Alcalde Alejandro Char celebra traslado de 20 cabecillas desde Barranquilla: “Volvió la autoridad, volvió el Estado”

Barranquilla amaneció con una señal distinta en la lucha que durante años han librado las autoridades contra las organizaciones criminales que operan dentro y alrededor de la ciudad. Veinte personas privadas de la libertad, señaladas de integrar o tener posiciones relevantes en estructuras dedicadas a actividades como extorsiones, homicidios y otras conductas delictivas, comenzaron a ser sacadas de sus lugares de reclusión en la capital del Atlántico para ser trasladadas a establecimientos penitenciarios del interior del país.

El operativo se ejecutó por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella y fue recibido con un mensaje del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien presentó la medida como el comienzo de una nueva etapa frente a las estructuras que durante años han buscado mantener capacidad de mando incluso desde los centros de detención.

“Volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia”, manifestó Char al conocer el inicio de los traslados. El alcalde sostuvo que se trata de los primeros 20 internos que serán sacados de Barranquilla bajo el nuevo esquema de seguridad penitenciaria impulsado por el Gobierno nacional.

La orden presidencial había sido anunciada horas antes. De acuerdo con información oficial de la Presidencia de la República, De La Espriella instruyó directamente al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para trasladar a Bogotá a 20 personas privadas de la libertad que permanecían en Barranquilla. El objetivo declarado por el Gobierno es impedir que los centros de reclusión continúen siendo utilizados para coordinar actividades criminales en las calles.

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El procedimiento involucró a internos que se encontraban en diferentes lugares de detención. Diez permanecían recluidos en estaciones de Policía y otros diez estaban en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla. El traslado se desarrolló bajo medidas reforzadas de seguridad y con participación del Inpec y la Policía Nacional.

El operativo se prolongó durante más de seis horas y estuvo acompañado por integrantes del Grupo Operativo Especial, GROPE, del Inpec y uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Los internos fueron conducidos inicialmente hacia Bogotá y está previsto que posteriormente sean distribuidos en diferentes establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades.

Entre los nombres que concentran la atención de las autoridades está el de Armando Rafael Palma Moreno, alias Alambrito, un hombre que había sido capturado en Barranquilla en abril de 2026 y cuya trayectoria dentro de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada había sido objeto de seguimiento por parte de los organismos de investigación.

El alcalde Char lo identificó en su declaración como jefe de sicarios de alias Bendito Menor. Los reportes conocidos desde su captura permiten dimensionar el lugar que las autoridades le atribuyen dentro de esa organización.

Palma Moreno había sido señalado como hombre de confianza y jefe de seguridad de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La captura de Alambrito había ocurrido cuatro meses antes mediante un operativo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Contra él existía una orden judicial por concierto para delinquir agravado y, durante el procedimiento, las autoridades incautaron tres teléfonos celulares y elementos alusivos a la organización armada.

Las investigaciones habían establecido, además, que Palma Moreno se encontraba en Barranquilla con una misión que preocupaba especialmente a los organismos de seguridad: buscar acercamientos con Los Costeños, una de las estructuras criminales con presencia histórica en la ciudad, con el propósito de fortalecer alianzas y ampliar el control sobre actividades ilegales y rutas de narcotráfico en el Atlántico.

Su nombre también había aparecido dentro de investigaciones relacionadas con el perfilamiento de comerciantes para posteriores extorsiones. Las autoridades señalaron tras su captura que Alambrito realizaba labores de vigilancia e identificación de posibles víctimas y que además utilizaba las redes sociales para divulgar propaganda relacionada con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Ese antecedente explica por qué Alejandro Char destacó específicamente su traslado. Para la administración distrital, la salida de este tipo de internos de los centros de reclusión de Barranquilla apunta a cortar una de las preocupaciones persistentes de las autoridades: la posibilidad de que integrantes de organizaciones criminales conserven comunicaciones con personas en libertad y continúen ejerciendo influencia sobre sus estructuras.

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El listado de trasladados incluye igualmente a personas señaladas de pertenecer a Los Pepes y Los Costeños, dos organizaciones que han estado en el centro de las acciones de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana.

Entre ellos aparece Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias El Gamo, señalado como hombre de confianza de Digno Palomino y vinculado por las autoridades con actividades de extorsión en sectores como el barrio Abajo y zonas cercanas al río Magdalena.

