Colombia: 90 líderes asesinados, 77 masacres y cinco firmantes de paz muertos en siete meses de 2026

Los primeros siete meses de 2026 dejaron una radiografía de la violencia que persiste en buena parte del territorio colombiano. Entre el 1.º de enero y el 31 de julio fueron confirmados 90 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, mientras el país registró 77 masacres que dejaron 300 víctimas y al menos cinco firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados, de acuerdo con el balance divulgado por la Defensoría del Pueblo, que para parte de estas estadísticas toma como referencia los registros del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz.

Las cifras no corresponden a una sola región ni a un único escenario del conflicto. El mapa elaborado por la Defensoría muestra una dispersión que atraviesa el Caribe, el Pacífico, la región Andina, la frontera con Venezuela y zonas de la Amazonía y la Orinoquía.

Sin embargo, detrás de esa distribución nacional aparecen territorios donde la violencia se repite con mayor frecuencia y donde ser dirigente comunitario, reclamar derechos, representar a una población o ejercer liderazgo social continúa significando una exposición permanente al riesgo.

El registro de líderes y defensores asesinados avanzó mes tras mes. Enero comenzó con 13 casos; febrero dejó 12; marzo, nueve; abril fue el mes con el mayor número, con 18; mayo registró 14; junio, 13, y julio cerró con 11.

El resultado acumulado fue de 90 homicidios en apenas 212 días. Esto equivale, en promedio, a un asesinato de una persona dedicada al liderazgo social o la defensa de derechos aproximadamente cada 56 horas durante el periodo analizado.

La distribución por sexo también deja una diferencia considerable: 71 de las víctimas fueron hombres y 19 mujeres. La dimensión histórica resulta aún mayor.

Según la información divulgada por la Defensoría, desde enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2026 se tenía registro de 1.755 asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

La cifra se inscribe en una problemática que Naciones Unidas ha documentado durante más de una década. En marzo de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que Colombia seguía siendo uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos y señaló que durante la última década el promedio se había acercado a 100 defensores asesinados cada año.

El organismo pidió medidas urgentes frente a factores estructurales que permiten la persistencia de estos crímenes.

Pero los datos acumulados hasta julio muestran que la violencia no se distribuye de manera uniforme. Cauca aparece como el departamento con mayor número de asesinatos de líderes y defensores, con 21 casos, casi una cuarta parte del total nacional.

Le sigue Antioquia, con 11; Valle del Cauca, con nueve; Norte de Santander, con ocho, y Arauca, con seis. Nariño registra cuatro.

Otros departamentos también aparecen en el mapa. Caldas, Chocó, Huila, La Guajira y Magdalena registran tres casos cada uno. Bogotá, Caquetá, Córdoba, Risaralda y Santander reportan dos por territorio, mientras Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Putumayo, Tolima y Vichada registran un caso cada uno.

El resultado permite observar que los homicidios no están circunscritos exclusivamente a las zonas que históricamente han concentrado el conflicto armado.

Los registros individuales de Indepaz permiten dimensionar qué significa esa estadística. En su base de 2026 aparecen dirigentes comunales, campesinos, indígenas, sindicalistas, integrantes de organizaciones de víctimas, líderes políticos, servidores públicos y personas vinculadas a la comunicación y la defensa de los derechos humanos.

Para comienzos de julio, por ejemplo, Indepaz ya había documentado asesinatos en Córdoba, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Bogotá, Magdalena, Caldas, Nariño, Arauca, Cesar y Huila, entre otros territorios.

La concentración en Cauca adquiere otra dimensión cuando se cruza con el segundo indicador del balance: las masacres.

Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron 77 masacres con 300 personas asesinadas. La definición empleada por Indepaz considera masacre el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, cometido por un mismo autor y bajo iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.

El año comenzó con 13 masacres en enero. En febrero fueron nueve y en marzo aumentaron a 14, la cifra mensual más alta de los primeros siete meses. Abril registró 13; mayo, diez; junio, nueve, y julio, nueve. En promedio, durante esos siete meses se produjo una masacre aproximadamente cada 66 horas en Colombia.

