Pacto Histórico enfrenta división interna por votación que favoreció traslado de procesos de Álvaro Uribe

Las diferencias internas en el Pacto Histórico se hicieron públicas después de que cinco representantes de esa colectividad votaran a favor de trasladar a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes varios procesos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, hechos por los que se investiga al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La votación se produjo durante una sesión de la Comisión de Acusación de la Cámara, que estudió una solicitud presentada por el abogado Jaime Granados, apoderado del expresidente Uribe.

La petición buscaba que los procesos por presuntos crímenes de lesa humanidad dejaran de estar bajo conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y fueran trasladados a esa célula legislativa, competente para adelantar actuaciones relacionadas con presidentes de la República.

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La solicitud requería el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Comisión para avanzar. La decisión tomó otro rumbo cuando los cinco representantes del Pacto Histórico que hacen parte de esa instancia, conformada por 17 miembros, respaldaron el traslado de los expedientes.

Los representantes del Pacto Histórico que votaron favorablemente fueron Gabriel Becerra, José Arias, Jorge Bastidas, Heráclito Landínez y María del Mar Pizarro.

La actuación de los congresistas generó cuestionamientos dentro de la colectividad debido a que la decisión se apartó de la posición que la bancada había mantenido frente a estos procesos.

El expresidente Gustavo Petro, líder de la oposición, reaccionó a lo ocurrido y cuestionó la manera como se produjo la aprobación de la proposición en la Comisión de Acusación.

“Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”, afirmó Petro al referirse a la votación.

El expresidente también sostuvo que los crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado deben ser conocidos por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y planteó que ese mecanismo debe encargarse de establecer la verdad sobre esos hechos.

“La JEP es el camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional, sin verdad no hay reconciliación y Colombia necesita juntarse”, manifestó Petro.

Tras las críticas surgidas por la decisión, el representante Gabriel Becerra, uno de los integrantes del Pacto Histórico que respaldaron el traslado, difundió un comunicado en el que explicó su posición y negó que la votación respondiera a algún entendimiento político relacionado con los procesos que involucran al expresidente Uribe.

“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”, señaló Becerra en su pronunciamiento.

La votación también provocó la reacción de la exministra de Salud y senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho, quien recordó la naturaleza jurídica que, según indicó, la Corte Suprema de Justicia ha atribuido a los hechos investigados.

“La Corte Suprema de Justicia declaró estos hechos como crímenes de lesa humanidad: son imprescriptibles, no fenecen en el tiempo y no admiten preclusión ni vencimiento de términos.

La verdad, la memoria y la justicia para las víctimas deben prevalecer bajo el estricto mandato de la ley”, expresó Corcho.

Las posiciones de Petro, Becerra y Corcho dejaron expuestas las diferencias surgidas dentro del Pacto Histórico después de la votación de sus cinco representantes en la Comisión de Acusación.

Mientras Becerra sostuvo que no existió un acuerdo político que comprometiera los derechos de las víctimas, Petro cuestionó la actuación de los congresistas y defendió que los casos relacionados con crímenes de lesa humanidad del conflicto armado sean asumidos por la JEP.

La controversia se concentra en la decisión adoptada por los cinco congresistas del Pacto Histórico que integran la Comisión de Acusación, cuyo respaldo permitió que avanzara la solicitud presentada por la defensa de Álvaro Uribe para trasladar a esa instancia los procesos correspondientes a las masacres de El Aro y La Granja y al asesinato de Jesús María Valle.

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