Directora del ICBF revela que Astrid Cáceres tenía más de 70 asesores y otros 35 en planta

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, respondió este domingo 30 de agosto a su antecesora Astrid Eliana Cáceres y puso sobre la mesa nuevos cuestionamientos sobre el manejo administrativo de la entidad durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Según la actual funcionaria, el despacho de la anterior directora llegó a contar con más de 70 asesores, además de una planta de 35 cargos de asesoría y un funcionario que recibía una remuneración cercana a los $15 millones mensuales, más prima técnica, para realizar labores que Restrepo describió como las de un “todero”.

El pronunciamiento se produjo después de que Cáceres cuestionara públicamente los recortes de recursos destinados al ICBF en el nuevo presupuesto y preguntara si podrían verse afectados programas relacionados con las madres comunitarias, los hogares infantiles, las madres sustitutas y los subsidios para exmadres comunitarias.

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“En el presupuesto nuevo recortaron recursos para el ICBF”, escribió Cáceres en X. La exdirectora planteó interrogantes sobre la continuidad de la vinculación laboral de madres comunitarias, hogares infantiles y madres sustitutas contemplada en el artículo 68 de la reforma laboral, así como sobre el subsidio de sustitución pensional para exmadres comunitarias y su ampliación.

La respuesta de Restrepo apuntó directamente al manejo de los recursos durante la administración anterior. “Qué bueno verla ahora tan preocupada por el presupuesto del ICBF. Esa preocupación habría sido muy útil cuando tenía más de setenta asesores en su despacho, además de una planta de 35 ‘asesores’”, afirmó la actual directora.

Restrepo agregó otro señalamiento. Aseguró que durante la administración anterior existía “un asesor con una remuneración cercana a los 15 millones de pesos mensuales más prima técnica”, a quien describió como una persona “dedicada a ser el todero del ICBF, verificando si había tornillos, bombillos y cuanto asunto apareciera”.

La afirmación implica que, según la actual directora, el despacho encabezado por Cáceres disponía simultáneamente de más de 70 asesores y de otros 35 cargos de asesoría en la planta.

Sin embargo, Restrepo no publicó en ese mensaje la relación de los contratos, los nombres de los asesores, sus honorarios ni el costo total que representó ese personal para la entidad.

Por esa razón, esas cifras corresponden, por ahora, a señalamientos realizados públicamente por la actual directora y no permiten establecer por sí solas el valor global de esa contratación.

Restrepo también cuestionó un gasto relacionado con instalaciones del Instituto. Según aseguró, la administración anterior decidió mantener el pago de un arrendamiento superior a $220 millones mensuales por unas instalaciones cuya ocupación puso en duda. “O cuando decidió seguir pagando un arriendo de más de 220 millones de pesos mensuales por unas instalaciones cuya ocupación pueden ver ustedes mismos”, escribió.

La actual directora acompañó su publicación con imágenes de espacios de oficina y vinculó estos gastos con la discusión sobre la disponibilidad de recursos del Instituto. “Celebro que la austeridad le haya llegado. Lástima que haya sido después de salir del ICBF”, manifestó Restrepo en respuesta a Cáceres.

El cruce entre las dos funcionarias se produce en medio de una revisión de la contratación del Instituto que Restrepo viene anunciando desde que asumió el cargo.

El pasado 24 de agosto, el propio ICBF informó que su directora había advertido sobre un incremento del 89 % en la contratación entre 2022 y 2024. La funcionaria anunció una revisión para determinar las razones del aumento, el destino de los recursos y los resultados obtenidos.

La actual administración también ha informado que adelanta una revisión del presupuesto y de la contratación para 2027. El ICBF señaló el 21 de agosto que Restrepo gestionó ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación más de $253.000 millones para garantizar el funcionamiento de los servicios de la entidad hasta diciembre de 2026.

En ese mismo comunicado sostuvo que la nueva administración encontró contratos vencidos desde el 31 de julio en 11 departamentos para servicios de primera infancia.

Restrepo asumió oficialmente la Dirección General del ICBF en agosto de 2026. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos jurídicos, financieros y corporativos, según su perfil institucional.

Astrid Cáceres, por su parte, había llegado a la Dirección General del Instituto durante el gobierno de Gustavo Petro. El entonces presidente la posesionó el 21 de marzo de 2023, después de que se desempeñara como subdirectora general del organismo. Permaneció al frente de la entidad durante buena parte de la administración Petro.

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