooperativa Integral de Productores BCM. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, esto ocurrió cuando las cuentas de la sociedad comercial ya habían sido canceladas por establecimientos bancarios.

Es decir, la investigación administrativa encontró que centenares de personas continuaron trasladando recursos a una cuenta perteneciente a la cooperativa durante un periodo de poco más de un mes.

La conexión entre las dos estructuras —la sociedad comercial y la cooperativa— quedó posteriormente incorporada en las decisiones de intervención.

La Superintendencia de Sociedades recuerda en documentos posteriores que el 8 de mayo de 2024 decretó la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S. y que el 3 de julio del mismo año hizo lo propio respecto de la Cooperativa Integral de Productores BCM, Paola Borja Correa y Mariana Vanessa Araos Borja.
La intervención abrió otra batalla: la de quienes buscaban recuperar el dinero entregado.

La Superintendencia de Sociedades publicó en julio de 2024 un aviso mediante el cual informó de la toma de posesión y convocó a las personas que consideraran tener derecho a reclamar sumas entregadas a los intervenidos para que presentaran sus solicitudes ante la interventora designada.

Mientras ese proceso administrativo avanzaba, la investigación penal continuó. La Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía reconstruyó la operación y terminó llevando ante jueces de control de garantías a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos.

Sus situaciones procesales fueron distintas desde el momento en que comparecieron ante las autoridades.
Según la Fiscalía, una de las personas procesadas fue capturada el 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, que presta servicio a Medellín y está ubicado en Rionegro, Antioquia.

El otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades. Las audiencias se realizaron por separado y los respectivos jueces de control de garantías declararon legales los procedimientos.

Posteriormente, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó, de acuerdo con la posible responsabilidad individual atribuida a cada uno, los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos.

Esa precisión es fundamental: una imputación no equivale a una condena. Los procesados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva que determine responsabilidad penal.

Los jueces, sin embargo, consideraron procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia, según informó la Fiscalía.

La judicialización representa así una nueva etapa de un expediente que llevaba tiempo recorriendo oficinas administrativas, procesos de intervención y reclamaciones de personas que buscan recuperar sus recursos.

Y detrás permanece la pregunta central: ¿cómo un negocio presentado alrededor de la comercialización de plátano consiguió atraer semejante cantidad de dinero?

Una parte de la respuesta puede encontrarse en la rentabilidad ofrecida.
Un rendimiento del 25% cada 25 días hábiles constituye una promesa extraordinariamente elevada frente a las alternativas ordinarias del sistema financiero.

Pero la presentación del negocio incorporaba elementos destinados a explicar de dónde supuestamente procedían esas utilidades: productores agrícolas, compra de plátano, comercialización, mercados nacionales, compradores internacionales y contratos que formalizaban la participación de terceros.

No era únicamente una promesa verbal. Había documentos. Había contratos. Había una sociedad comercial. Después hubo una cooperativa.

Y había una actividad económica que aparentemente podía explicar la circulación de los recursos. Precisamente por ello la actuación de la Superintendencia Financiera fue determinante.

La autoridad examinó si detrás de la estructura comercial existía una recepción masiva de recursos del público sin la autorización requerida por el Estado.

En Colombia, la captación de recursos del público es una actividad de interés público y está sometida a autorización estatal. El ordenamiento jurídico sanciona penalmente la captación masiva y habitual realizada sin contar con autorización de la autoridad competente.

El expediente BCM muestra además que la dimensión del caso no puede medirse solamente a partir de la cantidad de dinero.

Los aproximadamente $200.000 millones señalados por la Fiscalía representan recursos que habrían salido del patrimonio de miles de familias.
El número también ayuda a entender la complejidad del proceso de recuperación.

Cuando la Superintendencia de Sociedades interviene una estructura señalada de captar ilegalmente recursos, comienza la identificación de bienes, obligaciones y reclamantes.

El hecho de haber entregado dinero no significa necesariamente que existan activos suficientes para devolver la totalidad de los recursos reclamados. Precisamente por eso resulta relevante establecer cuánto dinero ingresó, qué ocurrió con él, qué patrimonio permanece disponible y quiénes tienen derechos reconocidos dentro del procedimiento.
El caso todavía tiene interrogantes.

Será la investigación penal la que deberá establecer la responsabilidad individual de las personas judicializadas y determinar, con pruebas sometidas a contradicción ante los jueces, quién tomó decisiones, quién recibió o administró recursos, cuál fue el recorrido del dinero y qué participación tuvo cada persona dentro de la operación investigada.

También deberá diferenciarse con precisión la responsabilidad de cada uno de los mencionados en los distintos procedimientos administrativos y penales.

Los documentos oficiales muestran, por ejemplo, que la intervención administrativa de la Cooperativa Integral de Productores BCM comprendió a Paola Borja Correa y Mariana Vanessa Araos Borja, mientras que el boletín de la Fiscalía de agosto de 2025 informa específicamente de la judicialización penal de Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos.

Son actuaciones diferentes y no deben confundirse. La responsabilidad administrativa determinada dentro de un procedimiento de intervención tampoco sustituye la obligación de la Fiscalía de demostrar ante la justicia penal la responsabilidad individual de las personas acusadas.

Por ahora existe una secuencia documental que permite reconstruir el crecimiento y posterior intervención de la operación.

La sociedad comercial apareció en 2021. Los recursos comenzaron a llegar. Los contratos ofrecían un 25% de rentabilidad cada 25 días hábiles. La información circulaba incluso mediante grupos de WhatsApp.

La cooperativa apareció posteriormente. En 2023 centenares de personas todavía depositaban miles de millones de pesos en sus cuentas.

Las autoridades financieras comenzaron a intervenir. En abril de 2024 la Superintendencia Financiera adoptó una medida por captación no autorizada respecto de C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S.

En mayo de 2024 la Superintendencia de Sociedades decretó la intervención de la comercializadora.

En julio hizo lo mismo con la Cooperativa Integral de Productores BCM y otras personas vinculadas al procedimiento.
Y finalmente la investigación penal condujo a las judicializaciones anunciadas por la Fiscalía.

Lo que alguna vez fue presentado como una oportunidad para obtener rentabilidad a partir de la comercialización de plátano terminó convertido en un proceso de intervención, miles de reclamaciones y una investigación penal.

Para aproximadamente 8.000 personas, según la cifra entregada por la Fiscalía, el problema ya no consiste en determinar cuánto podían ganar cada 25 días.

La pregunta ahora es mucho más elemental: ¿cuánto de los cerca de $200.000 millones que habrían entregado podrá algún día regresar a sus manos?

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