Gobernadores acudirán a la Corte Constitucional por decreto que afecta impuestos al licor y cigarrillo

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó su inconformidad al concluir una reunión sostenida con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en el marco de las discusiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios departamentales sobre los efectos de los decretos de emergencia que modifican la distribución de rentas cedidas por consumo de licores y cigarrillos.

Según la funcionaria, el encuentro no permitió avanzar hacia acuerdos concretos que garanticen la sostenibilidad financiera del régimen subsidiado de salud en su departamento y en otras regiones del país.

Toro enfatizó que la disputa con el Ejecutivo no corresponde a una confrontación de naturaleza política, sino a una preocupación por el impacto que las recientes decisiones normativas tendrían sobre los recursos destinados a servicios esenciales como la salud, la educación y la recreación.

Señaló que las medidas adoptadas desde el Gobierno central vulneran principios constitucionales relacionados con la autonomía territorial, al pretender concentrar en el nivel nacional rentas que, tradicionalmente, han sido administradas por los entes departamentales.

Durante su intervención, la gobernadora advirtió que, en el Valle del Cauca, cerca del 49 % de los ingresos de la industria licorera y el total del recaudo por impuestos al cigarrillo están comprometidos con la financiación del régimen subsidiado de salud.

En este esquema, los departamentos transfieren recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad encargada de girar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) el dinero correspondiente a la atención de la población sin capacidad de pago.

Toro afirmó que, de mantenerse la disposición que centraliza los ingresos provenientes de esos gravámenes, se corre el riesgo de suspender la cobertura para los sectores más vulnerables.

“Si no pagamos el régimen subsidiado al ADRES, la gente se queda sin salud”, manifestó la mandataria, al advertir sobre una eventual crisis sanitaria en los territorios por la falta de liquidez para cumplir con las obligaciones establecidas por el sistema.

El panorama fiscal se torna más complejo ante la denuncia realizada por la Gobernación respecto al impacto que tendría la pérdida de estos recursos.

Lea también: (Hijo de Nicolás Maduro es señalado en EE.UU. por nexos con las Farc)

Solo en lo correspondiente al impuesto sobre cigarrillos, el departamento estima una afectación cercana a los 120.000 millones de pesos.

A ello se suma el fenómeno del contrabando, que según cifras oficiales ya representa el 40 % del mercado de cigarrillos en la región, en manos de estructuras criminales que se benefician de los márgenes de evasión tributaria.

Toro explicó que el aumento del impuesto específico al consumo encarece los productos legales y facilita la expansión del comercio ilícito, debilitando a la vez la industria local de licores y tabacos.

La mandataria recordó que las rentas cedidas por consumo de licores y cigarrillos constituyen una de las principales fuentes de financiación para los programas sociales desarrollados por los gobiernos departamentales.

Por ello, señaló que la posición asumida por los gobernadores frente al decreto no busca desconocer la autoridad del Ejecutivo, sino preservar los mecanismos de financiación territorial que sustentan el cumplimiento de derechos básicos.

A pesar de que en días anteriores se había planteado una posible “rebelión” de los departamentos, en la que se evaluaba no aplicar el decreto expedido por el Gobierno nacional, Toro aclaró que se optará por agotar las vías jurídicas.

Indicó que la Federación Nacional de Departamentos radicará ante la Corte Constitucional una solicitud para que se suspendan provisionalmente los efectos del decreto en lo concerniente a los recursos derivados del consumo de licores y cigarrillos.

La acción busca abrir un escenario de revisión que permita al alto tribunal determinar si el Ejecutivo incurrió en una extralimitación de funciones al modificar, mediante decreto, el destino de unas rentas que ya están reglamentadas en leyes previas y sujetas a distribución legal entre la Nación y los entes territoriales.

Otras noticias