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Texto oficial de la descertificación del gobierno de Estados Unidos a Colombia
Traducción, argumentos y decisión del Departamento de Estado.
El gobierno de Estados Unidos oficializó en la noche de este lunes la decisión de descertificar a Colombia en su lucha contra las drogas para el año 2026.
A continuación la traducción al español del documento del Departamento de Estado con la determinación.
“Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas para el Año Fiscal 2026
15 de septiembre de 2025
Lo siguiente es una Determinación Presidencial presentada hoy al Congreso:
En virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, incluida la sección 706(1) de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores, Año Fiscal 2003 (Ley Pública 107-228) (FRAA), por la presente identifico a los siguientes países como principales países de tránsito de drogas o de producción ilícita de drogas: Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, la República Popular China (RPC), Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.
🔴 El Presidente @PetroGustavo anunció que Estados Unidos descertificó a Colombia, pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
“Tras décadas de muertos entre policías, soldados y civiles, el mandatario advirtió que este esfuerzo no ha… pic.twitter.com/pBIdQCTkMM— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 16, 2025
La presencia de un país en la lista anterior no refleja necesariamente los esfuerzos de su gobierno en materia de control de drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos.
De conformidad con la definición legal de “principal país de tránsito de drogas” o “principal país de producción ilícita de drogas” establecida en las secciones 481(e)(2) y 481(e)(5) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, enmendada (Ley Pública 87-195) (FAA), los países se incluyen en la lista por la combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o de precursores químicos, incluso cuando un gobierno ha aplicado medidas sólidas y diligentes de control de narcóticos y de orden público.
En virtud de la sección 706(2)(A) de la FRAA, por la presente designo a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela como países que, durante los últimos 12 meses, han incumplido de manera demostrable tanto el acatamiento de sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales contra el narcotráfico como la adopción de las medidas exigidas por la sección 489(a)(1) de la FAA.
Se adjuntan a esta determinación las justificaciones de las designaciones de Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela, según lo exige la sección 706(2)(B) de la FRAA. También he determinado, de conformidad con las disposiciones de la sección 706(3)(A) de la FRAA, que la asistencia de Estados Unidos a Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.
El tráfico de fentanilo y de otras drogas ilícitas mortales por parte de la delincuencia organizada transnacional ha creado una emergencia nacional, incluida una crisis de salud pública en Estados Unidos que sigue siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.
Más del 40 % de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides y, en 2024, Estados Unidos promedió más de 200 muertes diarias por drogas ilícitas.
Esto sigue siendo inaceptable y mi Administración está desplegando todos los elementos del poder estadounidense y recursos sin precedentes para derrotar esta amenaza a nuestra Nación.
En primer lugar, he asegurado nuestras fronteras utilizando todo el espectro de recursos de las fuerzas del orden y militares necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía de nuestra Nación.
Por primera vez en cuatro años, nuestra frontera ya no es un colador abierto para los cárteles terroristas de la droga, los traficantes de personas y todos aquellos que desean hacer daño a nuestro país.
Se están salvando vidas estadounidenses, con las muertes por sobredosis empezando por fin a disminuir de manera significativa por primera vez en más de una década.
También he movilizado la fortaleza económica de Estados Unidos para exigir una mayor cooperación de nuestros vecinos de Norteamérica a fin de enfrentar la amenaza de las drogas y que hagan su parte.
En Canadá, el primer ministro Mark Carney respondió nombrando a un “zar del fentanilo” y proponiendo legislación para aumentar las facultades de inspección de las fuerzas del orden, pero se necesita más acción para impedir que el fentanilo y otras drogas crucen nuestra frontera y para detener a los delincuentes del narcotráfico que explotan el territorio canadiense.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha incrementado la cooperación para enfrentar a los poderosos cárteles que envenenan a ambos países con drogas y violencia.
México ha desplegado 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en nuestra frontera común, ha logrado incautaciones importantes de fentanilo y de precursores químicos, y ha entregado a 29 objetivos de alto valor —incluidas figuras relevantes de los cárteles— a la custodia de Estados Unidos para que sean juzgados por sus delitos.
Mi Administración ha trabajado estrechamente con la presidenta Sheinbaum para lograr la frontera suroeste más segura de la historia, salvando vidas y protegiendo a las comunidades del flagelo del fentanilo.
Este impulso en los esfuerzos de México debe mantenerse e institucionalizarse. Queda mucho por hacer por parte del gobierno de México para atacar el liderazgo de los cárteles, junto con sus laboratorios clandestinos, las cadenas de suministro de precursores químicos y sus finanzas ilícitas.
Durante el próximo año, Estados Unidos esperará ver esfuerzos adicionales y contundentes por parte de México para responsabilizar a los líderes de los cárteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas.
