Registraduría alerta por influencia de grupos armados en las elecciones 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió sobre la influencia de grupos armados ilegales en el desarrollo de las próximas elecciones de Congreso de la República y Presidencia, tras identificar riesgos asociados a la seguridad y a la participación ciudadana en varios territorios del país.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó un análisis realizado en 312 municipios con presencia de grupos armados, en el que se determinó que en el 40% de estos territorios existe un interés de carácter político y electoral por parte de dichas organizaciones. Según explicó, este fenómeno está relacionado con la fragmentación de los grupos ilegales en distintas regiones de la geografía nacional.

Lea también (Laura Sarabia pide a la Fiscalía que cite a declarar a Gustavo Petro por escándalo de la salud)

De acuerdo con Penagos, los datos evidencian una correlación entre los índices de violencia y los niveles de participación ciudadana, especialmente en el noroccidente de Colombia. En zonas donde la actividad de grupos armados coincide con la asistencia a las urnas, la Registraduría alertó sobre el riesgo de instrumentalización del voto o de coacción directa a los electores.

Frente a este panorama, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció la creación de un mapa de riesgo electoral que integra información de diversas fuentes para identificar amenazas específicas en cada región. Esta herramienta permitirá a la Registraduría definir la ubicación de puestos y mesas de votación, además de facilitar la coordinación con el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía también informó sobre la instalación de puntos físicos para la recepción de denuncias en los territorios con mayores indicadores de riesgo, así como la habilitación de plataformas virtuales para el reporte de delitos electorales. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que la Fuerza Pública tiene la instrucción de garantizar la seguridad en la totalidad de los 13.000 puestos de votación del país. Para ello, se determinó la extensión del servicio militar con el fin de aumentar el número de efectivos, especialmente en zonas rurales.

El registrador nacional señaló que la estrategia institucional se enfocará en la prevención y la pedagogía frente a delitos como la trashumancia electoral. En ese sentido, subrayó la necesidad de mantener un equilibrio en la comunicación de los riesgos, con el fin de evitar narrativas que busquen la suspensión de los procesos electorales.

Los anuncios fueron realizados en la sede central de la Registraduría, en Bogotá, durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la agenda interinstitucional para prevenir conductas ilícitas de cara a las elecciones de Congreso, programadas para el 8 de marzo, y las presidenciales, previstas para el 31 de mayo. La Comisión anunció que realizará una nueva reunión antes de los comicios de marzo para presentar un balance de las acciones de vigilancia y control adelantadas por el Estado.

Otras noticias