SIC respalda a 14 funcionarios y contratistas que fueron sancionados por la Procuraduría

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que en su calidad de autoridad nacional de protección de la libre competencia, y en atención a la reciente decisión adoptada por la Procuraduría General de la Nación respecto de los funcionarios y contratistas que participaron en las visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 en la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores, orientadas a verificar eventuales vulneraciones al régimen de libre competencia en el marco de procesos de contratación estatal —en algunos casos relacionados con la firma Thomas Greg & Sons—, expidió un comunicado.

“Expresamos nuestro respaldo irrestricto a las personas sancionadas, quienes son servidores y contratistas con trayectoria institucional y experiencia en la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas; su trabajo ha contribuido a la defensa del interés público y a la lucha contra la corrupción económica a través de los principios y reglas que desde hace décadas han servido de estándar para la realización de las visitas administrativas.

Estos procedimientos de inspección se efectuaron en ejercicio de facultades legítimas y conforme a protocolos institucionales, los cuales han sido objeto de control judicial por las Altas Cortes de Colombia, sin ser, por otra parte, objeto de cuestionamiento por parte de la Procuraduría.

La afectación de sus condiciones laborales y la limitación de las facultades de inspección, vigilancia y control de la SIC están dirigidos a cercenar la capacidad institucional para proteger la competencia y el bien común.

La imposición de estas sanciones a los funcionarios y contratistas de inhabilidades para contratar con el Estado hasta por cinco años y de sanciones pecuniarias de hasta 130 millones dan cuenta de la intención de reducir a su mínima expresión las funciones de esta autoridad y afectar personalmente a un grupo de servidores públicos que han demostrado una alta consciencia ética y jurídica en la defensa del interés general.

Desde la autoridad confiamos que en la segunda instancia se realice un examen juicioso e imparcial de la totalidad de los elementos probatorios que fueron recaudados en el marco del proceso disciplinario y confiamos en que la decisión final respetará la verdad jurídica, preservará la integridad del derecho y garantizará el normal funcionamiento de la institución en la persecución de la corrupción económica”.

Y es que en fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia (2024), así como a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por extralimitar funciones en visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los Fondos Rotatorios de estas entidades, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.

La decisión disciplinaria también afectó a los profesionales universitarios, Mario Alejandro Franco Vanegas y Martha Liliana Fandiño Vergara; a la profesional especializada (E) Yolanda Hernández Alonso; y a los contratistas: Mercy Lorena Agamez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Rober Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso.

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El ente de control comprobó que el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como "El Despacho" para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación.

Además, determinó que este actuar irregular podría generar implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio, y espejos forenses (réplicas exactas de dispositivos de almacenamiento digital), al presentarse con un objeto distinto a las denuncias efectuadas que buscaban verificar prácticas fraudulentas en contratos de Thomas Greg & Sons, relacionadas con presuntos favorecimientos en la contratación de expedición de cédulas y pasaportes por parte de estas entidades.

Para la Procuraduría estas actuaciones de los disciplinados afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia.

Los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses, mientras que los 12 contratistas fueron sancionados con multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) e inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco años.

Finalmente, el Ministerio Público puntualizó que para efectos de la ejecución de la sanción, en caso de que los servidores públicos suspendidos no se encuentren en desempeño del cargo, la falta se convertirá en pecuniaria sin perjuicio de la inhabilidad.

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