Cuestionan a ICBF por falta de atención nutricional y en salud a más del 50% de niños indígenas a nivel nacional

La Contraloría General de la República, advirtió que la atención integral a la primera infancia indígena, especialmente de pueblos en riesgo de extinción, no está siendo eficaz ni pertinente. Así lo detalla el estudio intersectorial “Evaluación de la Atención Integral a la Primera Infancia Indígena en los Pueblos Declarados en Riesgo de Extinción Física y Cultural”.

El número de niños y niñas indígenas atendidos por programas de primera infancia aumentó en el 2024 respecto de 2023, pasando de 198.673 a 218.036 – de los cuales 162.187 pertenecen a pueblos en riesgo. Sin embargo, los porcentajes de cobertura de la Ruta de Atención Integral “RIA” disminuyeron en 8 de 10 servicios que la componen.

Se encontró que menos del 50% recibió valoración integral en salud y solo el 38% recibió valoración nutricional.

Adicionalmente, apenas el 29% tuvo formación familiar y menos del 1% accedió a actividades recreativas.

El ICBF, que concentra más del 80% de la oferta, redujo la inversión en su modalidad propia e intercultural en pueblos indígenas. Pasó de $367.283 millones en 2023 a $252.768 millones en 2024, una caída del 31%, pese a que amplió cobertura a 19 municipios adicionales. Solo 145 de los 607 municipios con pueblos en riesgo recibieron inversión.

Aún nueve de los 41 pueblos indígenas en riesgo no acceden a esta modalidad, y más de 100 municipios con alta población infantil indígena siguen sin atención.

Aunque la modalidad propia del ICBF opera en zonas con altas Necesidades Básicas Insatisfechas, 419 municipios con alta población indígena y NBI superior al promedio nacional no cuentan con esta atención.

Departamentos como Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Santander no tienen cobertura con esta modalidad.

La atención a madres indígenas gestantes también es deficiente. Del total de madres registradas en la RIA, solo el 23% recibió control prenatal y el 29% recibió aporte nutricional.

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Asimismo, el control prenatal es deficiente en los municipios que registran casos de mortalidad materna indígena (48% en 2023 y 72% en 2024), lo que coincide con el aumento de la mortalidad materna indígena en 2024.

Aunque hubo una reducción del 47% en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con cifras críticas. La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas.

Modelos propios concertados como los del CRIC y AISO no se están reportando en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral, lo que impide evaluar su impacto. Esto representa una oportunidad de mejora en la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), reglamentado por el Decreto 481 de 2025.

Casos como el de Pueblo Rico (Risaralda), en seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, muestran que persisten fallas en el seguimiento, continuidad de la atención y articulación entre niveles institucionales para superar las vulneraciones estructurales de la niñez indígena, a pesar de recursos asignados.

Con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena (26 de agosto), la Contraloría General de la República hizo un llamado al Estado – en armonía con los pueblos indígenas, para traducir la protección constitucional reforzada de la niñez indígena en acciones efectivas y culturalmente adecuadas que contribuyan a disminuir las brechas y garantizar los derechos de esta población.

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