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CNE abre investigación contra Álvaro Uribe por presunta inscripción irregular al Senado
Consejo Nacional Electoral analiza si Álvaro Uribe puede aspirar al Congreso en 2026.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se presentara una solicitud que cuestiona la validez de su inscripción como candidato al Senado de la República por el partido Centro Democrático para las elecciones legislativas de 2026.
La indagación fue ordenada mediante auto con número 021541 por el magistrado Altus Baquero, quien asumió el conocimiento del expediente y dispuso la apertura formal del proceso “por la presunta inscripción irregular de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, en el marco de las elecciones a celebrarse el 8 de marzo de 2026”.
La actuación administrativa responde a una solicitud presentada por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien pidió la revocatoria de la inscripción de Uribe con base en el numeral primero del artículo 179 de la Constitución Política.
Dicho artículo prohíbe ser congresista a quienes hayan sido condenados a pena privativa de la libertad mediante sentencia judicial, salvo que la condena obedezca a delitos políticos o culposos.
El demandante argumentó que, al existir una sentencia condenatoria en primera instancia contra el exmandatario, su postulación podría ser incompatible con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Constitución.
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Por esta razón, solicitó al tribunal electoral verificar si la situación jurídica del líder del Centro Democrático constituye un impedimento legal para aspirar nuevamente al Congreso.
El expresidente Uribe fue condenado el 28 de junio de 2025 por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien lo declaró responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión, sin embargo, no se encuentra en firme, pues fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá, instancia que deberá resolver en segunda instancia si confirma o revoca la sentencia.
El CNE, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, deberá determinar en el curso de la investigación si el estado jurídico actual del exmandatario le impide participar como candidato o si, por el contrario, puede conservar su inscripción mientras no haya una sentencia condenatoria definitiva.
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