Petro no suspende diálogo con 'Calarcá' tras denuncias de nexos ilegales

El presidente Gustavo Petro afirmó que el proceso de diálogo con alias ‘Calarcá’ continuará, pese a las investigaciones que avanzan sobre un posible entramado entre integrantes del Gobierno, miembros del Ejército y grupos disidentes. Según explicó, los acercamientos se encuentran en una fase inicial y, por ahora, no contemplan la suspensión de operaciones militares contra las estructuras al mando del jefe guerrillero.

En ese sentido, Petro dejó claro que las fuerzas bajo el mando de ‘Calarcá’ siguen siendo objeto de acciones del Ejército. “Las fuerzas de Calarcá son atacadas por nuestro Ejército y solo de él dependerá si se rompen negociaciones”, afirmó, indicando que la continuidad del proceso dependerá más de la respuesta del grupo armado que de una decisión unilateral del Gobierno.

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La controversia tomó fuerza luego de que se conociera una investigación sobre presuntos nexos entre un general del Ejército, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y miembros de las disidencias de las Farc dirigidas por ‘Calarcá’. 

La revelación fue realizada por Noticias Caracol, que informó sobre cientos de archivos incautados -chats, correos, cartas y fotografías- hallados en dispositivos electrónicos de líderes disidentes detenidos y posteriormente liberados tras un retén militar el 23 de julio de 2024 en Anorí, Antioquia.

Ante esto, la Procuraduría abrió una indagación previa contra el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera y el funcionario de la DNI Wílmar Mejía. Según información divulgada por medios de comunicación, ambos habrían filtrado información clasificada sobre movimientos de tropas y operaciones planeadas contra estructuras criminales en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar, lo que habría comprometido la seguridad de las acciones militares.

Frente al escándalo, el presidente Petro negó la veracidad de los supuestos informes de inteligencia que involucraban a Huertas y a Mejía, asegurando que se trataba de documentos falsos destinados a desprestigiar a personas que han contribuido a revelar casos de corrupción dentro del propio Ejército. Como ejemplo, mencionó el robo de armas en La Guajira y la entrega irregular de permisos a compañías de seguridad, casos que, según dijo, evidencian la resistencia a la lucha contra la corrupción al interior de la institución.

De este modo, mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y crece el debate político, el Gobierno mantiene su apuesta por explorar una salida negociada con las disidencias, aun cuando el proceso se desarrolla en un ambiente marcado por fuertes cuestionamientos y tensiones institucionales.

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