También fueron incluidos Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias El Lobo o Comandante Gabino; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias El Miquito; Erick Fabián Molina Mendoza; Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias El Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias El Pequeño, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias El Gordo Pan, entre otros internos identificados por las autoridades.
La operación tiene un componente que va más allá del traslado físico.

El Gobierno nacional ha presentado estas decisiones como parte de una política destinada a recuperar el control efectivo de los establecimientos penitenciarios y evitar que personas recluidas puedan conservar capacidad para impartir instrucciones hacia el exterior.

El propio presidente De La Espriella afirmó que dio directamente la orden al Inpec para terminar con lo que denominó “zonas de confort” de quienes pretendan continuar delinquiendo desde las cárceles. Según la Presidencia, los movimientos de los internos se realizan con medidas de seguridad reforzadas y acompañamiento de la Fuerza Pública ante riesgos de fuga, rescate o atentados durante los desplazamientos.

El operativo de Barranquilla se inscribe, además, en una estrategia penitenciaria más amplia iniciada durante las primeras semanas del nuevo Gobierno.

Desde la posesión presidencial se han realizado traslados de internos considerados de alto riesgo, mientras el Ejecutivo ha anunciado un endurecimiento de las condiciones de reclusión para cabecillas y personas que, según las autoridades, conservan capacidad de mando sobre organizaciones criminales.

Para Barranquilla, el movimiento de estos 20 internos tiene una relevancia particular. La ciudad ha enfrentado durante los últimos años el desafío de estructuras que disputan rentas ilegales, territorios y redes de extorsión.

Los organismos de seguridad han advertido reiteradamente que el encarcelamiento de integrantes de estas organizaciones no necesariamente elimina su capacidad de influencia cuando mantienen canales de comunicación con personas que permanecen en libertad.

Precisamente ese es uno de los argumentos centrales utilizados por Char para respaldar la decisión. El mandatario aseguró que los trasladados serán sometidos a restricciones destinadas a impedir contactos con el exterior y evitar que continúen impartiendo instrucciones desde prisión.

“Serán trasladados a cárceles de máxima seguridad, bajo estrictas medidas y sin contacto con el exterior, para impedir que sigan delinquiendo desde prisión”, expresó el alcalde.

La declaración representa también un respaldo político explícito de Char a las primeras decisiones de seguridad del Gobierno de Abelardo De La Espriella. El alcalde no se limitó a destacar el procedimiento penitenciario, sino que vinculó directamente la operación con el liderazgo del nuevo presidente.

“Por fin tenemos un presidente con el carácter y el compromiso para defender al país y enfrentar con contundencia a los terroristas”, sostuvo Char, quien agregó que no puede haber contemplaciones frente a quienes amenazan, extorsionan o asesinan.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, también respaldó el traslado. Las autoridades departamentales consideran que limitar la capacidad de comunicación de los cabecillas recluidos puede tener incidencia sobre las extorsiones y otras actividades criminales que afectan tanto a Barranquilla como a otros municipios del departamento.

Ahora comienza otra fase. Después de su llegada a Bogotá, los internos deberán ser distribuidos entre distintos establecimientos penitenciarios, de acuerdo con los perfiles de seguridad definidos por el Inpec. La información divulgada hasta ahora señala que ese proceso podría desarrollarse durante los siguientes 15 días.

El traslado de los 20 reclusos deja así una imagen que el alcalde de Barranquilla quiso convertir en mensaje político y de seguridad: hombres señalados de ocupar posiciones dentro de estructuras criminales saliendo de sus lugares de reclusión en la ciudad bajo un despliegue especial del Estado y rumbo a establecimientos donde las autoridades pretenden reducir sus posibilidades de comunicación y mando.

Para Char, la operación marca un cambio frente al tratamiento de los responsables de delitos que han golpeado a Barranquilla. Para el Gobierno nacional, constituye una de las primeras pruebas de su política destinada a recuperar el control penitenciario y separar a los cabecillas de las redes sobre las cuales presuntamente mantienen influencia.

La efectividad de esa estrategia tendrá que medirse en las calles: en la reducción de las extorsiones, las amenazas y los homicidios, y en la capacidad institucional para impedir que las órdenes criminales atraviesen nuevamente los muros de las prisiones.

Por ahora, Alejandro Char dejó clara la posición de la administración distrital frente a la decisión presidencial. Después de celebrar la salida de los primeros 20 internos y respaldar el endurecimiento de sus condiciones de reclusión, cerró su mensaje con una frase que resume la línea que promete mantener Barranquilla frente a estas estructuras: “¡No bajaremos la guardia!”.

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