Retrasos en delimitación de Santurbán disparan la minería ilegal

La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo encendieron las alarmas sobre el deterioro ambiental y social que está generando la parálisis institucional en torno a la delimitación del páramo de Santurbán. Las conclusiones quedaron plasmadas en el XXV Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017, presentado el 1 de junio ante el Tribunal Administrativo de Santander con corte al 30 de abril de 2026.

El documento advierte que los sucesivos retrasos en el proceso han propiciado el incremento de la extracción ilícita de minerales al interior del ecosistema, el aumento de la informalidad minera y serias dificultades en el desarrollo socioeconómico de la región. 

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Para el Ministerio Público, la prolongación indefinida del proceso ha impedido ejercer un control institucional efectivo sobre estos fenómenos, que siguen causando graves afectaciones ambientales en la zona. Como consecuencia directa, la Procuraduría anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de minería ilegal que se estarían desarrollando en el área de influencia del páramo.

La Corte Constitucional ordenó la nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín hace más de ocho años, pero el proceso acumula incumplimientos institucionales que han impedido culminarlo. El informe señala con especial énfasis las falencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el acatamiento de las órdenes judiciales. Entre las observaciones concretas figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al período enero-abril de 2026, una omisión que, según la Procuraduría, se repite de manera sistemática desde 2019. 

Además, el Ministerio no ha entregado la información técnica solicitada sobre las resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en el costado occidental del macizo, en jurisdicción de municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.

En cuanto al avance del proceso de concertación, el panorama es igualmente crítico. El cronograma oficial establecía que durante el primer cuatrimestre de 2026 debían realizarse mesas de concertación en 15 municipios; sin embargo, el informe concluye que ninguna de esas reuniones fue realizada.

El Ministerio Público también detectó deficiencias en la transparencia del proceso a través del portal oficial "Santurbán Avanza". Entre las inconsistencias identificadas están la ausencia del informe de cumplimiento más reciente, la publicación de apenas seis de los 24 informes de seguimiento elaborados por la Procuraduría y la Defensoría, la falta de actualización de actuaciones judiciales recientes y discrepancias entre los cronogramas publicados en el portal y los reportados oficialmente por el Ministerio de Ambiente.

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