Gobernador Jorge Rey exige al Gobierno liberar $820.000 millones para obras de agua y saneamiento

En un acto realizado en presencia de más de setenta mandatarios locales, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicitó públicamente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que se habilite el desembolso de recursos por 820.000 millones de pesos destinados a obras de acueducto y alcantarillado en distintos municipios del departamento.

Según lo expuesto por el mandatario departamental, la inversión se encuentra represada desde hace veinte meses en la ventanilla única del Ministerio por falta de viabilización técnica de los proyectos.

Durante su intervención, Rey expuso que las iniciativas, que comprenden un total de 66 intervenciones en infraestructura de agua potable y saneamiento básico, no han recibido conceptos técnicos favorables ni observaciones formales por parte del Gobierno nacional, lo cual impide avanzar en los trámites contractuales y de ejecución.

El gobernador afirmó que, pese a haberse realizado dos reuniones previas con la ministra de Vivienda, Helga Rivas, en las que se acordó acelerar el proceso de revisión y aprobación de los proyectos, la única respuesta recibida hasta la fecha fue una comunicación remitida el primero de septiembre, en la que se devolvieron varios expedientes sin motivación clara.

El jefe del ejecutivo departamental señaló además que el pasado 25 de septiembre el Ministerio se comprometió a instalar una mesa técnica de seguimiento para avanzar en la revisión caso por caso, pero dicha instancia no ha sido convocada hasta el momento.

Para Rey, el retraso administrativo representa un obstáculo crítico para el desarrollo de obras prioritarias en múltiples localidades y podría comprometer su realización, teniendo en cuenta la proximidad de la entrada en vigencia de la ley de garantías que limita la suscripción de convenios interadministrativos.

“Han pasado más de veinte días desde el último compromiso asumido por el Ministerio y, lamentablemente, no se ha materializado. La situación es preocupante. Son más de 820.000 millones de pesos que ya fueron asignados y que no se han podido ejecutar. Estos recursos pertenecen al departamento y a sus municipios, pero permanecen inmovilizados debido a la falta de gestión técnica. No se está solicitando financiación adicional; lo que se requiere es una respuesta administrativa eficiente”, sostuvo Rey durante su intervención.

Por su parte, Jorge Enrique Machuca, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC), indicó que, además de evaluar el cumplimiento de los requisitos, corresponde al Ministerio brindar el acompañamiento técnico para garantizar la viabilidad de las iniciativas.

En su exposición, Machuca recordó que la Resolución 661 en sus artículos 16 y 18 establece un plazo de quince días para emitir observaciones técnicas a los proyectos radicados en la ventanilla única, lapso que, según su testimonio, no se ha respetado en ninguno de los casos presentados durante los últimos 22 meses de gobierno.

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“Lo que hemos solicitado en repetidas ocasiones es una guía precisa sobre los ajustes que deben aplicarse a cada proyecto para cumplir con los estándares técnicos exigidos. Sin ese insumo por parte del Ministerio, se nos imposibilita avanzar en las subsanaciones y, en consecuencia, los procesos quedan estancados. El marco normativo es claro en cuanto a los tiempos de respuesta. No se han cumplido”, precisó el gerente de EPC.

La advertencia del gobernador también incluyó un llamado a la urgencia que implica el calendario administrativo. Si los proyectos no son autorizados en el corto plazo, podrían quedar excluidos del marco de ejecución del actual cuatrienio debido a sus características técnicas y a los tiempos que demandan las fases de contratación, ejecución y supervisión.

Según el cronograma estimado, cada uno de estos proyectos requeriría entre 18 y 24 meses para su desarrollo integral.

La falta de respuesta institucional por parte del Ministerio de Vivienda y la acumulación de trámites sin resolver han generado preocupación en los gobiernos municipales, que ven comprometida su capacidad para atender necesidades básicas de la población en materia de agua potable y saneamiento.

La inversión anunciada, superior a los 820.000 millones de pesos, hace parte de un paquete de cofinanciación en el que participan recursos del departamento y del Gobierno nacional y cuyo objetivo es avanzar en la cobertura y mejora de servicios públicos esenciales en zonas rurales y urbanas de Cundinamarca.

Hasta el momento, el Ministerio no ha emitido una declaración oficial respecto a las afirmaciones del gobernador ni sobre el estado de evaluación de los proyectos radicados.

Entretanto, las autoridades territoriales continúan solicitando una respuesta técnica que permita avanzar en la ejecución de los planes de inversión antes del cierre del actual periodo de gobierno.

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