Por aumento de incidentes a bordo, Congreso pide sanciones más duras contra pasajeros agresivos

El transporte aéreo en Colombia cerró 2025 con una alerta encendida por el aumento de comportamientos disruptivos entre pasajeros, una tendencia que ha impulsado al sector a solicitar al Congreso de la República un endurecimiento del régimen sancionatorio para este tipo de conductas.

De acuerdo con cifras de una de las principales aerolíneas del país, durante 2025 se registraron 572 incidentes protagonizados por pasajeros, lo que representó un incremento del 27,1 % frente a los 450 casos reportados en 2024. Los episodios incluyeron agresiones verbales, ataques físicos y situaciones que comprometieron la seguridad operacional y el bienestar de la tripulación.

El aumento de estos hechos generó preocupación por su impacto directo en la seguridad aérea y en la experiencia de viaje, además de reactivar el debate legislativo en torno al Proyecto de Ley 153 de 2025, que actualmente cursa en el Congreso y propone sanciones más severas contra los pasajeros que alteren el orden o pongan en riesgo los vuelos.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 13 de enero en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, donde una pasajera agredió físicamente a empleados de la aerolínea durante un procedimiento en tierra. El hecho activó los protocolos internos de la compañía, que brindó atención médica a la trabajadora afectada y canceló el contrato de transporte de la usuaria.

La aerolínea informó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y que acompañó jurídicamente a su empleada para instaurar una denuncia penal por lesiones personales. La pasajera fue detenida, puesta a disposición de la Fiscalía y posteriormente judicializada.

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Este episodio reforzó el llamado del sector a actualizar el marco normativo vigente. Según la empresa, la seguridad y el respeto hacia empleados y pasajeros son principios innegociables, y cualquier conducta violenta o disruptiva representa un riesgo tanto para las personas como para la operación de los vuelos.

La compañía reiteró su política de cero tolerancia frente a estos comportamientos y aseguró que seguirá utilizando todas las herramientas legales disponibles, incluidas demandas civiles y denuncias penales, para proteger a su personal y a los usuarios. Asimismo, insistió en la necesidad de contar con un respaldo legal más robusto que permita disuadir y sancionar este tipo de conductas de manera efectiva.

El Proyecto de Ley 153 de 2025 plantea, entre otros puntos, sanciones más estrictas para los infractores reincidentes, mayores garantías jurídicas para el personal aeronáutico y mecanismos de prevención orientados a fortalecer la convivencia a bordo. Para el sector, la aprobación de esta iniciativa resulta clave para garantizar un ambiente seguro y recuperar la confianza de los viajeros.

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