Escándalo en Coosalud: revelan pagos en casinos, prostíbulos y millonarios retiros

Pagos con tarjetas corporativas en casinos y un establecimiento señalado como prostíbulo en Cartagena, retiros de más de $56 millones en efectivo y contratos de obra entre empresas con directivos vinculados figuran entre las irregularidades denunciadas en el manejo de sociedades pertenecientes al grupo Coosalud durante la intervención ordenada por el Gobierno nacional.

Los movimientos fueron revelados este domingo  por la revista Cambio, en sustentados en extractos bancarios, documentos contractuales e informes relacionados con la administración de las empresas del conglomerado.

Los hallazgos corresponden a operaciones realizadas mientras la Cooperativa Coosalud estaba bajo el control de funcionarios designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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Una de las empresas involucradas es Inversiones Portichelly, dedicada a la confección de uniformes y perteneciente al grupo empresarial Coosalud. Según los documentos obtenidos por Cambio, el 23 de septiembre de 2025 se efectuaron cuatro pagos con una tarjeta corporativa en Texas Luxury Casino, establecimiento ubicado en el barrio El Bosque de Cartagena.

Las transacciones sumaron $5 millones, distribuidos en dos pagos de $1 millón cada uno, otro de $2 millones y un cuarto movimiento de $1 millón. Los registros bancarios corresponden a operaciones efectuadas durante la administración de la cooperativa por parte de interventores gubernamentales.

Posteriormente, el 28 de noviembre de 2025, la misma empresa registró dos pagos de $400.000 cada uno en El Paraíso del Marino, establecimiento identificado en el informe de hallazgos como un prostíbulo localizado en el barrio Vista Hermosa de Cartagena. En total, las operaciones registradas en ese establecimiento alcanzaron $800.000.

Los extractos también muestran retiros de dinero en efectivo por más de $56 millones entre agosto y diciembre de 2025. Una de las operaciones se produjo el 25 de septiembre, cuando fueron retirados $14,6 millones, apenas dos días después de los pagos efectuados en el casino.

Durante ese periodo, la Cooperativa Coosalud estaba administrada por Andrés Felipe Arango Romero, interventor designado por la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz. Arango Romero nombró a Jhonathan Mauricio Ortiz como representante legal de Inversiones Portichelly, sociedad en cuyas cuentas aparecen los movimientos bancarios documentados por Cambio.

La investigación también identificó operaciones contractuales en Soluinnova, otra empresa perteneciente al conglomerado Coosalud, dedicada a la administración y adecuación de inmuebles.

Entre abril y mayo de 2025, durante la administración de la interventora Solange del Socorro Ariza Guerrero, Soluinnova celebró dos contratos de obra con la empresa Transsem por un valor conjunto cercano a $1.000 millones.

En ese momento, Sixto Andrés Fernández Casas figuraba como representante legal de Soluinnova, mientras Alejandro González Pérez ocupaba el cargo de suplente. Este último también aparecía como representante legal de Transsem, la sociedad contratada para ejecutar las obras.

De acuerdo con los documentos examinados por Cambio, González Pérez mantenía simultáneamente un contrato con Soluinnova como auxiliar jurídico, con honorarios establecidos en $3 millones mensuales.

Los dos contratos de obra generaron anticipos por $399 millones. De ese monto, $299 millones fueron transferidos mediante operaciones bancarias y los $100 millones restantes se retiraron en efectivo el 7 de mayo de 2025.

Durante el proceso de empalme administrativo no se encontraron soportes que acreditaran la entrega de esos $100 millones a Transsem ni actas relacionadas con el avance o la terminación de las obras, según los hallazgos divulgados por la revista.

En materia de asesorías jurídicas, la cooperativa contrató durante la intervención a Alianza Gesa, WISS Consultoría Jurídica y Undejur, por un valor conjunto de $3.629 millones. Las tres firmas fueron vinculadas para desarrollar funciones similares.

Las operaciones financieras y contractuales quedaron bajo revisión después de que un juzgado de Cartagena ordenara devolver la administración de la cooperativa a sus asociados.

El 26 de agosto de 2026, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena dispuso la restitución de la administración de la Cooperativa Coosalud, al considerar que la Superintendencia de la Economía Solidaria no había justificado suficientemente la prolongación de la medida de intervención.

Posteriormente, el 31 de agosto, la Asamblea General de Delegados asumió la dirección transitoria de la organización y designó a Jorge Luis Torrecilla Benavides para recibir la entidad.

Durante el proceso de entrega, la nueva administración identificó 26 embargos judiciales sobre cuentas de la cooperativa, por un valor acumulado de $16.272 millones.

Adicionalmente, fueron detectadas diferencias por $7.479 millones entre los saldos registrados en las cuentas bancarias y las cifras consignadas en la contabilidad de la organización.

Los reportes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), correspondientes a septiembre de 2026, también registraron obligaciones tributarias por $5.041 millones a cargo de la cooperativa y cinco empresas vinculadas.

