Declaración de Misael Cadavid vuelve a poner a Daniel Quintero en el foco de la Fiscalía

Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, pasó de negar posibles irregularidades en contratos celebrados con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a colaborar con la Fiscalía General de la Nación dentro de las investigaciones que involucran a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

De acuerdo con información conocida por El Colombiano, Cadavid habría entregado información a la Fiscalía mediante un principio de oportunidad. Parte de esa colaboración estaría relacionada con seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, cuyo valor conjunto alcanzó los $17.656 millones.

Los detalles fueron expuestos durante la audiencia de imputación de cargos realizada el jueves, en la que la Fiscalía presentó su hipótesis sobre un presunto esquema de cobro de comisiones que habría alcanzado los $2.481 millones.

Los contratos investigados tenían como propósito desarrollar acciones de reducción del riesgo durante la pandemia de covid-19 y fortalecer la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de Itagüí mediante la adquisición de kits de emergencia y elementos de dotación.

Según la Fiscalía, inicialmente se habría planteado una comisión equivalente al 20% del valor de los contratos. Posteriormente, Cadavid habría solicitado reducir ese porcentaje.

La tasa habría quedado en 15% después de una reunión realizada en junio de 2020 entre Cadavid, Álvaro Villada y Vanesa Álvarez, en una sede del Área Metropolitana cercana a La Alpujarra.

La Fiscalía sostuvo que, una vez recibidos los recursos, el Cuerpo de Bomberos habría emitido cheques por $50 millones a nombre de diferentes personas de confianza. El dinero, según la hipótesis presentada en audiencia, posteriormente habría sido entregado en lugares previamente acordados.

Entre los sitios mencionados aparecen el Éxito de la avenida San Juan con carrera 70, una esquina cercana a la sede de Bomberos de Itagüí, el mall El Indio, la vivienda de Villada en Copacabana y la terraza o piscina del hotel Novo, en inmediaciones del estadio Atanasio Girardot.

¿Cómo se habría repartido del dinero?

De acuerdo con la fiscal 40 Anticorrupción, hasta septiembre de 2022 Álvaro Villada habría estado encargado de realizar los cobros.

La distribución presentada por la Fiscalía establece que Villada habría recibido el 5% de las comisiones, mientras que el 10% restante habría correspondido a Miguel Quintero.

En términos económicos, esos porcentajes representarían aproximadamente $693,7 millones para Villada y $1.387 millones para Quintero, según lo expuesto durante la diligencia judicial.

Posteriormente, tras la salida de Villada, Sebastián Ortega habría asumido el papel de enlace para los supuestos cobros. En esta segunda etapa, la Fiscalía señaló que Ortega habría recibido $133,3 millones y que otros $266 millones habrían correspondido a Miguel Quintero.

Estas cifras hacen parte de la hipótesis presentada por el ente acusador y deberán ser sometidas al debate correspondiente dentro del proceso judicial.

La colaboración de Cadavid con las autoridades tendría además relación con una investigación independiente alrededor de Afinia, filial de EPM en la Costa Atlántica.

Dos fuentes citadas por El Colombiano aseguraron que el exgerente de Bomberos habría entregado información que actualmente estaría siendo evaluada por las autoridades sobre un supuesto acuerdo para incidir en la contratación de Afinia durante el periodo 2020-2023.

En esta línea investigativa aparece el nombramiento de Javier Lastra como gerente de la filial. Un testimonio previo ante la Fiscalía habría señalado que Cadavid participó en una primera reunión relacionada con ese supuesto negocio y que habría servido de enlace con William Ortega, antiguo aliado político suyo.

También aparece Sebastián Ortega Urán, hijo de William Ortega, quien presuntamente habría intervenido para establecer contactos con una persona vinculada a la contratación en la Costa Atlántica.

Según las fuentes consultadas por El Colombiano, Cadavid habría manifestado ante las autoridades que en ese supuesto negocio se habrían pagado entre cinco y ocho millones de dólares y habría aportado información sobre una eventual participación de Daniel Quintero.

Estas afirmaciones corresponden a información entregada a las autoridades y hacen parte de una investigación en curso. No constituyen por sí mismas una determinación judicial sobre la responsabilidad de las personas mencionadas.

El cambio en la posición de Cadavid adquiere relevancia dentro del proceso. El 19 de septiembre del año pasado, en declaraciones a El Colombiano, el entonces exgerente de Bomberos aseguró que los contratos con el Área Metropolitana se habían desarrollado dentro de la legalidad y negó tener relación con Afinia.

Pocos días después, durante la primera semana de octubre, Cadavid fue capturado por la Policía en San Luis. En el mismo procedimiento fueron detenidos Elkin González, jefe de los Bomberos de Itagüí, y María Janeth Rúa, funcionaria del Área Metropolitana. Los tres quedaron vinculados al proceso y fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural, según los antecedentes citados en el expediente.

A comienzos de este año, Cadavid habría optado por colaborar con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad, mecanismo mediante el cual la autoridad judicial puede establecer condiciones especiales para la persecución penal a cambio de información o colaboración efectiva en una investigación, de acuerdo con los términos que sean aprobados dentro del proceso.

Los vínculos políticos que aparecen en el expediente

Los antecedentes de Cadavid también son mencionados en las investigaciones por sus relaciones profesionales y políticas.

Durante la administración de Luis Pérez en la Gobernación de Antioquia, Cadavid ocupó diferentes cargos, entre ellos la dirección del hospital San Rafael de Itagüí, la gerencia de municipios en la Dirección de Planeación, la dirección encargada de Desastres y la Subsecretaría de Salud Departamental.

En la gerencia de municipios coincidió con Miguel Quintero, quien entonces estaba vinculado a la dirección de proyectos ejecutados con recursos de regalías. Carlos Mario Montoya era director de Planeación.

Otros funcionarios que posteriormente llegaron al Área Metropolitana también habían trabajado en esa dependencia de la Gobernación.

Testimonios conocidos dentro de los procesos relacionados con el AMVA han señalado que durante ese periodo se habría consolidado la relación entre Cadavid y Miguel Quintero.

Posteriormente, según otro testimonio citado por El Colombiano, Luis Pérez habría recomendado a Cadavid para apoyar la campaña de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín.

La Fiscalía también analiza si las relaciones construidas durante ese periodo tuvieron alguna conexión con los contratos del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Otra pieza mencionada en la investigación son unos audios divulgados por Vorágine a finales de 2021. En esas grabaciones, Cadavid habla de una supuesta ayuda de Daniel Quintero para su campaña a la Cámara de Representantes y de posibles gestiones para conseguir cargos.

Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía también señaló que Álvaro Villada habría ejercido presión sobre María Janeth Rúa, supervisora de los contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos, para que aprobara informes pese a que, presuntamente, algunos de los entregables no se habrían cumplido.

El proceso judicial continúa y las personas mencionadas conservan las garantías propias de las actuaciones penales, incluida la presunción de inocencia. Las acusaciones sobre presuntos cobros, repartos de dinero y participación de funcionarios o particulares corresponden a hipótesis presentadas por la Fiscalía y deberán ser acreditadas dentro del proceso.

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