Alcaldía de Bogotá asegura que Gobierno pidió no intervenir tras retención en el CAN

La Alcaldía de Bogotá respondió a la polémica por la retención de 13 personas en edificios oficiales del Centro Administrativo Nacional (CAN) y señaló que el Gobierno nacional pidió no intervenir con la fuerza pública mientras se instalaba una mesa de diálogo.

En entrevista con La FM, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, indicó que los hechos ocurrieron en cuatro edificios públicos, entre ellos oficinas de juzgados y el Tribunal de Cundinamarca. Aunque evitó calificar jurídicamente lo sucedido, aseguró que hubo una retención contra la voluntad de los funcionarios.

Según explicó el funcionario, hacia las 9:30 de la mañana los manifestantes bloquearon el acceso a oficinas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que llevó a activar un Puesto de Mando Unificado (PMU) conforme a los decretos distrital 053 y nacional 003 de 2021.

Quintero afirmó que desde el distrito solicitaron al Gobierno nacional instalar una mesa de diálogo para lograr el desbloqueo. “Nosotros solicitamos la intervención de la fuerza pública en el marco del PMU al ver la afectación a la integridad de las personas, pero el Gobierno nacional nos pidió mantener el diálogo y armar la mesa”, sostuvo.

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Indicó además que cerca de 750 personas habían llegado a Bogotá el domingo y que el primer PMU fue instalado por el Gobierno nacional. La decisión sobre el uso de la fuerza, añadió, no es exclusiva del distrito, sino que se adopta de manera conjunta en el marco del PMU, con participación del Ministerio Público y autoridades nacionales.

En relación con otros escenarios de protesta, como la toma de instalaciones del Gobierno nacional y el campus de la Universidad Nacional, el secretario aseguró que el distrito solicitó una postura clara del Ejecutivo frente a lo que ocurría en sus propios edificios.

Quintero señaló que actualmente no hay denuncias formales y que la administración evalúa impulsar un cambio normativo que permita actuar con mayor agilidad frente a afectaciones a activos estratégicos y al transporte público, sin depender de procesos extensos de concertación.

El funcionario enfatizó que todas las actuaciones se desarrollaron dentro de los marcos legales vigentes y bajo los lineamientos del PMU, priorizando la seguridad de los funcionarios y la apertura de canales de diálogo.

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