Operación Némesis en Cúcuta: 109 capturados, 49 allanamientos y 32 extranjeros expulsados

Un total de 109 personas capturadas, 49 allanamientos, 32 extranjeros expulsados del territorio colombiano y la incautación de armas y estupefacientes dejó la operación Némesis, desarrollada entre la noche del martes 3 y la madrugada del miércoles 4 en Cúcuta, Norte de Santander, bajo la supervisión del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La intervención de la Fuerza Pública comenzó aproximadamente a las 7:00 de la noche del martes y se extendió durante la madrugada en ocho comunas de la capital nortesantandereana. Los procedimientos estuvieron dirigidos contra estructuras delincuenciales señaladas de participar en homicidios, terrorismo, extorsiones, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.

El primer balance fue divulgado por el mandatario con corte a las 4:45 de la mañana. Además de las capturas y los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de 12 armas de fuego, más de 10 kilogramos de estupefacientes y la recuperación de mercancía cuyo valor fue estimado en 500 millones de pesos.

La operación se desarrolló mediante la coordinación de unidades de la Policía Nacional, el Ejército y organismos de investigación judicial, con participación de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue incluyó diligencias de registro y allanamiento, procedimientos de captura y acciones de control en diferentes sectores urbanos.

De acuerdo con la información divulgada durante la jornada, el presidente permaneció en Cúcuta para supervisar las actividades desde un puesto de mando unificado, donde se coordinó la intervención de las unidades participantes.

En el dispositivo estuvieron presentes integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional. También participaron funcionarios encargados de las investigaciones judiciales y de los procedimientos relacionados con las personas detenidas.

La operación Némesis forma parte de la estrategia de seguridad del Gobierno nacional, que contempla la puesta en funcionamiento de los Bloques Operacionales de Seguridad Urbana, conocidos como BOSUR, destinados a combatir estructuras delincuenciales en las principales ciudades del país.

Durante su permanencia en la capital de Norte de Santander, De la Espriella anunció la instalación de este mecanismo de seguridad en Cúcuta, con el propósito de coordinar las intervenciones de las autoridades contra organizaciones dedicadas a diferentes actividades ilícitas.

La intervención también se enmarca en la campaña militar y policial Esparta, anunciada por el Gobierno para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander.

Entre los objetivos de la ofensiva se encuentran estructuras vinculadas con el tráfico de estupefacientes, la extorsión, los homicidios y otras actividades criminales que afectan a Cúcuta y su área metropolitana, así como organizaciones que mantienen operaciones en la zona fronteriza con Venezuela.

Durante los procedimientos, las autoridades identificaron a varias personas mediante los alias de “Navir”, “Ada”, “Juancho”, “La Churca”, “Keller”, “Brayan”, “Camacho” y “Alejo”, mencionados en el material divulgado sobre la intervención.

Uno de los señalados fue identificado con el alias de “Keller”, a quien las autoridades relacionan con el Frente de Guerra Urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su presunta vinculación con esa organización corresponde a los señalamientos conocidos durante la operación y no constituye una determinación judicial de responsabilidad.

En otros procedimientos fueron presentados los alias de “Camacho” y “Alejo”, señalados de presuntas conductas delictivas contra menores de edad. El mandatario se dirigió a ambos durante su recorrido por las instalaciones donde permanecían bajo custodia de las autoridades.

De la Espriella también sostuvo encuentros con integrantes de las unidades que participaron en las diligencias y posteriormente se acercó a algunos de los detenidos, ante quienes reiteró la posición de su Gobierno frente a las organizaciones criminales.

“A estos bandidos hay que caerles con todo el peso del Estado. Bienvenidos a la Patria Milagro”, manifestó el presidente durante uno de los encuentros registrados en el desarrollo de la jornada.

En relación con los presuntos responsables de delitos contra menores de edad, el jefe de Estado anunció su intención de promover su reclusión en establecimientos de máxima seguridad, dentro de las medidas que ha defendido su administración para enfrentar determinadas conductas criminales.

El balance de la operación también incluyó la expulsión de 32 ciudadanos extranjeros. La cifra fue comunicada por el mandatario como parte de los resultados de los procedimientos migratorios adelantados durante la intervención.

En cuanto a las capturas, el reporte presidencial estableció un total preliminar de 109 personas detenidas, sin presentar en ese primer balance una distribución individual de los delitos atribuidos a cada una.

Las 49 diligencias de allanamiento constituyeron otro componente de la operación. Estas actuaciones se realizaron como parte de las investigaciones y de las acciones coordinadas para localizar personas requeridas por las autoridades y elementos relacionados con presuntas actividades delictivas.

En materia de incautaciones, el Gobierno informó sobre el decomiso de 12 armas de fuego y una cantidad de sustancias estupefacientes superior a los 10 kilogramos. A estos resultados se sumó la recuperación de mercancías avaluadas en aproximadamente 500 millones de pesos.

La intervención se produjo en medio de los problemas de seguridad registrados en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander, departamento donde operan organizaciones armadas ilegales y estructuras dedicadas a actividades criminales relacionadas con la frontera.

Entre los hechos recientes que antecedieron al despliegue se encuentra el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos, ocurrido el 26 de octubre en el sector del Anillo Vial Occidental, cuando se encontraba cerca de una estación de servicio.

Un día después, el 27 de octubre, la detonación de un artefacto explosivo en inmediaciones de un puente internacional que comunica a Cúcuta con Venezuela dejó varios heridos, entre ellos integrantes de la Policía Nacional.

Estos acontecimientos estuvieron entre los episodios de violencia registrados en la capital nortesantandereana durante los días previos a la intervención de las autoridades.

La situación de seguridad en Cúcuta también está relacionada con la presencia de organizaciones criminales que desarrollan actividades en corredores urbanos y rurales del departamento, incluidos sectores próximos a los pasos fronterizos.

En el Catatumbo, los enfrentamientos entre el ELN y estructuras disidentes de las antiguas Farc han provocado desplazamientos de población y operaciones de las autoridades desde enero de 2025.

La campaña Esparta, anunciada por el Gobierno el 3 de noviembre, contempla acciones militares y policiales contra estas organizaciones, mientras que los BOSUR están orientados a las estructuras delincuenciales que operan en entornos urbanos.

La operación Némesis se suma a otras intervenciones de seguridad desarrolladas durante la administración de De la Espriella en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, donde las autoridades han realizado capturas, allanamientos y procedimientos contra organizaciones dedicadas al homicidio, el hurto y el tráfico de estupefacientes.

En el caso de Cúcuta, el presidente anunció que las actividades de la Fuerza Pública continuarán después de los procedimientos ejecutados durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

“A los bandidos se les acabó la guachafita”, declaró el mandatario al referirse a la continuidad de las intervenciones militares y policiales.

De la Espriella también expresó su reconocimiento a los uniformados que participaron en las diligencias y reiteró el respaldo del Ejecutivo a las operaciones desarrolladas contra las organizaciones criminales.

El jefe de Estado afirmó que su administración mantendrá los despliegues de seguridad en las ciudades y regiones donde las autoridades han identificado actividades de grupos armados ilegales y estructuras delincuenciales.

Finalmente, el presidente reiteró que las operaciones contra la criminalidad continuarán durante su mandato y sostuvo que “la delincuencia no tiene descanso ni escondite”.

El balance de 109 capturas, 49 allanamientos, 32 expulsiones, 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilogramos de estupefacientes y mercancía recuperada por 500 millones de pesos corresponde al reporte preliminar entregado por el Gobierno nacional a las 4:45 de la mañana de este miércoles.