Presidente De La Espriella entrego balance del terremoto, incendios, cierre de diálogos y fallo de tutela

El presidente Abelardo De La Espriella presentó este domingo 30 de agosto un balance de las principales decisiones adoptadas por su Gobierno durante las últimas semanas, en una alocución transmitida desde las 7:00 de la noche en la que abordó la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, el cierre de tres procesos de diálogo heredados de la política de “paz total” del expresidente Gustavo Petro, la emergencia ocasionada por los incendios forestales en Tolima y el cumplimiento de un fallo de tutela relacionado con los actos religiosos realizados durante su posesión presidencial.

Uno de los primeros asuntos abordados por el mandatario fue la respuesta económica y humanitaria al terremoto de magnitud 7,4 que golpeó varias regiones del país. De la Espriella destacó la movilización de recursos provenientes del sector privado, la cooperación internacional y diferentes organizaciones, destinados a la atención de damnificados y a la posterior reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales, vías y otra infraestructura afectada.

El Gobierno ha venido articulando esos aportes mediante el denominado Fondo Milagro. El propio mandatario había informado que el esfuerzo adelantado con el sector privado permitiría gestionar más de $2 billones para atender a las comunidades afectadas, mientras los cálculos iniciales sobre las pérdidas físicas directas ocasionadas por el terremoto se aproximan a $30 billones.

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La movilización empresarial comenzó pocos días después del desastre. Entre los aportes anunciados se encuentran $200.000 millones de Proantioquia; $200.000 millones de Luis Carlos Sarmiento Angulo y Fanny Gutiérrez de Sarmiento; $110.000 millones del Grupo Bolívar y Davivienda; $50.000 millones de Tecnoquímicas y $12.000 millones de Bavaria.

A estos recursos se agregaron aproximadamente $54.908 millones correspondientes a los aportes anunciados por Tiendas ARA, BBVA y Glencore.

La respuesta también ha tenido un componente internacional. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, asumió la articulación de las ofertas de asistencia provenientes de gobiernos, organismos multilaterales, empresas, organizaciones filantrópicas y entidades de cooperación.

El mecanismo se puso en marcha después de que el Gobierno declarara la Situación de Desastre de Carácter Nacional mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto.

Las ofertas de cooperación internacional conocidas durante las primeras semanas posteriores al terremoto superaron los US$1.300 millones e incluyeron recursos económicos, hospitales móviles, equipos especializados, suministros y capacidades de rescate. Estados Unidos, entre otros países, anunció asistencia para alimentación, salud, protección, alojamiento y evaluaciones estructurales posteriores al sismo.

De La Espriella señaló que el reto ahora es garantizar que los recursos sean destinados a las personas afectadas y a las obras necesarias para recuperar las regiones golpeadas por el movimiento telúrico. La reconstrucción constituye una de las prioridades del Ejecutivo después de superada la fase inicial de búsqueda, rescate y atención humanitaria.

El segundo punto de la intervención estuvo relacionado con la política de seguridad y los procesos de negociación con organizaciones armadas. El presidente confirmó la terminación de tres escenarios de conversación creados durante el Gobierno de Gustavo Petro dentro de la denominada política de “paz total”.

Las decisiones fueron formalizadas mediante resoluciones expedidas el 28 de agosto. Uno de los procesos terminados corresponde a la mesa con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, estructura vinculada a las disidencias de las antiguas Farc. El Gobierno justificó la decisión en la que calificó como “ausencia de voluntad de paz”.

También fue terminada la mesa con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. En este caso, el Ejecutivo señaló que los acontecimientos registrados durante el proceso no permitían continuar acreditando una voluntad efectiva de paz y de reincorporación a la vida civil.

Junto con la terminación de las conversaciones, fueron revocados reconocimientos y designaciones correspondientes a representantes del Gobierno y voceros de las estructuras armadas.

El tercer proceso cerrado corresponde al espacio de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca.

Ese mecanismo había sido establecido para verificar la voluntad de esa organización de avanzar hacia un sometimiento a la justicia. El Gobierno retiró el reconocimiento otorgado a varios de sus representantes y dispuso solicitar la reactivación de órdenes de captura que habían sido suspendidas durante el proceso.

De esta manera, De La Espriella ratificó el cambio de orientación frente a una parte de las negociaciones adelantadas por la administración anterior y sostuvo que su política frente a las organizaciones armadas estará concentrada en la seguridad, la acción de la Fuerza Pública y el sometimiento a la justicia.

Otro de los asuntos centrales fue la emergencia por los incendios forestales en Tolima. El Gobierno reportó este domingo que el 84 % de las conflagraciones atendidas en el departamento ya habían sido controladas o liquidadas.

De acuerdo con el balance entregado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, los organismos de emergencia han intervenido en 43 puntos en 11 municipios, mientras siete incendios permanecían activos.

Los focos que continuaban activos estaban ubicados en Suárez, en el sector de Aguas Blancas; Carmen de Apicalá, en Cerro Las Mercedes, Cuatro Esquinas y Hacienda La Sultana; Rovira, en La Reforma, y Cunday, en los sectores de Páramo y Camelia. En estos lugares fueron concentradas capacidades terrestres y aéreas para combatir el fuego.

La dimensión de la emergencia llevó al Gobierno a instalar un Puesto de Mando Unificado en Ibagué. Según el balance oficial presentado el 27 de agosto, más de 50.000 hectáreas habían resultado afectadas por los incendios, cerca de 28.000 de ellas correspondientes a áreas agropecuarias.

También se reportaron 2.660 productores perjudicados, pérdidas estimadas en $134.000 millones y cerca de 163.000 animales en riesgo por dificultades de alimentación y acceso al agua.

El presidente reiteró que existen informes técnicos e información en poder de las autoridades que apuntan a que parte de los incendios habría sido provocada deliberadamente.

El señalamiento está bajo investigación y, por ahora, no implica que todos los focos registrados en Tolima tengan origen criminal.

Ante esos indicios, el Ejecutivo ordenó conformar un grupo especial con capacidades de inteligencia, investigación y operación para determinar el origen de las conflagraciones e identificar a eventuales responsables.

El Gobierno también anunció recompensas de hasta $50 millones por información que permita capturar a personas responsables de provocar incendios de manera deliberada.

La administración nacional anunció además un Plan Especial de Recuperación Ambiental, Productiva y de Seguridad para Tolima, dirigido no solamente a extinguir los incendios, sino a intervenir las zonas afectadas, apoyar a productores y recuperar las actividades agropecuarias perjudicadas por el fuego.

En la parte final de su intervención, De la Espriella se refirió al fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá relacionado con la ceremonia de posesión presidencial realizada el pasado 7 de agosto en Cali.

La decisión judicial consideró vulnerado el principio de neutralidad religiosa del Estado debido a que dentro de los actos oficiales de posesión fue incluido un espacio de carácter religioso, denominado “invocación y alabanza”, con intervenciones de representantes de diferentes credos.

El fallo ordenó al jefe de Estado ofrecer disculpas públicas y adoptar medidas dirigidas a preservar la neutralidad religiosa en las actuaciones oficiales.

Durante la ceremonia habían participado el rabino David Michaan, el pastor Eduardo Cañas Estrada y monseñor Francisco Múnera. El acto también incorporó otros elementos religiosos dentro de la programación oficial de la posesión.

De la Espriella manifestó que acataba la determinación judicial y ofreció disculpas a los colombianos que hubieran podido sentirse ofendidos por la inclusión de la oración dentro de uno de los puntos del orden del día de su posesión.

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