Gobierno descarta pedir ayuda internacional ante inundaciones: "La capacidad estatal no ha sido superada

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció este 13 de febrero de 2026 que, por el momento, no solicitará asistencia humanitaria internacional para enfrentar las emergencias causadas por las recientes inundaciones y el frente frío que afecta al país. Según la entidad, no se encuentra técnicamente justificada la emisión de un llamamiento internacional, ya que este instrumento es de carácter subsidiario y solo procede cuando las capacidades nacionales resultan materialmente insuficientes.

La decisión fue tomada en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), autoridad que determinó que la crisis no ha desbordado las capacidades operativas y funcionales del Estado en su fase de respuesta inmediata. El Gobierno subrayó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo permanece plenamente activo, permitiendo una respuesta escalonada y articulada a través de consejos municipales, departamentales y puestos de mando unificado.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, confirmó que la institucionalidad cuenta con la capacidad técnica y los recursos necesarios para atender a los afectados sin requerir apoyo externo por ahora. La Cancillería explicó que, bajo la Ley 1523 de 2012, el apoyo internacional solo se activa tras una declaratoria de desastre nacional que evidencie una incapacidad real de las autoridades para afrontar el impacto, condición que no se ha configurado en el análisis actual.

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A pesar de descartar la ayuda externa inmediata, el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de la situación mediante la Dirección de Cooperación Internacional en el Puesto de Mando Unificado Nacional. Existe una coordinación activa con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) para activar mecanismos internacionales de manera expedita en caso de que la evolución de la emergencia así lo exija en el futuro.

En paralelo, y para fortalecer la respuesta interna, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un periodo de 30 días. Esta medida, adoptada por el presidente de la República, busca agilizar el traslado de partidas del Presupuesto General de la Nación y crear líneas de crédito especiales para atender de forma prioritaria la amenaza ambiental y social.

Con la vigencia de esta declaratoria de emergencia, el Ejecutivo podrá suspender trámites y modificar aranceles con el fin de acelerar obras de mitigación y la recuperación de infraestructura crítica. El objetivo principal es responder con rapidez al impacto de las lluvias en viviendas, acueductos y vías, asegurando la seguridad jurídica en la ejecución de los recursos destinados a la atención humanitaria.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la cooperación internacional sigue siendo un mecanismo adicional disponible si los informes técnicos llegaran a recomendarlo. Por ahora, la prioridad del Estado se centra en la movilización de equipos técnicos y voluntarios propios para consolidar los reportes oficiales de afectaciones y costos en las regiones más golpeadas por las bajas temperaturas y el desbordamiento de ríos.

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