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Consejo de Estado suspende decreto que eliminaba la prima especial de los congresistas
Según el alto tribunal, la medida podría afectar el régimen salarial de otras altas autoridades del Estado.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que eliminaba la prima especial de los congresistas, cercana a los 18 millones de pesos y establecida en la Ley 4.ª de 1992.
La decisión fue adoptada por el conjuez ponente Héctor Santaella Quintero, quien consideró que existen elementos suficientes para decretar la medida cautelar mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra la norma.
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En el auto, el Consejo de Estado señaló que, tras un análisis preliminar, "surgen con claridad (...) elementos suficientes para evidenciar la infracción de principios y reglas constitucionales y legales estructurales dentro del Estado social y democrático de Derecho", razón por la que consideró procedente suspender provisionalmente los efectos del decreto.
Uno de los principales argumentos de la corporación es que, aunque la medida estaba dirigida exclusivamente a los congresistas, sus efectos podrían extenderse a otros altos funcionarios del Estado debido a la forma en que está estructurado el régimen salarial de distintas entidades públicas.
El Consejo de Estado advirtió que la derogatoria podría generar un "efecto cascada", ya que "sus efectos se proyectan más allá de quienes conforman el órgano legislativo" y "se esparcen capilarmente a lo largo de un sinnúmero de órganos estatales y corporaciones públicas".
Según la providencia, la decisión podría impactar las remuneraciones de funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional, cuyos regímenes salariales están vinculados por ley a los ingresos de los congresistas.
Sin embargo, el alto tribunal aclaró que la suspensión corresponde únicamente a una medida cautelar y no representa un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del decreto ni sobre el alcance de la facultad reglamentaria del Gobierno Nacional, asuntos que serán analizados al momento de dictar sentencia.
Por ahora, la suspensión provisional deja sin efectos la derogatoria del Decreto 2170 de 2013 mientras se estudia de fondo la demanda de nulidad presentada contra la decisión del Ejecutivo.
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