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Gobernador Jorge Rey fortalece la conservación ambiental en Cundinamarca: $ 11.862 millones invertidos
El mandatario regional protege 9.741 hectáreas y 53 cuencas hídricas.
La estrategia de Pago por Servicios Ambientales (PSA) se ha consolidado como una de las principales apuestas del gobernador de Cundinamarca Jorge Rey para proteger el patrimonio natural del departamento, al reconocer económicamente el trabajo que durante décadas han realizado cientos de familias campesinas en la conservación de los bosques, las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos.
Más allá de un incentivo financiero, el programa busca convertir la protección ambiental en un compromiso compartido entre el Estado y las comunidades rurales, entendiendo que quienes habitan los territorios son también los primeros guardianes del agua y de la biodiversidad.
En lo corrido de la administración del gobernador Rey, la inversión destinada a esta estrategia supera los 11.862 millones de pesos, recursos que han permitido vincular 894 predios rurales, proteger 9.741 hectáreas de ecosistemas estratégicos y beneficiar directamente a 1.731 familias campesinas que hoy reciben incentivos por mantener en buen estado áreas de importancia ambiental.
Estos resultados convierten al programa en uno de los esquemas de conservación más amplios implementados por una administración departamental en Colombia, bajo el principio de que conservar el ambiente también debe representar oportunidades para quienes viven en el campo.
El alcance territorial de la estrategia también refleja su crecimiento. Actualmente el programa tiene presencia en 41 municipios, donde se han suscrito 57 acuerdos de conservación, logrando proteger 53 cuencas hídricas distribuidas en 14 provincias de Cundinamarca.
Cada uno de estos acuerdos establece compromisos entre las comunidades y la administración departamental para desarrollar acciones de restauración ecológica, aislamiento de áreas de recarga hídrica, recuperación de bosques, protección de nacimientos de agua y fortalecimiento de prácticas productivas compatibles con la conservación ambiental.
El avance más reciente de esta política pública quedó materializado con la firma de nuevos convenios de Pago por Servicios Ambientales en los municipios de Zipaquirá, Pacho, Tabio, Subachoque, Tausa y Cogua, territorios que incorporarán 432,46 hectáreas adicionales al esquema de conservación gracias a una inversión de 725.415.640 pesos.
Con estos nuevos acuerdos, la Gobernación busca ampliar la protección de zonas consideradas fundamentales para el abastecimiento de agua y la preservación de ecosistemas de alta importancia ambiental.
Los convenios fueron estructurados para que los recursos lleguen directamente a quienes asumen la responsabilidad de conservar estos territorios.
A través de juntas de acción comunal, organizaciones comunitarias y propietarios de predios rurales, los incentivos económicos respaldan actividades como la restauración de coberturas vegetales, el mantenimiento de bosques protectores, la recuperación de corredores ecológicos, el aislamiento de nacimientos de agua y la implementación de acciones que reduzcan la presión sobre los recursos naturales.
Durante la firma de los nuevos acuerdos, el gobernador Jorge Rey destacó que la conservación de los ecosistemas solo es posible mediante el trabajo conjunto entre las instituciones y las comunidades rurales.
Según explicó, el propósito del programa consiste en reconocer el papel que cumplen las familias campesinas como administradoras del patrimonio ambiental del departamento y garantizar que ese esfuerzo tenga un respaldo económico que contribuya igualmente a mejorar sus condiciones de vida.
La estrategia es liderada por la Secretaría de Bienestar Verde, dependencia creada para fortalecer las políticas ambientales del departamento y coordinar acciones relacionadas con la protección de los recursos naturales.
Desde esta entidad se ha impulsado una metodología basada en acuerdos voluntarios de conservación, mediante los cuales propietarios, comunidades organizadas y entidades públicas establecen compromisos de protección ambiental con metas verificables y mecanismos permanentes de seguimiento.
El programa de Pago por Servicios Ambientales tiene además un importante respaldo jurídico dentro de la política ambiental colombiana. El Ministerio de Ambiente reconoce este instrumento como uno de los principales mecanismos para incentivar la conservación voluntaria de ecosistemas estratégicos, permitiendo que departamentos y municipios destinen recursos públicos para proteger áreas de importancia hídrica, forestal y de biodiversidad, en cumplimiento de la normatividad nacional sobre conservación ambiental y manejo sostenible del territorio.
En Cundinamarca, la implementación del PSA ha evolucionado de manera progresiva durante los últimos años. Los acuerdos firmados anteriormente permitieron incorporar nuevas áreas de conservación en municipios como Chaguaní, San Francisco, Une, Medina, Silvania, Cucunubá, Suesca, Sesquilé, Chipaque y otros territorios donde existen ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de agua de poblaciones urbanas y rurales.
Esa expansión ha permitido consolidar una red de conservación distribuida en distintas regiones del departamento, fortaleciendo la conectividad ecológica y la protección de cuencas hidrográficas.
Uno de los aspectos más relevantes del programa radica en que traslada la política ambiental desde una visión exclusivamente restrictiva hacia un modelo basado en incentivos.
En lugar de limitarse a imponer obligaciones, la estrategia reconoce que la conservación genera beneficios colectivos y que quienes destinan parte de sus predios a proteger bosques, quebradas, humedales y nacimientos de agua prestan un servicio ambiental que merece ser compensado.
Los resultados también adquieren importancia frente a los desafíos que enfrenta Cundinamarca como consecuencia del crecimiento urbano, la expansión agrícola y los efectos del cambio climático.
La protección de las zonas de recarga hídrica resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable tanto para las comunidades rurales como para los municipios que dependen de estas cuencas, incluida buena parte de la Sabana de Bogotá.
Con la incorporación de las nuevas 432,46 hectáreas y la continuidad de los acuerdos de conservación, la administración departamental busca consolidar un modelo en el que el desarrollo rural y la protección ambiental avancen de manera complementaria.
El objetivo es que las familias campesinas continúen desempeñando un papel central en la preservación del patrimonio natural mientras reciben incentivos que reconocen su aporte a la sostenibilidad del territorio.
La expansión del esquema de Pago por Servicios Ambientales reafirma así la apuesta de Cundinamarca por convertir la conservación en una política pública permanente, respaldada con recursos, participación comunitaria y seguimiento técnico, entendiendo que proteger los bosques, las fuentes hídricas y la biodiversidad no solo garantiza la estabilidad de los ecosistemas actuales, sino que representa una inversión estratégica para asegurar el agua y los servicios ambientales que necesitarán las futuras generaciones.
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