Defensa de Wadith Manzur pide a la Corte Suprema permiso temporal para su posesión

La firma penalista Víctor Mosquera Marín Abogados anunció formalmente que asumió la representación y asesoría jurídica internacional del senador electo Wadith Manzur. El objetivo central de la defensa será velar por la protección de los derechos humanos y políticos del congresista ante los organismos internacionales competentes, en el marco de la medida de aseguramiento que actualmente pesa en su contra.

Como primera acción jurídica en el ámbito nacional, la defensa radicó una solicitud formal ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En este requerimiento, se solicita la autorización de un traslado temporal que le permita al senador electo asistir y cumplir con el acto constitucional de posesión para el inicio del período legislativo 2026-2030, aclarando que en todo momento se mantendría la ejecución de la medida de custodia por parte de las autoridades correspondientes.

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El equipo jurídico manifestó su profunda preocupación por los efectos de la detención preventiva, advirtiendo que esta medida tiene el potencial latente de impedir el ejercicio efectivo de las funciones políticas de Manzur Imbett. Asimismo, señalaron que la situación afecta de manera directa la voluntad democrática expresada en las urnas por más de 134.000 ciudadanos que respaldaron su elección al Congreso de la República.

La defensa lanzó una fuerte crítica al sistema judicial colombiano, señalando que genera alarma que en el país continúe vigente un modelo procesal penal donde el mismo órgano jurisdiccional ejerce las funciones de investigación y, simultáneamente, adopta las decisiones que restringen los derechos fundamentales durante la etapa de instrucción. 

Según el comunicado, esta dualidad choca con los estándares internacionales de independencia judicial y debido proceso, citando específicamente los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura y a la Función de los Abogados.

Adicionalmente, el bufete de abogados advirtió sobre el contexto en el que se ordenó la privación de la libertad de Manzur, calificándolo como un escenario de "especial sensibilidad democrática" por ocurrir en pleno proceso electoral. Subrayaron además una presunta falta de equidad procesal, argumentando que dicha medida restrictiva fue impuesta únicamente a dos de las seis personas investigadas dentro del mismo expediente, lo que a su juicio exige un análisis bajo los principios de igualdad y proporcionalidad.

Ante este panorama, la firma anunció el inicio de acciones inmediatas ante los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para evaluar si las medidas adoptadas por la justicia colombiana son compatibles con los tratados internacionales suscritos por el Estado. Entre las primeras gestiones internacionales, confirmaron que solicitarán formalmente a la Unión Interparlamentaria la activación de sus protocolos y mecanismos de protección de parlamentarios.

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