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Polémica en Carnaval de Barranquilla: reclusos de la Modelo grabaron concierto de Elder Dayan con celulares finos
La presentación del artista vallenato con transmisión desde la cárcel.
La presencia de teléfonos móviles en poder de personas privadas de la libertad volvió a quedar en evidencia tras un episodio registrado durante el Carnaval de Barranquilla.
Un video ampliamente difundido en redes sociales muestra a internos de la Cárcel Modelo de Barranquilla asomados entre los barrotes mientras graban, con celulares de alta gama, la presentación que el cantante Elder Dayan Díaz realizó desde las afueras del centro penitenciario.
Tweet: https://twitter.com/primeronoticiaa/status/2023173710719398155?s=48&t=NI3W3BMsK5wuhSz-IwO4bA
El artista vallenato, que interpretó varias canciones dedicadas a los reclusos, generó una reacción inmediata en la población penitenciaria, que respondió desde las ventanas con aplausos y grabaciones.
Sin embargo, lo que inicialmente parecía un gesto artístico terminó desatando una controversia nacional por la evidente presencia de dispositivos prohibidos dentro del penal.
En el video divulgado el 15 de febrero se observa a internos utilizando teléfonos inteligentes para registrar la actuación de Elder Dayan en plena tarde, sin señales de restricción por parte de la guardia penitenciaria.
La naturalidad con la que los reclusos manipulan los dispositivos llevó a cuestionamientos sobre la capacidad del sistema penitenciario para ejercer control y evitar el ingreso de tecnología que facilita la comisión de delitos.
Extorsiones y delitos dirigidos desde las cárceles: un problema estructural
Datos del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía coinciden en que la mayor parte de las extorsiones en Colombia se origina en las cárceles. Entre las cifras disponibles:
Alrededor del 70 % de las extorsiones denunciadas en el país son coordinadas desde centros penitenciarios.
En 2024 se recibieron más de 9.800 denuncias por este delito, con un aumento sostenido desde 2021.
Las autoridades bloquean cada año más de 20.000 líneas celulares vinculadas a actividades extorsivas dentro de las prisiones.
Informes de inteligencia han documentado que desde algunos pabellones se organizan homicidios, amenazas, estafas digitales, cobros ilegales y redes de microtráfico.
La disponibilidad de teléfonos con cámara, conexión a internet y plataformas de mensajería instantánea facilita que estas estructuras continúen operando desde los patios carcelarios con niveles de coordinación comparables a los de sus actividades en libertad.
Cuestionamientos estructurales al Inpec: corrupción, falta de control y un sistema desbordado
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de los últimos años.
El sistema penitenciario colombiano está conformado por 132 cárceles y establecimientos carcelarios, entre penitenciarías, centros de reclusión y cárceles de mediana y máxima seguridad.
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En conjunto, albergan a más de 120.000 personas privadas de la libertad, pese a que la capacidad instalada no supera, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, las 82.000 plazas.
El hacinamiento, que supera el 46 % en promedio nacional, genera zonas sin control real dentro de los penales y facilita la consolidación de estructuras delictivas internas.
El Inpec cuenta con una planta de aproximadamente 15.500 funcionarios, de los cuales cerca de 13.500 corresponden al cuerpo de custodia y vigilancia.
Esto significa que, en la práctica, un solo guardia puede llegar a custodiar más de ocho internos, un indicador que expertos en seguridad califican como insuficiente para garantizar control efectivo y prevenir la entrada de elementos prohibidos.
A esta presión operativa se suma un fenómeno poco discutido: la existencia de más de 120 sindicatos internos del Inpec, un número atípico para una institución de su tamaño.
Según la Procuraduría, esta atomización sindical dificulta la gobernabilidad, fragmenta los procesos disciplinarios y limita la capacidad de imponer sanciones cuando se detectan actos de corrupción.
La corrupción interna, documentada en informes de la Contraloría y la Fiscalía, se ha convertido en uno de los factores más críticos del deterioro institucional.
En distintos penales han sido capturados guardias por ingresar celulares, simcards, licor, estupefacientes, armas cortopunzantes e incluso alimentos especiales que conforman economías ilegales al interior de los pabellones.
Las investigaciones señalan la existencia de “tarifas” para permitir el ingreso de objetos prohibidos o para facilitar traslados, visitas no autorizadas, privilegios o manipulación de cámaras y controles.
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