Colombia descertificada por Estados Unidos en lucha antidrogas: reacciones de líderes de diversos ámbitos

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia en materia de lucha contra las drogas, una medida inédita para el país en casi tres décadas.

El presidente Donald Trump responsabilizó de forma directa al “desafortunado gobierno del presidente Petro”, al que atribuyó el deterioro de los indicadores y la estrategia frente a los grupos criminales. Aunque la Casa Blanca concedió una exención por “interés nacional” —que evita sanciones inmediatas—, la designación marca un quiebre en la relación bilateral en este frente.

De inmediato, líderes políticos y exfuncionarios colombianos fijaron postura con mensajes que apuntan a la gestión del actual Gobierno y a los efectos económicos y diplomáticos de la decisión.

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Efraín Cepeda, precandidato presidencial, senador y expresidente del Senado, calificó la descertificación como “un duro golpe” que exhibe “la desconexión entre discursos y realidades”.

Señaló que el crecimiento de los cultivos ilícitos y la “polarización” del debate oficial han debilitado la respuesta del Estado. Propuso, de llegar al poder, reactivar un diálogo con Washington para coordinar acciones y “restablecer el orden en la lucha contra el narcotráfico”.

Juan Carlos Buitrago, general (r) y exdirector de la Polfa, sostuvo que Colombia “regresó a la lista negra” junto con otros países sancionados y afirmó que la @PoliciaColombia “cumple heroicamente con su deber” pese a “un Ejecutivo errático”.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, advirtió que se trata de “una de las peores señales internacionales” para el país en años.

Según él, la descertificación no golpea a un mandatario sino a la economía, la confianza inversionista, el turismo y el empleo. Atribuyó el resultado al “fracaso” de la estrategia oficial y pidió una política “seria y coherente” que ataque las finanzas de los grupos armados y recupere la credibilidad externa.

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Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, integró la descertificación a un “saldo” que heredará el próximo Gobierno y lo conectó con “conflicto, corrupción y criminalidad”, costos que —dijo— se derivan de la política de “paz total”.

David Luna, exministro TIC y exsenador, afirmó que Colombia tendría “más de 300.000 hectáreas de coca” y que esa droga financia a organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias y el Eln.

Señaló que el actual Gobierno “ató de pies y manos” a la Fuerza Pública, renunció a la erradicación, debilitó la inteligencia y falló en interdicción y extradiciones; además, cuestionó los vínculos con Venezuela.

Lina María Garrido, representante a la Cámara, pidió la renuncia de la directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos y enumeró posibles consecuencias: menos recursos para seguridad, recortes de cooperación, caída del turismo, pérdida de inversión, eventuales aranceles que afectarían al café y las flores y hasta cancelación de visas. Presentó esa lista como efectos plausibles de la medida.

El exministro Gabriel Silva señaló: “Petro es quien fue descertificado por los EE.UU. no al pueblo de Colombia. "El fracaso de Colombia de cumplir con sus obligaciones en el último año es responsabilidad exclusiva  del liderazgo político.

A su vez, el exsenador Roy Barreras señaló: “Nos descertifican hoy, pero el mundo sabe la verdad: Colombia carga con la guerra, los muertos y la sangre. El consumo en EE. UU. es el motor de esta tragedia. No se puede castigar al país que más ha sacrificado mientras no se asume la responsabilidad del consumo interno”.

La descertificación —término político para la determinación de que un país “ha fallado de manera demostrable” en sus compromisos antidrogas bajo la Sección 706 de la FRAA— puede implicar restricciones a parte de la asistencia de Estados Unidos (salvo ayuda humanitaria y cooperación antidrogas) y el voto en contra de créditos en bancos multilaterales, salvo que el presidente estadounidense emita una exención por interés nacional, como ocurrió en este caso.

Trump fundamentó la decisión en el incremento de la oferta de cocaína y en la orientación de la política del Gobierno Petro, al que criticó por privilegiar negociaciones con grupos armados. Al mismo tiempo, reconoció el trabajo de la Fuerza Pública y dejó abierta la posibilidad de revisar la designación si hay cambios verificables.

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