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Exministros Bonilla y Velasco podrían enfrentar penas superiores a 12 años por escándalo en la Ungrd
La solicitud de la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Bogotá busca que los exfuncionarios permanezcan privados de la libertad mientras avanza el proceso por corrupción.
La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La petición busca que ambos exfuncionarios permanezcan privados de la libertad mientras avanza la investigación penal.
El ente acusador les imputa tres delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Según expertos en derecho penal, de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar penas superiores a 12 o 15 años de prisión. El cálculo de la condena se realizará mediante el concurso de delitos, tomando en cuenta agravantes y atenuantes conforme a los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal colombiano.
Especialistas como Juan Francisco Navarrete precisan que la pena por concierto para delinquir ligado a la participación de servidores públicos podría alcanzar hasta 18 años, mientras que otras circunstancias vinculadas a delitos adicionales podrían incrementar la sanción y multas hasta de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Por su parte, la defensa de Ricardo Bonilla, liderada por el abogado Mauricio Pava, negó que el exministro haya celebrado contratos irregulares en los proyectos gestionados por el Ministerio de Hacienda. La defensa se apoya en testimonios que aseguran que Bonilla solo supervisó proyectos y no participó en acuerdos contractuales, y que los mensajes con funcionarios de la Ungrd se referían únicamente a seguimiento de proyectos, no a contratos.
La audiencia de imputación será decisiva para definir el alcance jurídico de los hechos imputados, mientras los exministros permanecen bajo medidas de arraigo y seguimiento judicial en Colombia. La Fiscalía asegura que la complejidad del caso y la multiplicidad de delitos justifican la severidad de la medida de aseguramiento solicitada.
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