España incrementó un 12% las expulsiones de extranjeros por seguridad nacional durante 2025

España registró un nuevo aumento en el número de extranjeros expulsados mediante procedimientos impulsados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el ejercicio de 2025. Según datos del Ministerio del Interior, un total de 3.398 personas fueron deportadas el año pasado, lo que supone un incremento del 12% en comparación con los datos de 2024. Estas cifras reflejan una tendencia al alza constante en el último lustro, acumulando 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional entre 2021 y 2025.

La estadística oficial revela que el volumen de expedientes tramitados ha crecido de forma progresiva desde las 2.025 expulsiones documentadas en 2021. Posteriormente, Interior contabilizó 2.627 casos en 2022, 3.090 en 2023 y 3.031 en 2024, hasta alcanzar el máximo del periodo en el cierre del último año. Este comportamiento administrativo representa un repunte del 67% si se comparan las cifras actuales con las de hace cuatro años.

Es fundamental precisar que estos datos corresponden exclusivamente a motivos vinculados con la seguridad nacional y no incluyen las devoluciones de migrantes en situación irregular. La competencia única en esta materia recae sobre la Policía Nacional, tal como estipula la Ley de Extranjería. En los casos de irregularidad administrativa, el cuerpo inicia procedimientos que quedan sujetos a una resolución final por parte de un juez tras los correspondientes recursos judiciales.

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El marco legal vigente permite, a través del artículo 89 del Código Penal, la sustitución de condenas de prisión superiores a un año por la expulsión directa al país de origen. No obstante, la normativa contempla un tratamiento diferenciado para aquellos extranjeros que acrediten más de diez años de residencia en territorio español. En estos supuestos, la pena mínima para proceder a la deportación se eleva a cinco años y se requiere una valoración específica sobre la reincidencia del individuo.

Este endurecimiento en la ejecución de las expulsiones coincide con un hito demográfico en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta ya con 49.570.725 habitantes, acercándose por primera vez a los 50 millones a pesar del descenso continuado de la natalidad. El crecimiento poblacional se sustenta en el empuje migratorio, con más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero, un máximo histórico para la nación.

Durante el último trimestre de 2025, las nacionalidades colombiana, venezolana y marroquí se posicionaron como los principales grupos de llegada al país. A este flujo se suman ciudadanos procedentes de Perú, Italia, Ucrania, Brasil, Honduras y Argelia. En términos generales, el número de extranjeros empadronados creció en más de 56.000 personas en solo tres meses, elevando el contingente total de residentes extranjeros a 7.243.561.

El escenario actual muestra una España que, mientras alcanza umbrales inéditos de población inmigrante, refuerza simultáneamente los mecanismos de control y salida forzosa por razones de seguridad. La gestión de la Policía Nacional en este ámbito administrativo subraya la aplicación de los protocolos de extranjería en un contexto de alta movilidad humana y crecimiento de la diversidad demográfica en todas las comunidades autónomas.

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