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Fiscalía aparta a fiscal del caso Laura Sarabia por estrecha amistad con el abogado defensor

Juan Carlos Arias Duque se declaró impedido tras revelar un vínculo personal de más de 25 años con el representante de la embajadora; el proceso será reasignado.

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Por Agencia Periodismo Investigativo | Sáb, 31/01/2026 - 16:18 Créditos: Cancillería

La Fiscalía General de la Nación oficializó este sábado 31 de enero el apartamiento del fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación penal que se adelanta contra Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido. La determinación surge tras un impedimento presentado por el propio funcionario judicial, quien manifestó la existencia de un conflicto de intereses que podría comprometer la objetividad y transparencia del proceso por el presunto uso irregular del polígrafo contra Marelbys Meza.

El fiscal Arias Duque, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, reveló que mantiene una amistad "cercana e íntima" desde hace más de veinticinco años con el abogado José Fernando Reyes Cuartas, quien lidera la defensa técnica de la diplomática. Según el funcionario, este vínculo trasciende lo profesional para situarse en ámbitos personales, académicos y sociales, lo cual, bajo la normativa vigente, constituye una causal clara para separarse del conocimiento del expediente.

El ente acusador aceptó los argumentos del fiscal al considerar que la relación está "debidamente acreditada" y que, para salvaguardar la administración de justicia, es imperativo que el caso sea liderado por alguien sin nexos con las partes. Este cambio procesal implica que el expediente será remitido a una nueva fiscalía delegada mediante reparto, lo que obligará al nuevo equipo investigador a iniciar el análisis de la causa desde cero, pudiendo generar retrasos en las definiciones judiciales.

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La investigación contra Sarabia se centra en el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Los hechos se remontan a finales de enero de 2023, cuando Marelbys Meza, entonces niñera de la funcionaria, denunció haber sido sometida a una prueba de polígrafo ilegal y tratos humillantes en dependencias cercanas al Palacio de Nariño, tras la pérdida de una suma de dinero en la residencia de la entonces jefa de gabinete.

Arias Duque fundamentó su retiro en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que establece la amistad íntima entre el funcionario y los representantes de las partes como motivo de recusación o impedimento. La Fiscalía General reiteró que cualquier factor que pueda nublar la ecuanimidad de un fiscal debe ser causal de separación inmediata, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la imparcialidad judicial.

En la resolución que confirma el cambio, se dispuso que, si Laura Sarabia llegara a perder su fuero constitucional como embajadora, la nueva fiscalía asignada mantendría la competencia del caso por asignación especial. Esto busca evitar futuras interrupciones procesales y garantizar que la investigación avance independientemente de los cambios en el cargo de la investigada.

Mientras se define el nuevo fiscal para Sarabia, el ente acusador avanza en otras líneas del mismo escándalo. Se confirmó que el próximo 18 de febrero de 2026 se realizará la audiencia de acusación contra el coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal relacionados con el mismo episodio del polígrafo.

El caso de Marelbys Meza ha sido uno de los procesos con mayor impacto mediático y político durante la actual administración. La denuncia inicial de la exniñera desató una cadena de investigaciones que incluyen interceptaciones ilegales, presiones a subordinados y el cuestionamiento del uso de recursos de seguridad presidencial para fines particulares, lo que mantiene la atención de los organismos de control.

Con la salida de Arias Duque, el país queda a la espera de conocer quién asumirá el control de un expediente de alta sensibilidad política. La transparencia en la reasignación será clave para determinar si el proceso contra la embajadora logra avanzar hacia una etapa de imputación o si la interrupción administrativa dilata aún más el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace tres años.

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