Demandan resolución que ordena vincular a 4.200 excombatientes de las Farc como escoltas de la UNP

La vinculación de aproximadamente 4.200 excombatientes de las extintas Farc a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido formalmente impugnada mediante una demanda judicial. El recurso fue presentado por Josias Fiesco, activista del partido Centro Democrático, con el objetivo de anular la resolución que autoriza dicha contratación masiva dentro de la entidad encargada de la seguridad de personas en riesgo.

Según el demandante, existe un trasfondo político en la decisión de incorporar a este grupo de exguerrilleros al cuerpo de escoltas oficial. Fiesco argumenta que esta medida terminará perjudicando a los funcionarios que han prestado sus servicios durante años en la UNP, desplazando a personal con trayectoria técnica por quienes realizaron una carrera delictiva.

Dentro de la acción judicial, se solicitó la aplicación de medidas cautelares para suspender de inmediato los efectos de la resolución. El activista sostiene que el reemplazo de escoltas por exmiembros de las Farc sigue patrones utilizados en otros contextos para debilitar a la oposición política. En su declaración, enfatizó la diferencia entre quienes poseen formación militar institucional y quienes pertenecieron a grupos armados ilegales.

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El demandante también manifestó que su intención con este proceso jurídico es defender las instituciones del país y evitar que personas vinculadas anteriormente a la insurgencia ocupen espacios de poder o control estatal. Fiesco señaló que el Estado colombiano debería priorizar la contratación de retirados de las Fuerzas Militares, quienes han servido legalmente a la nación.

La demanda pone en duda la idoneidad de los excombatientes para ejercer labores de protección ciudadana bajo el amparo de la ley. Para el sector que respalda la demanda, la seguridad de los protegidos por la UNP no debe quedar en manos de personas que, en sus palabras, han acabado con la vida de muchos ciudadanos en el pasado.

Por el momento, la Unidad Nacional de Protección no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la admisión de esta demanda o la solicitud de suspensión de los contratos. El proceso ahora queda en manos de los jueces, quienes deberán determinar si la resolución se ajusta al marco legal vigente o si, por el contrario, representa una irregularidad administrativa.

Este choque judicial ocurre en un momento de alta sensibilidad política sobre la implementación de los acuerdos de paz y la reintegración de los excombatientes a la vida civil y laboral. La decisión final sobre la medida cautelar definirá si la vinculación de los 4.200 nuevos escoltas continúa o si el proceso queda congelado hasta que se dicte una sentencia de fondo.

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