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Desmantelan clan familiar dedicado a la minería ilegal de oro en Antioquia: así operaban

La red habría utilizado cuatro dragas, maquinaria pesada y mercurio para extraer oro en el río Nechí desde 2024

Familia oro
Por Agencia Periodismo Investigativo | Vie, 30/10/2026 - 08:13 Créditos: Cae red familiar de extracción ilegal de oro en Antioquia. Foto: Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a ocho personas, cuatro mujeres y cuatro hombres, que presuntamente integraban un clan familiar dedicado a la explotación ilícita de oro en la ronda del río Nechí, en Antioquia. Según la investigación, la estructura habría desarrollado estas actividades de manera sistemática desde 2024, mediante el uso de cuatro dragas tipo brasileño, maquinaria pesada y mercurio, sin contar con título minero ni licencia ambiental.

De acuerdo con el ente acusador, las labores de extracción ilegal habrían generado graves afectaciones ambientales en el bajo Cauca antioqueño. Para establecer el funcionamiento de la organización, las autoridades adelantaron tres operativos en terreno, interceptaciones telefónicas y diferentes actividades de seguimiento e investigación judicial, que permitieron identificar a los presuntos integrantes y las funciones que desempeñaban dentro de la estructura.

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La investigación permitió establecer que Alexander Villalba Martínez sería el cabecilla y principal articulador de la organización. Entretanto, José Alfredo Villalba Martínez estaría encargado de coordinar la operación de las dragas, mientras que María Isabel Villalba Martínez y Luz Yesenia Santos Romero presuntamente asumían las labores administrativas, financieras y logísticas.

Por su parte, Andrea Catalina Castañeda Correa habría tenido la responsabilidad de definir el uso y la destinación de las máquinas empleadas para la extracción del metal. De esta manera, según las autoridades, los integrantes del clan familiar tendrían funciones específicas para garantizar el funcionamiento de las actividades de minería ilegal.

Entre los otros judicializados figuran Jhon Hever Soto Flórez, señalado de administrar una mina a cielo abierto ubicada en Jardín de Tamaná, Antioquia; Angie Paola Agudelo, quien presuntamente se desempeñaba como secretaria de la red, y Maicol Álvarez Caicedo, que estaría encargado de comprar y comercializar el oro obtenido ilícitamente.

Además de identificar la estructura y sus presuntos responsables, el análisis de la autoridad ambiental permitió establecer los daños ocasionados por las actividades extractivas en una extensa zona del bajo Cauca antioqueño.

Entre las afectaciones identificadas se encuentran la pérdida de cobertura vegetal, procesos de erosión, la formación de depósitos artificiales de agua y el transporte de sedimentos hacia el río Cauca. Estos impactos estarían relacionados con las labores de explotación minera adelantadas sin los permisos y controles ambientales correspondientes.

En cuanto a los procedimientos de captura, unidades de la Policía Nacional realizaron las diligencias contra las ocho personas en los municipios de Caucasia y El Bagre, en Antioquia. Durante los operativos fueron incautados 695 gramos de oro, avaluados en más de 284 millones de pesos, y 152,54 gramos de platino.

Asimismo, las autoridades encontraron 508 millones de pesos en efectivo, cinco teléfonos celulares y varios documentos que serán sometidos a valoración por parte de los investigadores. Este material podría aportar información para orientar nuevos frentes de investigación y establecer si existen otras personas vinculadas con las actividades ilegales.

Tras las capturas, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los ocho implicados varios delitos, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual.

Los cargos formulados corresponden a concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, contaminación ambiental por explotación ilícita de yacimiento minero e hidrocarburos, daño a los recursos naturales, ecocidio y lavado de activos.

Finalmente, un juez promiscuo municipal de El Bagre impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra los procesados. Seis de ellos deberán permanecer en un centro carcelario, mientras que Andrea Catalina Castañeda Correa y María Isabel Villalba Martínez cumplirán la medida de detención en sus respectivos lugares de residencia.

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