Disidencias de las Farc intimidan a alcaldes del Huila con llamadas, citaciones y amenazas

La expansión y consolidación de las disidencias de las antiguas Farc en varias zonas rurales del Huila ha puesto contra las cuerdas a un número creciente de alcaldes del departamento.

Citaciones clandestinas, llamadas intimidatorias, mensajes enviados a través de funcionarios públicos, panfletos y exigencias económicas hacen parte del panorama que enfrentan varios mandatarios locales, quienes advierten que ejercer el cargo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, en reportaje publicado por el diario La Nación, del Huila.

Las denuncias conocidas entre 2024, 2025 y lo corrido de 2026 muestran que al menos catorce alcaldes huilenses habrían puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presiones y amenazas atribuidas a estructuras armadas vinculadas al bloque comandante “Jorge Suárez Briceño”, dirigido por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá Córdoba’, uno de los principales jefes de las disidencias que actualmente participa en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El fenómeno evidencia el deterioro de la seguridad en distintas regiones del departamento y revive las alertas sobre el fortalecimiento territorial de grupos armados ilegales en corredores estratégicos del sur del país, especialmente en municipios con conexión hacia Caquetá, Meta y Tolima.

El control armado en el Huila

Informes de la Defensoría del Pueblo y de organismos de seguridad han advertido desde hace varios años sobre la presencia y expansión de estructuras disidentes en el Huila.

La Defensoría emitió alertas tempranas sobre el riesgo para líderes sociales, autoridades locales y comunidades rurales en municipios del norte y occidente del departamento, donde estos grupos buscan imponer control social y económico mediante extorsiones, restricciones a la movilidad y presión sobre administraciones municipales.

El bloque “Jorge Suárez Briceño” tiene injerencia principalmente en zonas limítrofes con Caquetá y Meta. Las autoridades han señalado que estas estructuras buscan consolidar corredores para economías ilegales y fortalecer redes de financiamiento mediante cobros extorsivos a comerciantes, contratistas, transportadores y funcionarios públicos.

La situación ha generado preocupación entre alcaldes y diputados del departamento, quienes consideran insuficiente la respuesta institucional y cuestionan la falta de garantías de seguridad para quienes gobiernan en territorios con presencia armada.

Alcaldes bajo presión

De acuerdo con información conocida por este medio, entre los mandatarios que habrían denunciado intimidaciones en 2024 aparecen Alexander Martínez, alcalde de Algeciras; Camilo Ospina, de La Plata; Carlos Antonio Tole Calderón, de Tarqui, y Germán Morales Oliveros, de Teruel.

En 2025 habrían reportado hechos similares John Albert Mora Lizcano, alcalde de Hobo; Arbey Vargas Manguera, de Colombia; Luis Ángel Ramírez Vargas, de Aipe, y Luis Humberto Alvarado Guzmán, de Rivera.

En 2026 también habría denunciado intimidaciones Lenin Alberto Trujillo González, mandatario de Yaguará.
Aunque varios alcaldes han optado por guardar silencio ante el temor de represalias, otros decidieron hablar públicamente sobre las presiones que enfrentan.

El diputado Omar Alexis Díaz aseguró que la problemática es mucho más amplia de lo que se conoce oficialmente.
“Muy seguramente, yo creería que un 70 % de alcaldes del departamento del Huila ya les ha tocado encontrarse con estos bandidos, con estos delincuentes y ceder en algunas presiones que han hecho”, afirmó.

El dirigente sostuvo que las disidencias mantienen presencia y capacidad de intimidación en múltiples zonas rurales del departamento.

“En un departamento donde las disidencias de las Farc tienen control de muchas partes de estos territorios, decir que no han llegado donde los alcaldes sería una mentira grande”, señaló.

“Esto es una actividad de alto riesgo”

Uno de los testimonios más contundentes fue el del alcalde de Garzón, Francisco Calderón, quien aseguró que el año 2024 estuvo marcado por el asedio permanente de las disidencias.

“El asedio de las disidencias de las Farc, tanto para comerciantes como para mandatarios, es una realidad. Ha sido un tema complejo”, afirmó.

Calderón explicó que las intimidaciones fueron puestas en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero cuestionó la limitada respuesta institucional.

“Simplemente nos han entregado un chaleco y no nos entregan absolutamente nada más”, manifestó.

El mandatario describió un escenario de miedo constante en el ejercicio de sus funciones, especialmente en las zonas rurales, donde la presencia institucional resulta más débil.

“Nos han llegado a todos nosotros panfletos, citaciones y las hemos puesto en consideración para revisión. Se siente uno inseguro para ejercer la actividad”, indicó.

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El alcalde sostuvo que incluso concejales del municipio habrían recibido citaciones e intimidaciones.

