Trump no descarta ataques terrestres en Colombia por producción de cocaína

Durante una reunión de gabinete en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su administración mantiene abierta la posibilidad de ejecutar ataques directos contra países implicados en la producción o envío de drogas ilícitas al territorio estadounidense.

En sus declaraciones, Trump incluyó expresamente a Colombia entre los posibles objetivos de futuras intervenciones, al señalarla como un país donde existen instalaciones para la producción de cocaína.

La advertencia se da en el marco de una ofensiva militar en curso contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en aguas internacionales del Caribe.

Trump aseguró haber recibido información según la cual Colombia alberga “plantas de fabricación de cocaína” y afirmó que quienes producen y exportan ese tipo de sustancias hacia Estados Unidos deben ser considerados objetivos legítimos. “He oído que Colombia produce cocaína.

Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, manifestó el mandatario.

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La postura del jefe de Estado fue acompañada de señalamientos contra naciones a las que acusa de facilitar la salida de personas privadas de la libertad con antecedentes criminales hacia Estados Unidos.

Según Trump, esos países estarían enviando individuos que calificó como “asesinos” o “narcotraficantes”, en lo que describió como un proceso de vaciamiento carcelario orientado a deshacerse de población penitenciaria con cargos graves.

Las afirmaciones de Trump se suman a declaraciones anteriores en las que ha sostenido que Colombia y México están controlados por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

A finales de octubre, el presidente había manifestado que su gobierno contemplaba llevar a cabo acciones militares terrestres en esos países, medida que aún no se ha concretado pero que mantiene tensiones diplomáticas latentes, especialmente en el Caribe, donde Estados Unidos ha reforzado su presencia militar desde septiembre.

En ese mismo encuentro, Pete Hegseth, secretario de Guerra del gabinete estadounidense, expresó que los ataques contra lanchas empleadas para el transporte de drogas continuarán en la región del Caribe.

Hegseth señaló que dichas operaciones se han venido ejecutando desde septiembre en aguas internacionales próximas a Venezuela y que, hasta el momento, han provocado la muerte de más de 80 personas catalogadas por su gobierno como “narcoterroristas”.

“Estamos empezando a enviar narcoterroristas al fondo del océano porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, afirmó Hegseth, quien justificó los ataques como parte de una estrategia de disuasión.

También indicó que se presentó una pausa operativa debido a la disminución de embarcaciones detectadas en la zona, hecho que atribuyó al efecto disuasivo buscado con los primeros ataques.

Las acciones militares han estado bajo escrutinio luego del bombardeo a una embarcación el pasado 2 de septiembre, en el que se reportó la muerte de 11 personas.

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Según versiones divulgadas por la Casa Blanca y el Pentágono, ese operativo incluyó un segundo ataque dirigido contra presuntos sobrevivientes.

Legisladores estadounidenses han planteado que esa segunda ofensiva podría constituir una infracción al derecho internacional humanitario y han solicitado explicaciones sobre la cadena de mando responsable.

Ante esos cuestionamientos, el gobierno ha indicado que la responsabilidad de la decisión recae en el almirante Frank Bradley, quien comandaba la operación en el momento de los hechos.

Hegseth negó haber participado en la aprobación del segundo ataque. Según su testimonio, presenció el primer bombardeo pero abandonó la sala para atender otra reunión antes de que se decidiera la nueva ofensiva. Afirmó además que no observó sobrevivientes tras el primer impacto.

Operaciones posteriores también han dejado personas con vida, lo que dio paso a misiones de rescate. En uno de los casos, dos individuos fueron recuperados, mientras que en otro operativo no fue posible localizar a un tercer sobreviviente.

Estas acciones se han llevado a cabo bajo la supervisión directa de mandos militares y continúan siendo objeto de revisión por organismos de control y comités legislativos.

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