Revelan diez contratos estatales atribuidos a ciudadana que señaló irregularidades en el Gobierno Petro

Un rastreo a las bases de datos de contratación pública permitió verificar la existencia de diez convenios suscritos por Deicy Jiménez con diversas dependencias del Estado. Las vinculaciones laborales de la ciudadana abarcan periodos transcurridos tanto en administraciones anteriores como durante el periodo presidencial de Gustavo Petro Urrego.

De acuerdo con las constancias de registro, los primeros compromisos laborales de la joven iniciaron a mediados del año 2021 en la división de recursos humanos del Congreso de la República. En dicha dependencia del poder legislativo, Jiménez devengó honorarios por 7,2 millones de pesos mediante un contrato de apoyo administrativo ejecutado durante el segundo semestre de esa vigencia.

Posteriormente, en el transcurso de la campaña presidencial de 2022, la contratista renovó su vínculo con el Senado mediante la firma de un acuerdo por cinco meses valorado en 9,4 millones de pesos. Los registros oficiales confirman que para la fecha de ejecución de estas obligaciones laborales la profesional acreditaba únicamente el título académico de bachiller.

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Con el inicio del nuevo periodo de gobierno, la vinculación contractual de Jiménez sumó siete contratos adicionales suscritos entre finales de 2022 y los primeros meses de 2026. Las dependencias contratantes incluyeron el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (adscrita al Ministerio de Defensa) y la vicepresidencia de la Corporación Legislativa.

En el Palacio del Capitolio, la contratista acumuló asignaciones por un monto superior a los 57 millones de pesos. La mayor erogación en esa corporación correspondió a un convenio con la Mesa Directiva por un valor de 34,3 millones de pesos, periodo que coincidió con la gestión de la senadora María José Pizarro.

Por su parte, los compromisos adquiridos con las carteras de Interior y Defensa representaron desembolsos acumulados cercanos a los 60 millones de pesos. En el Ministerio del Interior, la persona en mención se desempeñó como auxiliar en la subdirección de proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizando seguimiento a la ejecución de recursos del fondo Fonsecon.

En lo relativo al Ministerio de Defensa, las tareas encomendadas en la Superintendencia de Vigilancia estuvieron orientadas al soporte en procesos de archivo y gestión documental. La información presupuestal detalla que el último contrato en el Ministerio del Interior fue pactado en enero de 2026 con una vigencia proyectada hasta diciembre del mismo año.

La revelación de estos registros contractuales se da de forma paralela a las declaraciones del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos. El funcionario hizo referencia pública a indagaciones en curso relacionadas con presuntas irregularidades en la vinculación de personal en dependencias del Gobierno nacional.

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