Parte de esas deudas correspondía a periodos anteriores a la intervención, mientras que otras obligaciones se originaron durante 2025 y 2026, cuando las sociedades estaban administradas por funcionarios designados en el marco de la medida gubernamental.

A estos hallazgos se sumaron pagos por $1.450 millones realizados en agosto de 2026 a empresas cuyos contratos no fueron encontrados durante el empalme.

Para ese momento, los compromisos vigentes por concepto de honorarios y asesorías externas representaban gastos mensuales de al menos $594 millones.

De manera paralela, Coosalud EPS, sociedad encargada del aseguramiento en salud y sometida a una intervención independiente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, registró un deterioro de sus indicadores financieros.

En octubre de 2024, un mes antes de la intervención, la EPS reportaba un patrimonio positivo de $290.183 millones. Un año después, el patrimonio negativo alcanzaba los $3,7 billones, de acuerdo con los estados financieros citados en la investigación.

La Contraloría General de la República también documentó el incremento de las obligaciones financieras de la EPS. Según la información presentada por el organismo de control en mayo de 2026, los pasivos de Coosalud pasaron de $1,88 billones en octubre de 2024 a $6,34 billones durante 2025.

El informe de la Contraloría identificó un deterioro de los indicadores financieros de varias EPS intervenidas, entre ellas Coosalud, Famisanar y Savia Salud, y advirtió sobre los riesgos relacionados con la operación de clínicas, hospitales y demás prestadores de servicios.

La intervención de Coosalud EPS había sido ordenada el 22 de noviembre de 2024, mediante la Resolución 2024320030015228-6, después de que la Superintendencia Nacional de Salud identificara deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas.

Entre las situaciones señaladas oficialmente se encontraban demoras en diagnósticos y tratamientos, dificultades para garantizar la entrega de medicamentos, deficiencias en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas y problemas relacionados con la atención materna.

La entidad de vigilancia también reportó incumplimientos en los planes de mejoramiento establecidos durante las auditorías de 2024, cuyo avance alcanzaba apenas el 6 % en junio de ese año.

En cuanto a la atención de los afiliados, los indicadores divulgados por Cambio muestran un aumento de las reclamaciones relacionadas con procedimientos quirúrgicos. Los casos pasaron de 2.896 antes de la intervención a 7.647 durante la medida, equivalente a un incremento del 164 %.

Las acciones de tutela interpuestas para reclamar servicios médicos también aumentaron. Durante 2024 se registraron 16.845, mientras que en 2025 la cifra llegó a 20.194, lo que representa un crecimiento cercano al 20 %.

La Cooperativa Coosalud fue fundada el 20 de junio de 1994 por 800 asociados en el barrio El Pozón de Cartagena. Con el paso de los años, la organización amplió sus actividades y constituyó un grupo empresarial con inversiones en salud, construcción, servicios administrativos, turismo y confección.

En 2017 separó las actividades de aseguramiento en salud y las trasladó a Coosalud EPS, sociedad en la que conservó una participación accionaria mayoritaria.

Para 2024, la cooperativa poseía el 94,49 % de las acciones de la EPS, que atendía a más de tres millones de afiliados en distintas regiones del país. Además, mantenía inversiones en otras sociedades del sector salud, entre ellas Serenity Company IPS, la Clínica Hemato-Oncológica Bonadonna, de Barranquilla, y el Hospital Bocagrande, en Cartagena.

La intervención de la cooperativa permitió que los administradores designados por la Superintendencia de la Economía Solidaria ejercieran sus derechos de representación y participación sobre las empresas vinculadas, entre ellas Portichelly y Soluinnova, en las que posteriormente se identificaron las operaciones cuestionadas.

En abril de 2026, la Superintendencia de la Economía Solidaria había informado sobre los resultados de auditorías y análisis técnicos que identificaron presuntas operaciones de traslado y ocultamiento de obligaciones económicas entre la EPS, la cooperativa y otras sociedades relacionadas durante el periodo comprendido entre 2019 y 2025.

Según el organismo, los mecanismos examinados incluían compraventas de cartera, cesiones de obligaciones, pagarés y estructuras fiduciarias que habrían permitido modificar el registro contable de determinados pasivos.

Estos hallazgos corresponden a una investigación administrativa diferente de las operaciones con tarjetas corporativas y contratos divulgadas este 25 de octubre.

La investigación de Cambio documenta movimientos financieros realizados durante la intervención gubernamental y las condiciones en que fueron contratados determinados servicios y obras dentro del grupo empresarial. Las operaciones señaladas constituyen hallazgos y cuestionamientos sobre el manejo administrativo de las sociedades, sin que su divulgación equivalga a una determinación judicial de responsabilidad penal o de apropiación de recursos públicos.

La administración de la Cooperativa Coosalud regresó a manos de sus asociados por orden judicial en agosto de 2026, mientras que la EPS continuó sometida a la medida de intervención administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud.

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