Fiscalía reasigna caso de actos terroristas en Bogotá a grupo que investiga protesta social

Una decisión de la Fiscalía General de la Nación, revelada por Noticias Caracol, cambió el rumbo del proceso judicial contra 11 personas señaladas de integrar la organización conocida como “PPP” o “Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo”, investigada por realizar varios ataques en Bogotá entre 2024 y 2025.

Mediante la Resolución 171 del 16 de junio de 2026, la fiscal general Luz Adriana Camargo reasignó el expediente a dos fiscales del recién creado Grupo de Tareas para Investigar la Protesta Social, horas antes de que se realizara la audiencia de acusación programada para el 17 de junio.

Según la resolución, la medida busca que el caso sea analizado de manera integral para revisar la adecuación jurídica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual aplicación de mecanismos restaurativos o de terminación anticipada cuando sean legalmente procedentes.

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La investigación ya había sido adelantada por una fiscalía especializada, que en marzo de este año presentó escrito de acusación por ocho delitos: concierto para delinquir agravado; terrorismo; incendio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; perturbación en servicio de transporte público; daño en bien ajeno y violencia contra servidor público

Los procesados fueron capturados en diciembre de 2025 tras una investigación que incluyó agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas, testimonios y análisis de información técnica. 

De acuerdo con la Fiscalía, estarían vinculados con al menos 15 ataques registrados en Bogotá, entre ellos la quema de buses del SITP y atentados con explosivos contra patrullas de la Policía.

Durante las audiencias de control de garantías, se les impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario al considerar que los hechos investigados correspondían a actos de terrorismo y no al ejercicio legítimo del derecho a la protesta social.

Los resultados de esta investigación también fueron reconocidos por las autoridades locales. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo en diciembre pasado: "Dos jueces de la República ya avalaron lo que hay en la investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación". 

Mientras que su secretario de Seguridad, César Restrepo, afirmó que "no hay que olvidar que estos delincuentes pusieron en peligro la vida de al menos 80 ciudadanos que iban en un bus de TransMilenio". Por otro lado, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá expresó: "Es claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad, ellos buscaban generar el caos en la universidad".

Pese a esto, la decisión de reasignar el caso ha generado cuestionamientos. 

El exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, afirmó que la decisión de la fiscal general podría terminar evitando que los acusados respondan por delitos graves como terrorismo y concierto para delinquir. Asimismo, que podría minimizar la gravedad de los delitos investigados.

Por su parte, la abogada penalista y profesora de la Universidad Externado, Elena Suárez, también asegura que se trata de un caso de terrorismo y no de protesta social. Sostuvo que, según el escrito de acusación, los hechos descritos no corresponden a manifestaciones sociales, sino a acciones previamente coordinadas con el uso de explosivos y otros elementos peligrosos, ejecutadas por personas con roles definidos y sin una finalidad propia del ejercicio del derecho a la protesta.

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