Colombia vive un repunte de violencia armada pese a nueve procesos de paz en curso

Pese a tener nueve procesos de paz activos, Colombia enfrenta un preocupante aumento de la violencia armada en 2025, con 603 hechos registrados hasta mayo y un incremento del 45 % frente al mismo periodo del año anterior. Así lo revela el más reciente informe La paz, ¿cómo vamos?, elaborado por las organizaciones Vivamos Humanos y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

Durante la presentación del informe en Bogotá, la coordinadora de Derechos Humanos de Vivamos Humanos, Lina Mejía Torres, advirtió que el país podría cerrar el año con más de 1.200 eventos violentos, superando los registros de 2023 y 2024. El documento subraya que las afectaciones a la población civil persisten en forma de homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones y violencia sexual.

Paz en medio del conflicto

El expresidente Ernesto Samper, presente en el evento, señaló que “cuando uno tiene ocho incendios en la casa, no puede apagar solo uno”, insistiendo en la necesidad de abordar el conflicto con una visión integral, que priorice mínimos humanitarios y acciones territoriales efectivas. “La disyuntiva en Colombia no es entre paz o guerra, sino entre paz y paz”, afirmó.

Los nueve procesos de diálogo activos hacen parte de la estrategia de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, como continuación del acuerdo firmado con las FARC en 2016. No obstante, la firma de ese pacto dio paso a la aparición de nuevos actores armados, que mantienen vivas las disputas territoriales y las acciones violentas en varias regiones.

Los grupos con los que se adelantan negociaciones incluyen al ELN, las disidencias Segunda Marquetalia y Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), y otras bandas armadas locales en Medellín, Buenaventura, el Cauca y Nariño.

Procesos con resultados dispares

De los nueve procesos, solo el adelantado en Medellín recibió una evaluación positiva en el informe. En contraste, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, con presencia fuerte en Guaviare, ha sido responsable de 783 acciones violentas en lo corrido del año, lo que refleja la debilidad en el cumplimiento de los compromisos pactados.

Para León Valencia, analista de Pares, “hablar de paz en Colombia siempre es difícil”, aunque reconoció que el país no atraviesa los niveles extremos de violencia de décadas anteriores. Aun así, alertó sobre la “confluencia peligrosa de violencias armadas y disputas por el control territorial”.

Llamado a la protección civil y a una paz estructural

El informe insiste en que la protección de la población civil debe ser el eje central de los procesos de paz, más allá de la militarización. Propone implementar ceses al fuego más efectivos, fortalecer la participación ciudadana en los territorios y aplicar medidas estructurales para el cumplimiento del acuerdo de paz.

“La seguridad no puede seguir siendo sinónimo de militarización”, subraya el documento, que pide al Estado colombiano adoptar un enfoque más sostenible y centrado en el desarrollo regional para garantizar la consolidación de una paz duradera.

La presentación del informe contó también con la asistencia del embajador de España, Santiago Jiménez; el coordinador de la Aecid, Vicente Ortega; y la jefa de la delegación de paz del Gobierno con el ELN, Vera Grabe, quienes reiteraron su respaldo a los esfuerzos por una paz incluyente y real en Colombia.

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