El número de víctimas —300— permite observar además que cada masacre dejó un promedio cercano a cuatro personas asesinadas. Sin embargo, algunos hechos superaron ampliamente ese número.

El registro de Indepaz documentó, por ejemplo, que una de las primeras masacres de 2026 ocurrió el 7 de enero en El Retorno, Guaviare, y dejó 26 víctimas, uno de los episodios de mayor magnitud del periodo. Antes se habían reportado hechos en Santander de Quilichao, Cauca; Cúcuta, Norte de Santander; Amalfi, Antioquia; Maicao, La Guajira; Abejorral, Antioquia, y Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Nuevamente Cauca encabeza el mapa, esta vez con 13 masacres. Antioquia aparece inmediatamente después con 11. Norte de Santander registra ocho; Atlántico y Valle del Cauca, siete cada uno, y Nariño, seis. La estadística muestra así un corredor de afectación que abarca regiones del suroccidente, noroccidente, Caribe y frontera nororiental.

En otros territorios la frecuencia fue menor, pero la presencia de hechos amplía la dimensión geográfica del fenómeno. La Guajira registró tres masacres, mientras Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Santander y Tolima aparecen con dos cada uno. También hubo registros en Bogotá, Caldas, Casanare, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Risaralda y Vichada.

La evolución de los registros de Indepaz ayuda a seguir el ritmo con el que aumentó la cifra. Con corte al 9 de julio, el observatorio contabilizaba 70 masacres y 278 víctimas durante 2026.

Al terminar ese mes, según las cifras divulgadas por la Defensoría, el balance había ascendido a 77 masacres y 300 víctimas. Es decir, en las semanas restantes de julio se incorporaron siete hechos y 22 víctimas al consolidado.

La dimensión de este fenómeno supera además el balance de un semestre. La Defensoría informó recientemente que entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se habían registrado 651 masacres con 2.380 víctimas.

El dato forma parte de la radiografía sobre derechos humanos que la entidad entregó al Gobierno que asumió funciones en agosto de 2026 y que busca establecer una línea base sobre las principales afectaciones que enfrenta la población.

El tercer componente del balance corresponde a una población que debía contar con garantías reforzadas desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016: los antiguos integrantes de las Farc que dejaron las armas y avanzaron hacia la reincorporación. Entre enero y julio de 2026 fueron asesinados cinco firmantes de paz.

La secuencia mensual muestra que enero no registró casos; febrero concentró tres; marzo registró uno; abril, uno; mayo no tuvo casos; junio sumó uno según la gráfica mensual divulgada, aunque el consolidado presentado en la pieza señala cinco casos, y julio aparece en cero.

Esa diferencia interna en la representación mensual debe leerse con cautela: el total destacado por la Defensoría es de cinco asesinatos y la distribución territorial presentada corresponde igualmente a cinco víctimas. Registros periodísticos posteriores, con información de Indepaz citada en documentos institucionales, también situaban en cinco los firmantes asesinados con corte al 18 de julio de 2026.

Territorialmente, Caquetá registra dos de los cinco casos, mientras Cauca, Huila y Putumayo reportan uno cada uno. Todos se concentran, por tanto, en el sur y suroccidente del país, zonas donde la implementación del Acuerdo de Paz ha coexistido con disputas armadas, economías ilegales y presencia de diferentes estructuras.

La muerte de firmantes tiene una particular trascendencia porque afecta directamente el proceso de reincorporación de quienes entregaron las armas.

La Corte Constitucional ya había advertido sobre la necesidad de garantizar su seguridad y, mediante la Sentencia SU-020 de 2022, declaró un estado de cosas inconstitucional respecto de las garantías para esta población.

La persistencia de homicidios durante 2026 mantiene esa problemática dentro de la agenda estatal. Un balance citado en agosto indica que, después de los picos registrados en 2019 y 2020, los asesinatos de firmantes continuaron: hubo 55 casos en 2021, 50 en 2022, otros 50 en 2023, 31 en 2024 y 39 en 2025.

Los asesinatos tampoco pueden observarse de manera aislada de otras formas de violencia que están afectando a las comunidades.

