Computadores de Raúl Reyes: Interpol rechazó versiones de manipulación y aclaró sus conclusiones

La discusión sobre el valor y la interpretación de los computadores incautados al exjefe guerrillero Raúl Reyes volvió a escena tras el anuncio del exministro Daniel Palacios de presentar una denuncia internacional contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

Según Palacios, en los archivos recuperados se mencionaría al senador, mientras que Cepeda sostiene que ese material no tiene validez jurídica debido a irregularidades en la cadena de custodia.

El debate llevó a recordar el pronunciamiento emitido por Interpol, con sede en Lyon, en 2008, luego de concluir el análisis forense de ocho dispositivos incautados en el operativo militar del 1 de marzo de ese año en territorio ecuatoriano, en el que murió Reyes.

La organización policial internacional aclaró entonces que su informe había sido objeto de interpretaciones incorrectas y que algunas autoridades habían difundido afirmaciones que no se ajustaban al contenido real de sus conclusiones.

En su declaración pública, Interpol indicó que, durante la preparación del informe, solicitó y recibió de Colombia toda la documentación relacionada con la cadena de custodia, incluida una sesión informativa reservada.

Tras revisar el material disponible, concluyó que los equipos enviados para análisis sí fueron recuperados en el campamento de las FARC y que pertenecían a Reyes.

Esta definición era central para determinar si existió manipulación posterior a la incautación.

El documento técnico precisó que, según los expertos, no se creó, modificó ni eliminó archivo alguno de usuario después del 1 de marzo de 2008, fecha en la que los dispositivos quedaron en poder de las autoridades colombianas.

De acuerdo con el organismo, esa conclusión se sustentó en procedimientos forenses detallados y verificables, que también descartaron alteraciones durante el periodo comprendido entre el 1 y el 3 de marzo, cuando los equipos permanecieron bajo custodia estatal.

Interpol rechazó, en su momento, la versión difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, según la cual no existían pruebas suficientes para afirmar que los archivos no habían sido modificados.

La organización señaló que, si no hubo creación, modificación o eliminación de datos, es natural que no exista evidencia de esas acciones, y reiteró que su investigación independiente concluyó que no hubo manipulación.

No obstante, Interpol subrayó un aspecto central para el debate que hoy resurge en Colombia: verificar que los archivos no fueron alterados no equivale a certificar su veracidad.

Otros hallazgos

El informe estableció que la organización nunca avaló el origen, exactitud o autenticidad de los contenidos y que su rol se limitó a determinar si los equipos y la información habían sido modificados después de la operación militar.

La entidad recordó también que su estudio no fue preparado para ser utilizado como prueba judicial y que ningún país miembro está obligado a darle valor probatorio.

Cada Estado, incluyendo Colombia y Ecuador, conserva la potestad de aceptar o rechazar el informe de forma total o parcial.

Sin embargo, Interpol advirtió que las autoridades no deben desinformar al público sobre las conclusiones técnicas del organismo ni utilizarlas de manera equívoca para respaldar posiciones políticas.

En ese momento, la organización insistió en que, si algún gobierno tenía objeciones sobre el contenido de los archivos de usuario, debía dirigirlas hacia las FARC, titulares originales de los dispositivos.

Interpol ofreció reuniones a los países interesados para aclarar dudas, encuentros que, según afirmó, no fueron aceptados.

La discusión revive ahora por la acusación que Palacios pretende elevar ante instancias internacionales respecto al material encontrado en los computadores.

Cepeda, por su parte, mantiene que dicho contenido carece de utilidad jurídica por fallas en la custodia y porque —según ha dicho— ninguna autoridad judicial en Colombia ha podido usarlo como prueba.

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, ha reiterado de manera constante que los archivos extraídos de los computadores incautados al cabecilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no pueden considerarse prueba válida en ningún proceso judicial contra su persona porque, a su juicio, no tuvieron una cadena de custodia válida y, por ende, no cumplen con los requisitos legales para ser usados como evidencia.

Esta posición ha sido expuesta por Cepeda en múltiples entrevistas y contenidos difundidos en redes sociales, donde ha insistido en que la aparición de su nombre fue interpretada de forma errónea y que no existe relación probada entre él y miembros de ese grupo armado.

El candidato ha señalado además que los tribunales colombianos, en particular la Corte Suprema de Justicia, han declarado que los archivos no pueden ser utilizados como insumo probatorio precisamente por la forma en que fueron obtenidos fuera del país, lo que viola protocolos de recolección de pruebas.

Cepeda ha enfatizado que esa exclusión responde a cuestiones formales de procedimiento y no a una valoración sobre la veracidad del contenido, aunque ha cuestionado la interpretación política que se ha hecho de esos documentos al vincularlo con las Farc

Texto completo de Interpol

LYON, Francia – Tras la publicación del “Informe forense de INTERPOL sobre los computadores y dispositivos de las FARC incautados por Colombia” el jueves 15 de mayo de 2008, se han difundido múltiples afirmaciones inexactas y engañosas en relación con las conclusiones de INTERPOL.

La interpretación más reciente del informe apareció en un comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador el martes 10 de junio, después de una reunión con funcionarios de INTERPOL de su oficina en Nueva York ante las Naciones Unidas.

El comunicado ecuatoriano da la falsa impresión de que durante la reunión se presentó información “nueva”. INTERPOL considera que Ecuador ha interpretado de manera incorrecta las conclusiones principales del informe y el contenido de las conversaciones sostenidas con su personal.

