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Informe de inteligencia financiera de la UIAF revela raras operaciones por $130 millones en caso del escolta capturado
Los movimientos de dinero en efectivo de escolta vinculado al secretario de la Cámara.
Un informe de inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las investigaciones adelantadas por autoridades judiciales abrieron un nuevo capítulo en el escándalo político que estalló en La Guajira tras la captura de un escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, a quien se le hallaron millonarias sumas de dinero en efectivo distribuidas en sobres con nombres de líderes políticos de la región.
El caso se remonta a los primeros días de marzo de 2026, cuando uniformados de la Policía Nacional instalaron un retén en la vía Distracción–Cuestecitas, en el departamento de La Guajira. Allí detuvieron un vehículo particular en el que viajaban dos personas.
Durante la inspección del automotor, los agentes encontraron cerca de 145 millones de pesos en efectivo, distribuidos en siete sobres de manila marcados con nombres propios, además de material de campaña política.
Uno de los ocupantes del vehículo fue identificado como Luis Alfredo Acuña Vega, escolta vinculado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara.
La presencia del dinero y la propaganda electoral generó sospechas sobre una posible estructura de financiación irregular o compra de votos a pocos días de las elecciones legislativas previstas para el 8 de marzo de 2026.
Los sobres hallados durante el procedimiento policial estaban marcados con los nombres de siete personas: Dévora Barros, “Beba” Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy Romero, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.
Las verificaciones preliminares indican que varios de ellos han tenido participación en la vida política y administrativa de La Guajira. Kevin Cantillo, Cristian Bermúdez y Ghandy Romero han ejercido como concejales del municipio de Riohacha, capital del departamento.
Por su parte, Rosa Pacheco fue presidenta de la Asamblea Departamental de La Guajira en 2010.
Edwin Solano también ha ocupado cargos en la administración pública local y se desempeñó como secretario de Desarrollo en el municipio de Maicao.
En el caso de “Beba” Ramírez, medios regionales la han relacionado con Laura Marcela Ramírez Cantillo, exconcejal de Maicao. Dévora Barros, en tanto, es reconocida como lideresa indígena wayúu y ha tenido presencia en procesos políticos y comunitarios dentro del departamento.
El caso tomó mayor relevancia porque dentro del vehículo también se encontró publicidad electoral del candidato al Senado Daniel Restrepo, militante del Partido Conservador.
Restrepo es considerado cercano al senador antioqueño Carlos Andrés Trujillo, dirigente de ese partido que ha tenido influencia política en el departamento de La Guajira.
El secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture Peñaloza, pertenece a una influyente familia política de ese departamento.
Su madre, Cielomar Peñaloza, es alcaldesa del municipio de Villanueva, una de las zonas con mayor actividad política del sur de La Guajira.
En medio de las investigaciones surgió un reporte de la UIAF, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de analizar operaciones financieras sospechosas.
En el documento se revisaron movimientos bancarios asociados a personas cercanas al caso.
En particular, se analizaron cuentas vinculadas a Luis Alfredo Acuña Vega, encontrando que entre 2025 y enero de 2026 no se registraban ingresos financieros que justificaran el dinero que transportaba al momento de su captura, según el extracto del informe conocido por investigadores.
El reporte también menciona movimientos asociados a Jaime Luis Lacouture Peñaloza, en los que se detectaron depósitos en efectivo por 130 millones de pesos realizados el 20 de enero de 2026 en Bogotá, distribuidos en seis transacciones.
De acuerdo con el informe, estos depósitos no tendrían relación evidente con retiros previos de sus productos financieros, salvo un retiro de 35 millones realizado días antes.
Las autoridades analizan si estas operaciones tienen alguna relación con el dinero incautado o si corresponden a transacciones independientes.
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