Además, señaló que las extorsiones afectan de manera generalizada a comerciantes y familias campesinas.
“El tema de la extorsión es complejo. Hay familias que escucha uno que están teniendo que viajar hasta el departamento del Caquetá”, aseguró.

Para Calderón, la falta de acompañamiento estatal limita incluso la presencia de los alcaldes en las comunidades rurales.

“Un alcalde debe estar en el sector rural, las comunidades anhelan que el mandatario haga presencia. Pienso que sí ha faltado mucho más presencia y acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección para todos los alcaldes”, dijo.

El mandatario no dudó en calificar el cargo como “una actividad de alto riesgo”.

“Estamos solos”

El alcalde de Baraya, Luis Enrique Cardoso, afirmó que las intimidaciones comenzaron desde la campaña electoral y continuaron tras asumir el cargo.
“Nosotros venimos amenazados desde campaña, amenazados y extorsionados”, recordó.

Aunque aseguró que las presiones directas en su contra disminuyeron durante el último año, indicó que los integrantes de su administración continúan siendo blanco de llamadas extorsivas.

“La han cogido con los funcionarios de la Alcaldía. Incluso al conductor que me acompaña lo han llamado a extorsionar; al secretario de Gobierno, a la gerente de la Empresa de Servicios Públicos y a un concejal lo han amenazado”, sostuvo.

Cardoso lanzó fuertes críticas al Gobierno Nacional por lo que considera una falta de respaldo a los alcaldes del país.

“En este Gobierno hemos sido muy desamparados nosotros, porque no tenemos a quién acudir para ayuda. Comparado con gobiernos anteriores, que por lo menos hacían consejos de seguridad, con este hay un silencio rotundo”, afirmó.

El mandatario aseguró que actualmente cuenta únicamente con dos escoltas y un vehículo convencional asignado por la UNP, pese a que los estudios de riesgo recomendarían un esquema más robusto.
“Los estudios de riesgo han arrojado que debo tener un carro blindado, pero no ha sido posible”, indicó.

“Uno termina administrando con miedo”

Otro de los alcaldes que reveló el panorama de intimidaciones fue John Albert Mora, mandatario de Hobo, quien aseguró que las presiones afectan directamente la autonomía administrativa.

“Nos ha puesto en una condición a nosotros como administradores territoriales a disponer ante muchas peticiones que por garantizar la seguridad de nuestras vidas uno tiene que acceder”, afirmó.

Mora relató que las amenazas llegan a través de distintos mecanismos.
“Son amenazas mediante panfletos, llamadas, mensajes por WhatsApp y mensajes enviados con funcionarios”, señaló.

El mandatario describió cómo el miedo termina condicionando el ejercicio del cargo.

“Termina uno desarrollando una actividad administrativa con miedo, con inmensas preocupaciones, pensando siempre en salvaguardar la integridad de la familia y de los funcionarios”, manifestó.

Incluso confesó haber pensado en renunciar. “He concebido la posibilidad de renunciar. La vida sigue más allá de un escenario administrativo”, expresó.

Cuestionamientos a la política de seguridad

Las denuncias de los mandatarios coinciden con crecientes cuestionamientos regionales frente a la estrategia de seguridad y al avance de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sectores políticos del departamento consideran que las estructuras armadas han aprovechado los ceses al fuego y los acercamientos de paz para ampliar su influencia territorial y fortalecer mecanismos de presión sobre comunidades y autoridades locales.

El diputado Omar Alexis Díaz aseguró que varios alcaldes terminan cediendo ante exigencias por falta de respaldo institucional.

“Los alcaldes se han sentido solos. No han tenido un cubrimiento permanente de la Fuerza Pública y por eso les toca ceder en algunas situaciones que desafortunadamente mañana podemos lamentar”, afirmó.

Mientras tanto, desde la Gobernación del Huila, la secretaria de Gobierno, Liliana Vázquez, indicó que oficialmente no se han recibido reportes formales en esa dependencia sobre amenazas contra alcaldes, aunque rechazó cualquier acto intimidatorio.

“Rechazamos totalmente esas amenazas desde el Gobierno Departamental”, manifestó.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, también expresó su preocupación por la situación y pidió fortalecer la presencia institucional en el departamento.

“Frente a las intimidaciones, amenazas y citaciones que han recibido algunos alcaldes del Huila, quiero expresar mi solidaridad con ellos, con sus familias y con las comunidades que representan”, afirmó.

El mandatario hizo un llamado al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia para reforzar las medidas de protección.

“Rechazo de manera categórica cualquier acto de intimidación contra los mandatarios locales, líderes y servidores públicos”, sostuvo.

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