Durante el primer semestre de 2026, la Defensoría documentó 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 15.960 personas, mientras 44 eventos de confinamiento restringieron la movilidad de 64.787 personas. Norte de Santander, Cauca, Nariño, Antioquia y Magdalena concentraron el mayor número de desplazados, mientras Putumayo, Caquetá, Chocó y Cauca registraron las mayores afectaciones por confinamiento.

Varios de esos departamentos coinciden con los territorios que aparecen reiteradamente en los mapas de asesinatos de líderes y masacres.

La Defensoría también reportó que actualmente permanecen vigentes 120 alertas tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas distribuidos en los 32 departamentos. Entre enero y mayo de 2026, además, fueron documentados 121 ataques mediante sistemas aéreos no tripulados, principalmente drones, con 21 personas muertas y 145 heridas.

Ese conjunto de indicadores muestra una violencia que cambia de mecanismos pero mantiene buena parte de su expresión territorial. Hay asesinatos selectivos de personas con reconocimiento comunitario, homicidios colectivos, desplazamientos, confinamientos, ataques con nuevas tecnologías y agresiones contra quienes participaron en el proceso de paz.

La situación de quienes ejercen liderazgo social ya había sido advertida antes de comenzar 2026. El programa Somos Defensores documentó 165 asesinatos y 874 agresiones contra personas defensoras durante 2025, un incremento del 5 % frente al año anterior. Entre las víctimas mortales de ese año hubo 27 mujeres.

La misma organización señaló que, entre enero de 2002 y septiembre de 2025, había contabilizado 1.840 asesinatos de defensores y que solo alrededor del 12 % de esos casos había derivado en sentencias condenatorias.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha identificado entre los factores de riesgo la presencia y actuación de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, las disputas por el control territorial, las economías ilícitas, la débil presencia integral del Estado en determinadas zonas y las dificultades para garantizar una protección adecuada a las personas que defienden derechos.

Su informe sobre el periodo 2022-2025 señala que entre las actividades que generan riesgos se encuentran la defensa de la tierra y el territorio, del medioambiente, de la libertad de expresión, de los derechos de las comunidades y de la niñez frente al reclutamiento, entre otras.

Las estadísticas  condensan así una realidad que, puesta en conjunto, adquiere otra dimensión: 90 líderes y defensores asesinados, 77 masacres con 300 víctimas y cinco firmantes de paz asesinados en siete meses.

Si se suman únicamente las víctimas de esas tres categorías —sin desconocer que metodológicamente pueden existir circunstancias que requieran depuración para evitar eventuales cruces entre registros—, los datos describen centenares de vidas perdidas en escenarios relacionados con distintas expresiones de violencia.

Cauca aparece una y otra vez. Es primero en asesinatos de líderes, con 21 casos; primero en masacres, con 13, y también registra el asesinato de un firmante de paz. Antioquia ocupa el segundo lugar en asesinatos de líderes y masacres. Norte de Santander aparece entre los territorios con mayores registros en ambos indicadores. Valle del Cauca y Nariño completan otro núcleo territorial de violencia en el suroccidente.

No se trata, sin embargo, de un problema exclusivamente rural ni periférico. Bogotá aparece en los registros, al igual que Atlántico, Cundinamarca, Caldas, Risaralda y otros departamentos del interior. El mapa nacional revela que las expresiones de violencia colectiva y selectiva han alcanzado territorios con características sociales, económicas y geográficas distintas.

Al terminar julio, Colombia acumulaba 90 nombres detrás de la categoría estadística de líderes y defensores asesinados; 300 personas detrás de las 77 masacres y cinco antiguos combatientes que, después de firmar la paz y dejar las armas, fueron asesinados. Son cifras construidas caso por caso, municipio por municipio y departamento por departamento.

Y mientras los mapas de la Defensoría llenan de puntos de colores el territorio nacional, el dato histórico amplía la dimensión de lo ocurrido: solo en materia de liderazgo y defensa de derechos humanos, la entidad contabiliza 1.755 asesinatos desde enero de 2016 hasta julio de 2026. Diez años después del comienzo de ese registro, la violencia contra quienes representan comunidades, reclaman derechos, defienden territorios o participan en la construcción de paz continúa siendo uno de los principales desafíos de derechos humanos de Colombia.

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