Por ejemplo, el comunicado de Ecuador sugiere de manera inexacta que INTERPOL no había establecido si los ocho elementos incautados y analizados forensemente por sus expertos en informática fueron recuperados por las autoridades colombianas el 1 de marzo de 2008 en un campamento de las FARC o si pertenecían a Raúl Reyes.

En realidad, durante la preparación del informe, INTERPOL solicitó y recibió documentos e información relacionados con la cadena de custodia de los elementos incautados por las autoridades colombianas el 1 de marzo de 2008.

Tras revisar toda la información y el material proporcionado por Colombia, incluida una sesión informativa oral clasificada, INTERPOL pudo concluir, y lo señaló claramente en su informe, que los equipos informáticos incautados que se le pidió examinar forensemente fueron tomados del campamento de las FARC el 1 de marzo de 2008 y pertenecían a Raúl Reyes.

Esta conclusión estaba directamente vinculada con la determinación de INTERPOL sobre si había existido manipulación o alteración de los datos contenidos en dichos equipos.

El informe de INTERPOL afirma claramente que la conclusión general de sus expertos fue que “ningún archivo de usuario fue creado, modificado o eliminado en ninguno de los ocho dispositivos informáticos de las FARC después de su incautación el 1 de marzo de 2008” (párrafo 99).

El reporte también deja claro que, tras un análisis forense informático detallado y minucioso —documentado de forma exhaustiva en el texto—, los expertos descartaron la posibilidad de que los archivos de usuario hubieran sido manipulados después del 1 de marzo de 2008, incluido el periodo entre el 1 y el 3 de marzo de 2008.

Por lo tanto, la afirmación contenida en el comunicado de Ecuador según la cual no había pruebas de que “no se hubieran creado, modificado o eliminado archivos de usuario” carece de fundamento. Evidentemente, si ningún archivo fue creado, modificado o eliminado en un computador, no existirá evidencia de ello, puesto que tal hecho no ocurrió.

INTERPOL no entiende por qué Ecuador insiste en sugerir que las autoridades colombianas alteraron el contenido de los archivos de usuario de los dispositivos incautados, cuando la investigación independiente de INTERPOL determinó que eso no ocurrió.

Si Ecuador tiene objeciones frente al contenido de los archivos de usuario, entonces debería criticar a las FARC, dado que los computadores incautados pertenecían a ese grupo.

Sin embargo, hasta la fecha INTERPOL no ha tenido conocimiento de pronunciamientos de Ecuador denunciando o criticando a las FARC por el contenido de los archivos que supuestamente implicarían a Ecuador o a funcionarios de su Gobierno.

INTERPOL también ha dejado claro que validar que el contenido de los equipos no fue manipulado después de su incautación por las autoridades colombianas no significa, de ninguna manera, que los contenidos de los archivos de usuario sean verdaderos o exactos.

Por ello, INTERPOL rechaza que se sugiera que su informe avala el origen o veracidad de un documento o archivo en particular. El informe señala exactamente lo contrario.

Los países y personas señalados con base en el informe de INTERPOL pudieron haber usado dicho informe para sustentar sus argumentos de inocencia, en vez de recurrir a afirmaciones falsas, débiles u ofensivas según las cuales los archivos habían sido manipulados por Colombia.

El hecho de que un computador contenga un documento que acusa o implica a una persona no convierte tales afirmaciones en verdaderas. Solo un tribunal de justicia o una comisión especialmente designada con jurisdicción apropiada puede hacer tal determinación tras escuchar todas las pruebas.

En respuesta a la “reafirmación” de Ecuador de que “no atribuye valor probatorio a la información obtenida en los computadores”, debe aclararse una vez más que INTERPOL nunca ha sugerido ni recomendado que su conclusión fáctica —según la cual ningún archivo fue alterado— tenga carácter jurídicamente vinculante en alguno de sus 186 países miembros.

También debe subrayarse que el informe no fue preparado para ser presentado ante un tribunal; fue elaborado en respuesta a la solicitud de Colombia, con el apoyo total de la Organización de Estados Americanos y sin objeciones de ninguno de los países miembros de INTERPOL (incluido Ecuador).

Ecuador, como cualquier país miembro de INTERPOL, tiene el derecho soberano de aceptar o rechazar el informe en su totalidad o en parte, pero ninguna autoridad gubernamental debe desinformar al público sobre las conclusiones de INTERPOL, ya sea para desviar la atención pública, atacar a una persona o a un país, o por falta de comprensión.

Como se indicó tanto en el informe como en repetidas ocasiones, el Secretario General de INTERPOL ha ofrecido repetidamente reunirse con Ecuador o cualquier otro país miembro que tenga inquietudes o preguntas sobre la asistencia forense informática prestada a Colombia, oferta que nunca ha sido aceptada.

En aras de la cooperación policial internacional, INTERPOL espera que Ecuador modere su tendencia a atacar a INTERPOL por haber presentado la verdad de manera imparcial. Si existe contenido en los archivos de usuario de los computadores de las FARC con el cual Ecuador no está de acuerdo, sus reclamos deben dirigirse a las FARC, no a INTERPOL. INTERPOL también espera que en el futuro cualquier país o individuo que comente sobre el “Informe forense de INTERPOL sobre los computadores y dispositivos de las FARC incautados por Colombia” estudie primero el contenido real del informe antes de formular afirmaciones erróneas o engañosas sobre su supuesto contenido.”

Consulte en este link el informe completo: https://www.interpol.int/ar/1/1/2008/INTERPOL-reaffirms-key-findings-of-its-examination-of-seized-FARC-computers-in-response-to-efforts-to-distort-conclusions

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