Fiscalía investiga presunta red que ayudaba a delincuentes a salir de cárceles con avales indígenas

Un presunto entramado de corrupción que involucra autoridades indígenas, funcionarios públicos y decisiones judiciales mantiene bajo la lupa a organismos de control y autoridades judiciales en Colombia.

La investigación apunta a que delincuentes condenados por homicidio, narcotráfico, extorsión y concierto para delinquir habrían logrado salir de cárceles ordinarias para cumplir sus condenas en resguardos indígenas, pese a no demostrar vínculos reales con las comunidades.

El caso que encendió las alertas es el de Juan Carlos Vacca Castillo, alias “Dimax”, señalado cabecilla de la estructura criminal Los de Dimax, organización vinculada con homicidios, cobros extorsivos y disputas armadas en Cali y municipios del área metropolitana.

Según reveló Semana, Vacca Castillo consiguió abandonar la cárcel de Villahermosa, en Cali, tras presentarse como integrante de comunidades indígenas del suroccidente del país.

La situación dejó en evidencia posibles fallas estructurales en los mecanismos de verificación de identidad étnica y abrió interrogantes sobre el uso fraudulento de la jurisdicción especial indígena para favorecer a condenados de alta peligrosidad.

El traslado de alias “Dimax”

Alias “Dimax” fue condenado a 500 meses de prisión —más de 41 años— por homicidio agravado, concierto para delinquir y otros delitos relacionados con actividades criminales en Cali.

Durante cerca de nueve años permaneció recluido en la cárcel de Villahermosa. Sin embargo, en septiembre de 2024 solicitó su traslado al resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en el municipio de Florida, Valle del Cauca, argumentando pertenecer al pueblo Nasa.

De acuerdo con la investigación periodística, la petición fue avalada tanto por autoridades indígenas como por instancias judiciales y el Ministerio del Interior, pese a que no existían pruebas contundentes que acreditaran arraigo cultural, permanencia comunitaria o reconocimiento histórico dentro de esa colectividad.

El traslado permitió que Vacca Castillo abandonara el centro penitenciario tradicional y cumpliera la condena en territorio indígena.

Pero el expediente reveló una cadena de movimientos aún más llamativa. Meses después, el 4 de abril de 2026, alias “Dimax” apareció registrado como integrante del resguardo Gran Rosario, en Nariño, perteneciente al pueblo Awá. Poco después, volvió a ser certificado, esta vez en el resguardo Munchique Los Tigres, en el Cauca.

Cada nuevo traslado estuvo respaldado por documentos emitidos por cabildos indígenas distintos, pese a que se trata de pueblos con estructuras sociales, territoriales y culturales diferentes.

Un investigador de la Fiscalía citado por Semana explicó que el caso genera profundas dudas porque la pertenencia a pueblos indígenas implica procesos históricos, familiares y comunitarios imposibles de acreditar de manera improvisada.

“El pueblo Nasa tiene una justicia propia basada en armonización espiritual; requiere permanencia real y reconocimiento comunitario. El pueblo Awá es una organización social completamente diferente”, indicó la fuente judicial.

La figura constitucional que terminó convertida en ruta de evasión

La Constitución Política reconoce la jurisdicción especial indígena y protege el derecho de los pueblos originarios a administrar justicia dentro de sus territorios conforme a sus usos y costumbres.

Esa protección permite que indígenas condenados por la justicia ordinaria puedan cumplir determinadas penas en resguardos, siempre que exista acreditación real de pertenencia y aceptación por parte de la comunidad.

El objetivo de la norma es preservar la identidad cultural, garantizar el arraigo y evitar la ruptura de los vínculos tradicionales de los pueblos indígenas.

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No obstante, las investigaciones conocidas en los últimos meses indican que esa figura habría sido utilizada de manera irregular por estructuras criminales que buscan abandonar establecimientos penitenciarios de máxima seguridad.

Los documentos muestran que varios de los traslados fueron aprobados sin estudios antropológicos sólidos ni comprobación efectiva de permanencia cultural.

Las autoridades investigan si detrás de las certificaciones hubo pagos irregulares y tráfico de influencias.

Aunque hasta ahora no existen condenas ni pruebas directas que acrediten entrega de sobornos, investigadores judiciales consideran sospechoso el aumento de casos similares en varias regiones del país.

El fenómeno se habría extendido por varias regiones

La investigación señala que situaciones semejantes se han presentado en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Huila.

Entre las personas que lograron traslados similares aparecen Wilfer Contreras Cubillos, procesado por tráfico de estupefacientes; José Aníbar Granda Ramos, condenado por concierto para delinquir; Vladimir Rincón Muñoz, relacionado con la estructura criminal Los Espartanos; además de Heber Andrés Quiceno Payán y Ánderson Torres Londoño, vinculados con homicidios.

Todos habrían obtenido avales de cabildos indígenas y autorizaciones judiciales para salir de cárceles tradicionales.

La Fiscalía analiza si existe una red dedicada a gestionar certificados irregulares de pertenencia étnica para beneficiar a delincuentes vinculados con narcotráfico, homicidios y corrupción.

Según investigadores citados por Semana, el fenómeno también alcanzaría a funcionarios públicos y dirigentes políticos de distintas regiones.

“Eso está ocurriendo con alcaldes del suroccidente; también hay casos en Antioquia y Huila. No solo alcaldes, también políticos y demás personas involucradas en hechos de corrupción”, aseguró una fuente de la Fiscalía consultada por el medio.

Las autoridades han señalado en repetidas ocasiones que alias “Dimax” continuó ejerciendo influencia criminal aun estando privado de la libertad.
Informes de inteligencia y reportes policiales relacionan su nombre con disputas armadas en Cali, cobros extorsivos y redes de narcotráfico que operaban incluso desde centros penitenciarios.

En los últimos años, su estructura criminal sostuvo enfrentamientos con la organización liderada por alias “Chinga Pipe”, otra figura del crimen organizado en el Valle del Cauca.

Las autoridades atribuyen a esas disputas múltiples hechos violentos ocurridos en Cali, entre ellos ataques armados, atentados contra funcionarios del Inpec y acciones de retaliación entre estructuras ilegales.

Uno de los episodios que volvió a poner el nombre de alias “Dimax” en el centro de las investigaciones ocurrió tras una balacera registrada en el barrio El Retiro, en Cali, donde las autoridades relacionaron a integrantes de su organización con un ataque armado contra alias “Chinga Pipe”.

El caso abrió un debate sobre los controles estatales frente a los certificados de pertenencia indígena y la verificación de arraigo cultural en personas privadas de la libertad.

Expertos en derecho constitucional advierten que las irregularidades podrían afectar gravemente la legitimidad de la jurisdicción especial indígena, diseñada originalmente para proteger los derechos de comunidades históricamente vulneradas.

Las autoridades también investigan si algunos cabildos terminaron siendo instrumentalizados por estructuras criminales para facilitar beneficios penitenciarios.

Mientras avanzan las indagaciones, organismos judiciales revisan expedientes de traslados aprobados en los últimos años para establecer si existieron patrones repetitivos, documentos falsos o decisiones judiciales adoptadas sin suficientes soportes técnicos.

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