Sindicato de la UNP anuncia posible paro: seguridad de 12.000 protegidos en vilo

Un posible paro nacional de los escoltas tercerizados de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue anunciado por el sindicato Dinspro, en medio de la implementación de los decretos 019 y 020 del Ministerio del Interior, que reforman la planta de personal de la entidad mediante un proceso de formalización laboral.

Según el sindicato, cerca de 12.000 escoltas que actualmente prestan sus servicios bajo la figura de tercerización podrían quedar por fuera del nuevo esquema, lo que pondría en riesgo la continuidad de los esquemas de protección para líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en todo el país.

Eduard Mendoza, presidente de Dinspro, aseguró en declaraciones a La FM que el gremio está dispuesto a acudir a acciones de hecho si el Gobierno continúa con la expedición del decreto sin modificaciones. “Si nosotros vemos que, agotando la instancia jurídica, el mismo Gobierno sigue en ese proceso de llevar a cabo este decreto, entonces estaríamos ya listos para irnos a las calles a vías de hecho”, afirmó.

El sindicato cuestiona que, aunque la formalización no es el problema de fondo, la forma en que se está implementando excluiría a la mayoría del personal actual. Mendoza calificó la situación como una posible “masacre laboral” y señaló que el nuevo manual de funciones no refleja la experiencia ni las labores que desempeñan los escoltas tercerizados.

Entre las principales preocupaciones está la exigencia de títulos profesionales para ciertos grados de oficiales de protección, como los niveles 15 y 18, requisito que, según Dinspro, solo cumplirían unos pocos trabajadores. Además, el artículo 5 de la normativa permite que cualquier ciudadano pueda concursar por los cargos, lo que abriría la puerta a reemplazar a escoltas con años de experiencia en la entidad.

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El sindicato también expresó inquietud por la posibilidad de que el director de la UNP pueda nombrar más de 7.200 cargos sin concurso público, amparado en disposiciones de la función pública, lo que —según advierten— generaría discrecionalidad en el proceso.

Dinspro anunció que presentará demandas ante el Consejo de Estado al considerar que la reglamentación vulnera derechos fundamentales como el trabajo y el debido proceso. Asimismo, hizo un llamado al Ministerio del Trabajo, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría para que intervengan en la discusión.

El pulso entre la formalización laboral y la continuidad de los esquemas de protección mantiene en alerta a distintos sectores, ante el riesgo de que una eventual suspensión del servicio impacte directamente a miles de personas que dependen de la protección estatal.

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