Denuncian que Pacto Histórico usó logística oficial del MinSalud para su cierre de campaña

Una fuerte controversia alcanzó la campaña electoral luego de que sectores políticos denunciaran que el cierre del Pacto Histórico se realizó en la misma tarima y con la misma logística instalada un día antes por el Ministerio de Salud en la plaza de Bolívar, hecho que llevó a exigir a los organismos de control una verificación sobre un posible uso de recursos públicos en actividades proselitistas.

La coincidencia entre ambas jornadas motivó cuestionamientos sobre la frontera entre actos institucionales y actividades electorales en un momento de tensión política.

El episodio se originó tras el evento convocado por el Ministerio de Salud bajo el lema “Defender la salud es defender a Colombia”, en el cual el Gobierno presentó cifras y acciones de su política sanitaria.

A la plaza llegaron simpatizantes, sindicatos y colectivos afines al presidente Gustavo Petro. La actividad incluyó el desfile de 51 ambulancias y la participación de Equipos Básicos de Salud (EBS), funcionarios que de acuerdo con sus obligaciones deberían estar en atención territorial.

Durante su intervención, el presidente afirmó que su administración impulsa un modelo centrado en visitas domiciliarias y prevención.

A su lado, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, defendió la ejecución presupuestal y sostuvo que el Gobierno busca trasladar los recursos al territorio y a los hospitales.

Según la exposición del Ministerio, la inversión en las ambulancias ascendió a 13.621 millones de pesos y fueron asignadas a 50 municipios de 14 departamentos.

Los EBS, según cifras oficiales, alcanzan 14.468 equipos en 32 departamentos y 1.123 municipios, con un presupuesto total de 6,87 billones de pesos.

La información divulgada contrasta con análisis independientes sobre la operación real del programa. El investigador de la Universidad de Harvard, Johnattan García, documentó que la plataforma PISIS, donde se verificaba la ejecución presupuestal, dejó de estar disponible para consulta pública desde julio de 2025.

Su revisión anterior evidenció diferencias significativas entre lo reportado y lo ejecutado. En La Guajira, por ejemplo, el Gobierno asignó recursos para 155 equipos, pero solo siete tenían contrato vigente.

En Antioquia se anunciaron 1.267, aunque solo 124 estaban activos; en Chocó operaban 37 de 332 y en Magdalena ningún equipo de los 260 reportados estaba funcionando. Para julio de ese año solo se habían ejecutado 1,4 billones de los 6,87 billones registrados.

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La falta actual de acceso público a esa información dificulta el seguimiento independiente. Las críticas coinciden con la crisis que atraviesan las EPS, ocho de las cuales se encuentran intervenidas y concentran cerca de 22,82 millones de afiliados.

En varias de ellas los interventores han sido reemplazados entre dos y cuatro veces, lo que ha generado inestabilidad administrativa en medio de las quejas de los usuarios.

A este escenario se suman los decretos expedidos por el Gobierno para modificar la distribución territorial de las EPS, obligando a algunas a retirarse de ciertas ciudades y trasladar afiliados sin consulta previa.

La presidenta de la Asociación de Usuarios de Sanitas, Gloria Quiceno, señaló que esa decisión vulnera el derecho de libre escogencia y comparó el traslado de usuarios con una asignación aleatoria.

El Ejecutivo ha desestimado estos cuestionamientos y los ha calificado como una narrativa promovida por sectores opositores.

No obstante, el debate escaló cuando se confirmó que la infraestructura instalada para el evento del Ministerio de Salud fue reutilizada al día siguiente por el Pacto Histórico en su acto denominado Pacto Fest, cierre de campaña que incluyó presentaciones de Arelys Henao, Los Diablitos del Vallenato y varios DJ, así como la participación del candidato presidencial Iván Cepeda y de las listas legislativas de la coalición.

La senadora Paloma Valencia denunció en la red X que el Gobierno habría financiado, directa o indirectamente, la logística del cierre de campaña.

Cuestionó que la tarima y las vallas se montaron durante toda la semana para un evento institucional y que, posteriormente, fueran utilizadas por la organización política.

Informó que pedirá a la Contraloría y la Procuraduría revisar si hubo utilización de bienes o servicios pagados con recursos públicos en actividades proselitistas.

Valencia afirmó que el país enfrenta una deuda creciente y un sistema de salud con dificultades para pagar medicamentos, y cuestionó que, en este contexto, la logística financiada por el Estado pudiera haber sido aprovechada por una campaña. Hasta ahora, ninguna entidad de control ha anunciado apertura formal de una investigación.

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