Congresista Katherine Miranda denuncia uso político del Fondo Paz en Presupuesto de 2026

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el 15 de octubre el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2026, con una asignación global de 546,9 billones de pesos.

La votación terminó con 74 respaldos frente a 24 votos en contra. Sin embargo, la aprobación no disipó las tensiones acumuladas en el trámite legislativo, ya que la redistribución de recursos generó controversias por presuntos fines electorales y prioridades presupuestales que han sido cuestionadas desde distintos sectores políticos y técnicos.

Uno de los puntos más polémicos fue el incremento de 300.000 millones de pesos al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entidad que administra el Fondo Colombia en Paz, en contraposición con un recorte de 150.000 millones a la Defensoría del Pueblo.

Esta modificación, sumada a la eliminación de recursos para otras entidades, derivó en cuestionamientos de la oposición y algunos sectores independientes sobre los criterios de asignación presupuestal por parte del Gobierno nacional.

El proyecto aprobado en Cámara aún debe surtir debate en la plenaria del Senado, donde fue citado para discusión este jueves 16 de octubre a las 9:00 a. m.

La última sesión del Senado fue levantada por falta de quórum, lo que aplazó el análisis del articulado y dejó en suspenso el avance hacia la fase de conciliación.

Durante la discusión, la congresista Katherine Miranda, integrante del partido Alianza Verde, denunció que el aumento presupuestal al Dapre podría estar vinculado con actividades proselitistas.

Según su intervención, los recursos asignados al Fondo Paz estarían siendo destinados al montaje de tarimas, transporte, almuerzos y elementos logísticos utilizados en eventos del presidente Gustavo Petro, lo que, en su opinión, configuraría un uso indebido del gasto público con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

La representante también criticó la reducción de 10 billones de pesos respecto al proyecto original presentado por el Ejecutivo, considerándola insuficiente.

A su juicio, el ajuste debería haber sido al menos de 16 billones de pesos, y advirtió que el país atraviesa una coyuntura fiscal compleja que exige medidas más drásticas en el ordenamiento de las finanzas públicas.

Miranda citó informes del Banco de la República y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en los cuales se advierte sobre la sostenibilidad fiscal del presupuesto aprobado.

El banco central destacó que el PGN 2026 tendrá un crecimiento del 9 %, casi el doble de la inflación proyectada para ese periodo, lo que considera una señal de desequilibrio.

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A su vez, la CAF reportó que el país presenta un déficit estructural, con 13,2 billones de pesos cuya fuente de financiación aún no está plenamente definida.

Desde el oficialismo, la representante Olga Lucía Velásquez, ponente del proyecto y también miembro de la Alianza Verde, explicó que los recursos destinados al Dapre están orientados a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.

Precisó que el Fondo Colombia en Paz requiere fortalecimiento para avanzar en programas que beneficien territorios priorizados y comunidades afectadas por el conflicto armado.

Velásquez reconoció que todos los sectores del Estado enfrentaron ajustes presupuestales como consecuencia de la reducción global del monto aprobado, y aseguró que sí existieron gestiones para proteger las partidas de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, sostuvo que la ausencia de un aval del Ministerio de Hacienda impidió que prosperaran las proposiciones que buscaban restituir esos recursos, en cumplimiento de jurisprudencia constitucional que exige viabilidad fiscal para cualquier adición al presupuesto.

Otra voz crítica durante el debate fue la de la congresista Jennifer Pedraza, quien cuestionó la asignación de 343.000 millones adicionales al Dapre y el aumento de 600.000 millones a la Procuraduría General de la Nación, mientras se reducen partidas clave para entidades de control y educación.

Pedraza mencionó específicamente la falta de asignación de 160.000 millones para atender la crisis financiera de la Universidad de Antioquia, lo que calificó como una muestra de desinterés gubernamental hacia la educación pública superior.

La discusión sobre el Presupuesto 2026 se produce en un contexto marcado por la presión del cumplimiento de la regla fiscal, la desaceleración económica y la tensión entre la administración central y varios sectores sociales.

Aunque el Gobierno ha reiterado que los recursos del Fondo Paz se dirigen a proyectos de desarrollo territorial e inclusión social en el marco del posconflicto, las críticas sobre su eventual uso como plataforma política continúan generando fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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