Empalme de Abelardo De La Espriella denuncia cuatro focos de corrupción por más de $300.000 millones

El Equipo de Empalme Anticorrupción del gobierno electo del presidente Abelardo De La Espriella, bajo el liderazgo del abogado Germán Calderón España, radicó formalmente cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El grupo auditor advirtió sobre presuntas irregularidades contractuales y administrativas de alta gravedad cometidas por el Gobierno saliente.

La primera de estas alertas, catalogada como la más urgente por el equipo de empalme, recae sobre el proceso de selección de proveedores de ciberseguridad de Colombia Compra Eficiente (identificado con el radicado CCENEG-094-01-2026). Este contrato tiene un valor estimado de $300.000 millones y su adjudicación está programada para el próximo 28 de julio. 

Según la denuncia, el proceso presenta pliegos de requisitos dirigidos que limitarían la participación de firmas locales, estudios de mercado desactualizados y una celeridad sospechosa en el cronograma, razón por la cual se solicitó su suspensión inmediata.

Irregularidades en la atención a la desnutrición infantil

La segunda y la tercera denuncia apuntan a la gestión en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La entidad suscribió un convenio por $6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís para mitigar la desnutrición infantil en el departamento del Chocó. De acuerdo con el comité de empalme, este contrato se otorgó a pesar de que el centro hospitalario ya arrastraba antecedentes de baja ejecución y se encontraba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud.

Durante la fiscalización del convenio en el Chocó, se documentaron fallas críticas que incluyen la ausencia de personal médico y nutricional, el uso de alimentos no autorizados y graves deficiencias en los protocolos de inocuidad. Estas irregularidades provocaron una reducción del 40% en la cobertura del programa, dejando desprotegidos a siete municipios y liberando más de $2.060 millones de los recursos inicialmente comprometidos, afectando directamente a niños menores de cinco años y mujeres gestantes.

Indagación en el sector energético

Por último, la cuarta denuncia se concentra en la empresa Electrohuila. En este caso particular, el equipo del presidente electo confirmó que la Procuraduría ya dio apertura a una indagación previa con el fin de investigar una presunta reforma estatutaria que habría sido diseñada de manera irregular para favorecer y asegurar la permanencia de la actual gerente de la compañía.

Desde la Oficina de Prensa del Presidente Electo enfatizaron que estas acciones representan el "primer Empalme Anticorrupción de la historia de Colombia" y aseguraron que no se trata de un ejercicio retórico, sino de un compromiso de defensa de los recursos públicos antes de la posesión oficial fijada para el próximo 7 de agosto.

Otras noticias