Denuncian que testigo de fallas electorales presentada por Petro firmó contratos por $336 millones con el Gobierno

La controversia por la legitimidad del preconteo electoral de 2022 volvió a escalar tras la presentación pública que hizo el presidente Gustavo Petro de Natalí Carmona Giraldo, una mujer que aseguró haber presenciado presuntas irregularidades en el proceso de transmisión de resultados en la ciudad de Pereira.

Su intervención, difundida por canales oficiales y replicada por el mandatario, abrió un nuevo frente de debate en medio de la tensión política por la elección del 8 de marzo y las críticas del Gobierno al sistema electoral.

Carmona afirmó que durante su trabajo logístico en los comicios habría identificado inconsistencias en el manejo de datos preliminares y llegó a plantear que “el software electoral posiblemente no existe”, una expresión que generó inquietud inmediata en sectores políticos y académicos, dado que la infraestructura tecnológica de las elecciones es operada y auditada por organismos estatales y empresas contratadas por la Registraduría.

El presidente Petro respaldó públicamente su relato y señaló que sus denuncias debían ser escuchadas y verificadas, una postura que críticos interpretaron como un intento de poner en duda la transparencia del proceso electoral previo a la jornada del 8 de marzo.

La Registraduría, por su parte, reiteró que el preconteo es un sistema de divulgación rápida que no tiene efectos jurídicos y que las elecciones se validan únicamente con el escrutinio.

Las denuncias de Daniel Briceño sobre los contratos de la testigo

Tras la intervención de Carmona, el concejal y analista político Daniel Briceño publicó documentos que, según él, muestran que la testigo ha sido contratista del Estado en diferentes entidades durante los últimos años.

Briceño sostuvo que el Gobierno estaría utilizando su testimonio como un mecanismo para deslegitimar anticipadamente los resultados electorales, mientras ella ha recibido contratos significativos con instituciones públicas.

El cuadro contractual conocido muestra que Natalí Carmona Giraldo figura como proveedora en convenios con Prosperidad Social y con la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), por valores acumulados cercanos a $379 millones en el periodo 2023–2026.

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Según los datos compartidos:

Contratos con Prosperidad Social

517-FIP-2024: $41.300.000
208-FIP-2025: $59.000.000
512-FIP-2026: $61.600.000

Contratos con la UPME

Contrato suscrito antes del 12 de octubre de 2023: $34.276.480
CO1.PCCNTR.5453100 (2023): $11.664.800
CO1.PCCNTR.5869630 (2024): $45.640.000
CO1.PCCNTR.7733775 (antes del 12 de octubre de 2023): $34.276.480
CO1.PCCNTR.7752785 (2025): $39.173.120
CO1.PCCNTR.8946959 (2026): $52.500.000

La suma total asciende a $379.430.880.

Briceño cuestionó que la testigo haya sido presentada sin informar al público que mantenía una relación contractual activa con entidades gubernamentales, lo que —según él— podría afectar la credibilidad de sus declaraciones.

También sostuvo que el Gobierno estaría utilizando su testimonio para respaldar la tesis de un fraude no demostrado que, según sus opositores, podría preparar el terreno para desconocer los resultados del próximo proceso electoral.

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