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Condenan al general (r) Jorge Salgado por corrupción en contratos del Ejército
Exalto oficial es condenado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al general (r) Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército con sede en Medellín, por su participación en una red de corrupción que le reportó beneficios personales a costa del erario.
La Corte aprobó el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, en virtud del cual el oficial aceptó su responsabilidad en 14 delitos de interés indebido en la celebración de contratos y dos de peculado por apropiación agravado, atenuados por la devolución posterior de los recursos apropiados.
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Según los hechos establecidos, Salgado Restrepo intervino de manera irregular, en asocio con otros servidores del Ejército, en procesos de contratación adelantados en la Cuarta Brigada del Batallón de Servicios Número 4 Yariguíes, adscrita a la Séptima División. La maniobra consistió en direccionar los contratos hacia las empresas Distrilogística S.A.S. e Ingecodi S.A.S., para lo cual se suministró información anticipada y se ajustaron los requisitos de experiencia y capacidad técnica a la medida de dichas firmas.
Como contraprestación por esas adjudicaciones, los contratistas beneficiados financiaron gastos personales del entonces comandante y su núcleo familiar. Entre los rubros cubiertos figuran tiquetes aéreos, consumos en restaurantes y clubes sociales, boletas para eventos culturales, arriendo de inmuebles, facturas de servicios públicos y combustible para vehículos, desembolsos que en conjunto sumaron $151.397.660.
A ese monto se suma otro esquema paralelo: el oficial emitió órdenes de compra a la empresa Subatours S.A.S. para la adquisición de tiquetes del personal militar y, a cambio, obtuvo 36 tiquetes privados para él y su familia por un valor de $18.621.469, elevando el total apropiado a $170.019.129.
No obstante, antes de la audiencia de formulación de imputación, Salgado Restrepo realizó la devolución total de los recursos, circunstancia que fue reconocida dentro del preacuerdo con la Fiscalía y que incidió en la determinación de la pena.
En consecuencia, la Sala le impuso 39 meses y 15 días de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 49 meses y tres días, y una multa equivalente a 466,62 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más $42.504.782 adicionales.
Con todo, dado que el condenado estuvo privado de la libertad durante el proceso y acumuló redención de pena por trabajo en ese período, la Corte declaró el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad, manteniendo vigentes las demás penas accesorias.
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