Alerta por inestabilidad en la Unidad para las Víctimas y exige explicaciones por presunta corrupción

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta al Gobierno nacional por la situación administrativa de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al advertir que la inestabilidad en su dirección y las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción están impactando la continuidad de la política pública dirigida a esta población.

Según el organismo de control, entre 2022 y 2026 la Presidencia de la República ha designado a cinco personas distintas, entre encargos y nombramientos en propiedad, para dirigir la entidad. El episodio más reciente ocurrió con la declaratoria de insubsistencia del director general, en medio de señalamientos relacionados con posibles irregularidades en procesos de contratación.

Para la Defensoría, esta rotación constante ha debilitado la coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y ha retrasado la implementación de decisiones estructurales. La entidad recordó que la política de víctimas impacta a cerca del 20 % de la población colombiana, por lo que la falta de estabilidad institucional tiene consecuencias directas sobre millones de personas.

En su pronunciamiento, el organismo también exigió respuestas claras y oportunas frente a las denuncias divulgadas por investigaciones periodísticas, que advierten sobre presuntas prácticas irregulares en el manejo contractual de la Unidad. De confirmarse estos hechos, señaló la Defensoría, no solo se comprometería el uso transparente de los recursos públicos, sino la confianza de las víctimas en una institución clave para su reparación.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, reforzó este llamado a través de sus redes sociales y pidió al presidente Gustavo Petro designar a una persona idónea, con conocimiento técnico y compromiso real con la política de víctimas. A su juicio, la improvisación administrativa está afectando la capacidad de respuesta de la entidad frente a las crisis humanitarias que persisten en varias regiones del país.

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Las alertas del organismo se producen en un contexto marcado por publicaciones de distintos medios, que señalan un aumento significativo de contratos de prestación de servicios y posibles desvíos de recursos hacia fines distintos a la misionalidad de la entidad, en un año de especial sensibilidad electoral. También se han planteado cuestionamientos sobre el incremento proyectado del presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo subrayó que la Ley de Garantías busca evitar el uso de recursos públicos con fines políticos y reiteró que las denuncias deben ser investigadas sin dilaciones por los organismos competentes. Asimismo, insistió en que el Gobierno tiene la responsabilidad de explicar lo ocurrido y garantizar estabilidad, transparencia e idoneidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas.

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