Estados Unidos trabajará con México y con otros países para apuntar contra estas amenazas a la seguridad nacional de manera cooperativa cuando sea posible y, cuando sea necesario, mediante nuestras propias facultades soberanas.
Mi decisión de identificar a los cárteles de la droga de México y a otras organizaciones criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras abrió nuevas facultades para que Estados Unidos desmantele a estos grupos mediante sanciones, ampliación de facultades de enjuiciamiento y otros recursos.
Mi Administración también ha implementado restricciones de visado contra familiares y allegados de narcotraficantes para salvaguardar nuestro país.
Si bien Estados Unidos dedicará todos los recursos necesarios para castigar a los criminales que permiten la producción, el transporte y el contrabando de drogas ilícitas a través de nuestras fronteras, también exhortaré a los países en los que se originan y transitan estas drogas a cumplir sus obligaciones y cortar estos suministros, o afrontar consecuencias graves.
El papel de la RPC como la mayor fuente mundial de precursores químicos que alimentan la producción ilícita de fentanilo está ampliamente documentado.
Durante demasiado tiempo, la RPC ha facilitado la producción ilícita de fentanilo en México y en otros lugares al subvencionar la exportación de los precursores químicos necesarios para producir estas drogas mortales y al no impedir que empresas chinas vendan estos precursores a cárteles criminales conocidos.
Por esta razón, tomé medidas contundentes para exigir responsabilidades a Pekín, aplicando un arancel adicional del 20 % a la RPC por su incapacidad de aprobar reformas tangibles y de consecuencias reales para reducir el flujo de precursores químicos.
También firmé una Orden Ejecutiva que elimina el tratamiento “de minimis” libre de aranceles para importaciones de bajo valor provenientes de la RPC, que las empresas chinas habían utilizado para ocultar sustancias ilícitas dentro del flujo del comercio legítimo.
La RPC es además un importante proveedor que alimenta epidemias globales de otros narcóticos sintéticos, incluidos nitazenos y metanfetamina. El liderazgo de la RPC puede y debe adoptar acciones más firmes y sostenidas para reducir estos flujos de químicos y procesar a los delincuentes que los facilitan.
En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína se han disparado a máximos históricos bajo el presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narcoterroristas solo han agravado la crisis.
Le sugerimos leer (¿Qué significa que Colombia sea descertificada por Estados Unidos en la lucha antidrogas?)
Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord mientras que el gobierno de Colombia no cumplió ni siquiera sus propias metas —drásticamente reducidas— de erradicación de coca, lo cual ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros países contra los narcoterroristas.
Por esta razón, he designado a Colombia como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones de control de drogas. Las instituciones de seguridad y las autoridades municipales de Colombia continúan mostrando pericia y valentía al enfrentar a grupos terroristas y criminales, y Estados Unidos valora el servicio y el sacrificio de sus servidores públicos dedicados en todos los niveles de gobierno.
El incumplimiento de Colombia con sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae exclusivamente en su liderazgo político. Consideraré cambiar esta designación si el gobierno de Colombia adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluso mediante una cooperación mejorada con Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas.
En Venezuela, el régimen criminal del narcotraficante imputado Nicolás Maduro dirige una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo, y Estados Unidos seguirá buscando llevar a Maduro y a otros miembros de su régimen cómplice ante la justicia por sus delitos.
También apuntaremos contra organizaciones terroristas extranjeras venezolanas, como el Tren de Aragua, y las erradicaremos de nuestro país.
El gobierno de Bolivia ha adoptado algunas medidas positivas para aumentar las incautaciones de cocaína y para colaborar con las fuerzas del orden de Estados Unidos a fin de llevar a los delincuentes del narcotráfico ante la justicia, incluido Maximiliano Dávila, el corrupto exjefe antidrogas del país.
Sin embargo, aún queda mucho trabajo para que Bolivia cumpla de manera constante sus compromisos contra el narcotráfico y garantice que no sea un refugio seguro para que prosperen los grupos de narcotráfico.
En Afganistán, pese a la prohibición anunciada por los talibanes sobre las drogas ilegales, los acopios y la producción en curso —incluida la expansión de la producción de metanfetamina— han sostenido el flujo de drogas hacia los mercados internacionales.
Los ingresos de este comercio financian a grupos criminales transnacionales y apoyan a terroristas internacionales. Algunos miembros de los talibanes continúan lucrándose con este comercio, y vuelvo a designar a Afganistán como país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones de control de drogas dada la grave amenaza para los intereses de Estados Unidos y la seguridad internacional.
Se le autoriza y ordena presentar esta determinación, con los memorandos de justificación adjuntos, en virtud de la sección 706 de la FRAA, al Congreso, y publicar esta determinación en el Registro Federal”.
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