Petro y Meisel se enfrentan por inundaciones en Córdoba: el debate se traslada a X

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el senador del Centro Democrático Carlos Meisel, protagonizaron un nuevo contrapunteo público en las últimas horas a raíz de la emergencia invernal que afecta severamente a varios municipios del Caribe colombiano, particularmente en los departamentos de Córdoba y Sucre.

El intercambio, que se desarrolló en la red social X (antes Twitter), inició cuando el jefe de Estado publicó un mensaje en el que, en respuesta a señalamientos previos del congresista, cuestionó sus capacidades intelectuales y lanzó duras acusaciones sobre el supuesto papel de “los amigos Meisel” en la transformación de los ecosistemas hídricos de la región.

“¿No te alcanza el cerebro para entenderme? Sus amigos Meisel se tiraron el ciclo natural del agua para quedarse con la tierra a sangre y fuego”, escribió Petro.

En su mensaje, también aludió a lo que denominó una estrategia de manipulación del recurso hídrico: “Ahora arrojan agua sobre el campesinado que guardaron en las generadoras hidroeléctricas para semejar una escasez de gas y venderle el agua a la gente a precio diez veces más alto”.

El senador Meisel respondió horas más tarde con un extenso comunicado en el que, además de rechazar el tono empleado por el mandatario, hizo una serie de observaciones sobre la responsabilidad del actual Gobierno en el manejo del recurso hídrico y de la emergencia invernal.

“Presidente @petrogustavo, aquí lo importante es trabajar por los cordobeses y NO las capacidades de mi cerebro. Yo no tengo los problemas de egos que sufre usted, así que le acepto sin réplica sus valoraciones cognitivas.

Lo que duele es que la urgencia que tiene la gente quede presa en el remolino de su caos intelectual”, escribió el legislador.

El congresista recordó que cuando se inició la construcción de la central hidroeléctrica de Urrá, en 1993, el entonces representante Gustavo Petro ya hacía parte del Congreso.

También le atribuyó responsabilidad directa sobre las decisiones que hoy adopta la junta directiva de Urrá —por ser una entidad pública— y sobre los nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo que define precios y políticas del sector energético.

Meisel también señaló que las catástrofes naturales han sido recurrentes en distintos gobiernos, mencionando tragedias como la de Armero (1985), Páez (1994), Mocoa (2017) o la emergencia sanitaria del COVID-19.

En su opinión, lo que distingue negativamente al actual presidente es su falta de acción inmediata en medio de la crisis. “¿Cuál es el único Presidente que ante una situación de calamidad empieza a ‘derramar filosofía’ en vez de resolver la urgencia? Respuesta: USTED”, escribió el senador.

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En una publicación adicional, Meisel arremetió de forma más directa contra el mandatario: “Presidente @petrogustavo, llevas dos días en Córdoba hablando mierda y filosofando sobre lo divino y lo humano y no ha logrado una sola acción que saque medio milímetro de agua.

¡Chambón!”. También acusó al presidente de lanzar afirmaciones que cruzan la línea del respeto: “Yo no he sido coautor de ningún asesinato. Vuélvase respetable, que no te dejas respetar”.

Este nuevo enfrentamiento verbal se produce en medio de crecientes críticas de distintos sectores políticos y sociales por la falta de acciones concretas ante las afectaciones por las lluvias en el Caribe. Municipios como Ayapel, Lorica y San Benito Abad han reportado daños severos por el desbordamiento de ríos y canales, afectando a miles de personas, cultivos y viviendas.

Aunque el Gobierno ha anunciado presencia institucional en la zona y visitas del presidente Petro, líderes regionales han reclamado mayor celeridad en la ejecución de obras de mitigación, así como la declaratoria formal de emergencia para facilitar la destinación de recursos.

Impacto de las lluvias en el Caribe y cifras de la emergencia

Las inundaciones que afectan desde finales de enero de 2026 a gran parte del Caribe colombiano —especialmente los departamentos de Córdoba y Sucre— han alcanzado niveles sin precedentes para un mes típicamente seco.

Autoridades nacionales y regionales han reportado que más de 120.000 personas han resultado afectadas o desplazadas por las lluvias intensas, con al menos 14 víctimas mortales en varias regiones del país debido a inundaciones y deslizamientos asociados al evento climático atípico.

En Córdoba, el gobernador Erasmo Zuleta informó que el 80 % del territorio del departamento está bajo el agua, con miles de familias que han perdido sus viviendas y medios de sustento.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, señaló que las precipitaciones en la cuenca del río Sinú superaron en un 1.600 % los promedios históricos para febrero, lo que ha resultado en miles de hectáreas de cultivo y pastizales inundados, así como daños estructurales a miles de viviendas.

Se han reportado más de 1.700 viviendas destruidas y unos 4.000 inmuebles inhabitables solo en Córdoba, cifras que podrían ajustarse una vez bajen las aguas y se completen las verificaciones de daños.

Estudios y reportes institucionales también muestran que casos similares de inundaciones masivas ya habían afectado al Caribe colombiano en fenómenos climáticos previos, como ocurrió durante el periodo de La Niña 2021‑2023, cuando más de 481.000 familias quedaron afectadas en todo el país y más de 515.000 hectáreas se vieron impactadas por inundaciones y desbordamientos de ríos.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad pública encargada de la coordinación de la respuesta ante emergencias, enfrenta desde 2024 uno de los escándalos de corrupción más resonantes en Colombia en años recientes.

Una decena de altos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro han sido judicializados o están formalmente vinculados a las investigaciones penales que adelantan la Fiscalía General de la Nación y otros órganos de control.

Entre ellos figura el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, sobre quien pesa una orden de captura y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. González es investigado por presunto direccionamiento de recursos y sobornos asociados a la contratación de la UNGRD.

También aparece en el expediente el exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, quien enfrenta un proceso penal por su presunta participación en actos de corrupción e interés indebido en la celebración de contratos.

A su vez, el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido citado en el proceso por haber participado en reuniones relacionadas con los hechos investigados. Lo mismo ocurre con la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señalada por su presencia en encuentros de alto nivel en los que se habría discutido la asignación irregular de recursos públicos.

Otro nombre relevante en la lista de investigados es el de Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, a quien se le vincula con acuerdos políticos que habrían facilitado la adjudicación de contratos de la UNGRD.

De igual forma, se indaga la responsabilidad de Jaime Ramírez Cobo, exasesor de Presidencia, por supuesta manipulación de procesos contractuales, así como la de Kevin Fernando Henao Martínez, quien se desempeñaba como director de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, y la de Alba Nury Martínez Barrera, exsecretaria privada del Ministerio de Hacienda, ambos señalados en las pesquisas por participación en contratos irregulares.

En el centro del escándalo se encuentran Olmedo López, exdirector de la UNGRD, procesado por corrupción, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad. Este último ha sido condenado y recibió un principio de oportunidad, por lo que se ha convertido en testigo clave de la Fiscalía en los procesos contra otros implicados.

Además de los funcionarios del Ejecutivo, las investigaciones han alcanzado al Congreso de la República. Varios parlamentarios han sido mencionados o están siendo objeto de indagación penal por supuestamente haber recibido beneficios a cambio de respaldar decisiones oficiales.

Entre ellos se encuentran la senadora Liliana Bitar Castilla, el senador Juan Pablo Gallo, el representante Wadith Alberto Manzur, el senador Julián Peinado Ramírez, la congresista Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.

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