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Video agresión en Yopal: exalcalde Jhon Calzones ataca al periodista Martín Mesa
El comunicador es atacado por agredido exalcalde condenado. Periodistas rechazan el hecho.
Los periodistas del departamento de Yopal denunciaron una nueva agresión contra la libertad de prensa tras conocerse que Martín Mesa, reportero del periódico El Nuevo Oriente, fue atacado este 27 de febrero de 2026 por el exalcalde condenado y destituido Jhon Jairo Torres Torres, conocido en la región como “Jhon Calzones”.
El hecho ocurrió en medio de su labor informativa y generó una reacción colectiva de rechazo entre comunicadores del departamento, quienes divulgaron un comunicado público exigiendo acciones inmediatas de las autoridades.
De acuerdo con la denuncia divulgada por periodistas locales, Torres —quien fue condenado por urbanización ilegal y ha enfrentado múltiples procesos judiciales— interceptó a Mesa y lo agredió físicamente, en un acto que los propios comunicadores calificaron como una “amenaza directa al ejercicio periodístico y un atentado contra los principios democráticos que protegen el derecho a informar”.
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La situación adquiere un componente político adicional: el agresor es hermano de Liliana Torres, candidata a la Cámara por el movimiento ALMA. Aunque la campaña no se ha pronunciado oficialmente, periodistas y organizaciones civiles advirtieron que este contexto incrementa la gravedad del hecho en un momento de actividad electoral.
En el comunicado emitido por decenas de comunicadores del departamento, se advierte que la agresión refleja la vulnerabilidad a la que están expuestos quienes cubren investigaciones sobre urbanizaciones irregulares, disputas de tierras y desarrollo urbano, temas en los que el exalcalde Torres ha estado históricamente involucrado.
El texto señala que la violencia contra periodistas —ya sea mediante amenazas, coacciones o ataques físicos— no solo constituye un hecho inaceptable, sino que representa un riesgo para el Estado social de derecho, pues busca intimidar voces críticas e impedir la divulgación de información de interés público.
Los firmantes reclamaron a las autoridades judiciales y de policía la apertura inmediata de investigaciones, al igual que la adopción de medidas de protección para Martín Mesa y otros periodistas que cubren temas sensibles en la región.
También exigieron sanciones ejemplares contra cualquier persona que atente contra la libertad de prensa, al advertir que “la impunidad no puede ser opción cuando se vulneran los derechos fundamentales de un comunicador social”.
Los periodistas reiteraron su respaldo a Martín Mesa y exhortaron a rechazar cualquier intento de censurar o amedrentar a quienes informan con criterios éticos. Indicaron, además, que este episodio trasciende el ámbito periodístico, pues cualquier ciudadano —incluidos funcionarios y líderes sociales— podría quedar expuesto a agresiones similares si no se actúa con celeridad frente a lo ocurrido.
El comunicado concluye con un llamado a proteger el ejercicio periodístico y a garantizar que los hechos no queden sin consecuencias penales ni administrativas.
Jhon Jairo Torres Torres, ampliamente conocido en la región de Casanare como “Jhon Calzones”, es un personaje público en Yopal que saltó al ojo mediático por su estilo personal y por sus actividades comerciales y políticas.
Su apodo proviene de sus inicios como vendedor de ropa interior femenina, un negocio que lo hizo conocido en la ciudad antes de incursionar en la política local.
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Torres se proyectó como una figura popular gracias a sus propuestas relacionadas con la construcción de vivienda y urbanizaciones, logrando incluso ganar la alcaldía de Yopal en 2015 a pesar de estar bajo proceso judicial en ese momento.
La trayectoria de Torres en la política y los negocios ha estado marcada por múltiples investigaciones y procesos judiciales.
En 2017 un juzgado de Yopal lo condenó a 45 meses de prisión (equivalentes a tres años y nueve meses) por el delito de urbanización ilegal relacionada con la construcción y promoción de la llamada Ciudadela La Bendición, un proyecto inmobiliario en predios que no contaban con las licencias y trámites requeridos por la normatividad urbanística colombiana.
La condena incluyó además inahabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa considerable, y fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la sentencia al no admitir el recurso de casación interpuesto por la defensa de Torres.
Paralelamente a la condena formal, las autoridades investigaron a Torres por posibles delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con la comercialización de terrenos y el manejo de recursos en el marco de la Ciudadela La Bendición.
Según la Fiscalía, algunos predios sobre los cuales se promovieron urbanizaciones estaban sujetos a procesos de extinción de dominio y vinculados presuntamente a redes de testaferros de narcotraficantes, lo cual dio pie a investigaciones complementarias.
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